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  • López Mateos y Periferico norte

El 26 de febrero del 2016 la Secretaría de infraestructura y obra pública del Estado de Jalisco (SIOP) informó que iniciaban obras para mejorar el flujo vial del nodo en Periférico sur y López Mateos. Era la segunda etapa de intervención en el espacio, la primera fue el reforzamiento del paso a desnivel de los coches en periférico.

Se anunció la construcción de dos túneles para mejorar en un 75% la movilidad de los vehículos motorizados y un puente peatonal. En su momento se cuestionó el proyecto porque de nuevo priorizaba la movilidad de los coches y se ponía en duda la poca o nula accesibilidad para todas las personas que caminan y circulan en bicicleta en la zona.

El 26 de junio de este año se inauguró el túnel vehicular, con una inversión de más de 318 millones de pesos, pero nunca se inauguró una solución integral peatonal en la zona.

Pero lo más preocupante fue en la desincorporación de periférico hacia López Mateos con sentido al norte donde no se construyó una banqueta o espacio peatonal. En su lugar solo se dejó un carril para vehículos motorizados sin ningún espacio para la movilidad peatonal. Se dejó en el olvido a todas las personas que caminan, que viven en las colonias El Mante o Agua Blanca, las personas que usan el transporte público en el periférico; que van a trabajar a la zona o hacen su conexión con el transporte público en avenida López Mateos y viceversa. Se dejó un espacio que pone en riesgo la vida de las personas que caminan en la vialidad, donde circulan todo tipo de vehículos, inclusive trailers.

Este es un espacio de 287 metros de longitud donde caminan familias, mujeres con sus hijas o hijos, personas que trabajan o estudian, que son expuestas a un siniestro vial, que tienen que caminar hasta 800 metros para hacer la conexión entre las paradas de transporte público en lugares sin iluminación, con falta de accesibilidad, sin un espacio digno y seguro.

Esto se pudo evitar al priorizar la movilidad peatonal en el proyecto, pero fue todo lo contrario, se priorizó la movilidad de los vehículos motorizados. El gobierno da argumentos como “se terminó el dinero”. ¿Qué estamos esperando? ¿Una muerte de alguien que camina?

Es por eso que exigimos un próximo Gobierno Estatal y Municipal en todo el Área Metropolitana de Guadalajara cuyas prioridades sean la movilidad peatonal, ciclista y de transporte público antes que la movilidad de los coches, y que lo tengan en cuenta cada vez que se realicen proyectos y obras de movilidad.

Que Patricia Martínez encargada del Gabinete de Gestión de Territorio priorice y tenga en cuenta en todos los proyectos para la ciudad y el Estado de Jalisco la pirámide de movilidad, donde el usuario más vulnerable tenga garantizada su seguridad, que tenga derecho a una movilidad segura y accesible, a espacios públicos de calidad, que tenga su derecho a una ciudad para todas las personas.

Que el Ingeniero David Zamora secretario de infraestructura y obra pública (SIOP) tenga un área para desarrollar proyectos de movilidad con personas con experiencia en proyectos incluyentes, sustentables y que la movilidad peatonal sea la prioridad.

Para el Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez y los municipios del AMG y del Estado, exigimos tener en cuenta los siguientes documentos:

Carta Mexicana de los derechos del peatón de la Liga Peatonal
http://ligapeatonal.org/wp-content/uploads/2014/08/Carta-Mexicana-de-los-Derechos-del-Peato%CC%81n.pdf

Carta Mundial por el derechos a la ciudad de ONU-Habitat en español
http://www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/viewFile/36443/33018

Ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf

Manual de calles de SEDATU
http://manualdecalles.mx/manual/mdc-en-linea.pdf

Temen por torre chueca

Publicado: octubre 15, 2018 de GDL en Información Jalisco
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    Los vecinos de la Colonia Santa Rita se inconforman con mantas alrededor de la construcción, que violaría Planes Parciales Foto: Raúl Méndez
Fernanda Carapia/Mural

Guadalajara, México (15 octubre 2018).- Los “derechos” para construir edificios fueron dados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TAE) por lo que ahora, vecinos de Santa Rita temen que el diseño de su colonia se rompa con torres de más de 12 niveles.

El desarrollo -que aún no inicia su edificación- se ubica en la Calle Paseo del Heliotropo 3426 y, de acuerdo con la página de transparencia de Guadalajara, cuenta con la licencia de construcción mayor M-0845-2017, del 14 de diciembre de 2017.

Los detalles del permiso municipal no están disponibles, sin embargo, se establece que es para vivienda vertical.

De acuerdo con el Visor Urbano de Guadalajara, el uso de suelo de este predio es habitacional unifamiliar de baja densidad, es decir, no se permite la verticalidad.

La empresa Estrategias Empresariales de Marca obtuvo la licencia por una orden del TAE de octubre de 2014, en base a eso, el permiso otorgado por el Municipio, según archivos de transparencia, es por seis unidades de vivienda.

Sin embargo, la empresa ya metió una solicitud para modificar el documento y se le permitan 50 unidades de vivienda en dos torres de 12 niveles cada una.

Según el oficio de respuesta de Obras Públicas, para que se conceda, se debe garantizar que cada unidad de vivienda mida, cuando menos 300 metros cuadrados, lo cual no se cumple.

Ante esto, se le piden una serie de requisitos, entre ellos una solicitud de cambio de uso de suelo, para ver si procede o no.

Vecinos de Santa Rita temen que se le vaya a dar la autorización para edificar las dos torres, pues violentaría los planes parciales y colapsaría la movilidad al interior de la colonia, pues la construcción se realizaría en una vialidad interna, con calles angostas.

Para externar su rechazo, colocaron mantas en las inmediaciones de la obra con la que buscan inhibir la edificación de las torres.

El Alcalde Ismael del Toro, ha asegurado, en múltiples ocasiones, que durante su Administración se respetará tajantemente la norma técnica en materia de desarrollo urbano y no se permitirán excedentes.

Organizado por ESARQ
  • Hoy de 20:00 a 21:00
  • ESARQ

    Libertad 1745, 44160 Guadalajara (México)

Como parte de las actividades entorno a la Maestría en Renovación Sustentable de la Ciudad los invitamos a la charla donde se explorarán ideas cómo:
La humanidad no ha logrado resolver los desafíos de la degradación ambiental, la dependencia de combustibles fósiles, la desigualdad económica y la injusticia social, a pesar de treinta años de perseguir el “desarrollo sostenible”. En cambio, la escala de estas tendencias ha crecido y sus efectos se han extendido tanto que ahora amenazan la estabilidad, e incluso la existencia, de las comunidades de todo el mundo. El desarrollo sostenible ya no es suficiente. Ahora también debemos construir la resiliencia comunitaria. Pero, ¿qué significa para una comunidad ser “resistente” y no solo “sostenible”? ¿Cómo sería la resiliencia de la comunidad en una metrópoli moderna y en crecimiento como Guadalajara? ¿Qué pueden hacer los arquitectos, urbanistas y ciudadanos comunes para ayudar a construir la resiliencia de sus comunidades?

El abogado Joseph Olid destaca que el ayuntamiento tapatío solamente buscó compensar la violación a su institucionalidad .

Agustín del Castillo / Guaadalajara. MILENIO JALISCO. 

El proceso de regularización de “torres chuecas” en Guadalajara podría ser justificado como el rescate de recursos por la autoridad municipal, pero lo que de ninguna manera se han restituido son los derechos de los ciudadanos que vieron dañados sus bienes inmuebles y su estilo de vida, además de claras omisiones en materia penal, advierte el abogado Joseph Irwing Olid Aranda, quien asesora a numerosos colonos en el tema. “Yo creo que conforme vamos modernizando el marco jurídico, es una cuestión de principios; tenemos vigentes tratados internacionales en materia ecológica; tenemos disposiciones de los diferentes niveles de gobierno, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, los artículos cuatro, 26 y 27; tenemos el Código Urbano de Jalisco […] si estuviéramos respetando los derechos humanos, el derecho a la ciudad, los magistrados del Tribunal Administrativo, los jueces y magistrados federales, y las propias autoridades municipales, irían más a fondo”, advierte en entrevista con MILENIO JALISCO.

Así, “el tema procesal debería de ser: yo te doy las bases, pero tú deberías saber cómo resolver, y no irte a una tendencia que sea siempre a favor de los desarrolladores; así que lo que se requiere es prácticamente un cambio de conciencia, porque me parece que los criterios que prevalecen son obsoletos”. Esto ha derivado en el descrédito del TAE y de la autoridad municipal, porque siempre está como prioridad la búsqueda de ganancia económica y no los derechos de todos los ciudadanos, dice.

El especialista ha analizado los expedientes y su contexto, y aborda la posibilidad de que las “torres chuecas” entrañen delitos que debían perseguirse. “Con la información pública no se puede establecer tajantemente, sin embargo, si es factible la existencia de varios, el Código Penal lo establece”. Y de parte de funcionarios del ayuntamiento, se encuadra el delito de omisión, es decir, “se habría sido omiso en denunciar los delitos que advirtió una vez que estuvo analizando cada uno de los expedientes de construcción; esta omisión constituye el delito de encubrimiento”.

No obstante lo anterior, Joseph Olid observa que “en la mayoría de los casos ya habría transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal”. Los posibles delitos están tipificados en los artículos 253, 254 y 263 (ver texto de abajo).

Su análisis parte de la pregunta “¿se reparó el daño causado por los constructores?” La contestación a esta interrogante puede ser subjetiva, desde el punto de vista del ayuntamiento, este señala que sí, sin embargo, “es errónea la concepción de la reparación del daño a la luz del estándar constitucional, las disposiciones civiles y las disposiciones penales”.

En materia civil, recuerda los conceptos básicos.” Daño: menoscabo en el patrimonio de una persona. Perjuicio: ganancia licita que se dejó de obtener con motivo del daño. Daños punitivos: sanción que se impone a quien genera un daño a diverso particular, la cual tiene el carácter de justa indemnización y como medida que persuade a no volver a cometer la conducta. La reparación es para el directo afectado, que acredita su interés jurídico”. En materia penal. “Conceptos: restitución, restablecimiento o reintegración en los derechos afectados y bienes despojados (carácter patrimonial). Rehabilitación o reintegración de la víctima como tal a la situación que tenía antes (carácter emocional). Compensación se otorga por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables. Satisfacción incluye derecho a la verdad y publicidad de la sanción, sanciones por otras vías y justicia en sentido amplio. Garantía de no repetición puede ser económica, material o simbólica”.

Los derechos que el ayuntamiento habría rescatado con la regularización: “Conceptos: compensación se realiza mediante pago, obras específicas o la entrega en especie de los bienes señalados. Indemnización: pago para resarcir el daño o perjuicio realizado, a través de una retribución económica. Mitigación: el ejercicio de un conjunto de medidas para contrarrestar o minimizar los impactos generados producidos. ¿Hacia quien se dirige la reparación? El Ayuntamiento de Guadalajara”.

De este modo, los vecinos de las torres, y la sociedad en general, son quienes permanecen agraviados, pues a fin de cuentas, el edificador de las torres “se salió con la suya” y su negocio fue más importante para la autoridad que los derechos de las personas afectadas, concluye el litigante.

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Claves  

Delitos urbanos en el Código Penal 

Artículo 253

“Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de veinte a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el propietario de un inmueble por sí, o por interpósita persona, transmita bajo cualquier título en forma fraccionada, sin contar con la autorización correspondiente de la o las autoridades competentes, la propiedad o sus derechos sobre la misma, respecto de inmuebles, pactando precios de contado o a plazos reales o simulados, o mediante contratos señalados como preparatorios”, ‘preliminares, ’promesa’, o cualquier otro innominado, cuando se reciba la totalidad o parte del precio, o se pacten abonos periódicos a éste y se haga entrega de la posesión del inmueble […] en la misma responsabilidad incurrirá el o los representantes del propietario transmisor o sus agentes que intervengan en las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, a sabiendas de que se carece de la autorización mencionada en el mismo”

Artículo 253 Bis

“Se impondrán de dos a cuatro años de prisión; destitución del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación de uno, y hasta por tres años para desempeñar otro, y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los servidores públicos que de manera dolosa, contraviniendo la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano: I. Aprueben modificaciones de zonificación primaria señalada en los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, respecto de inmuebles o en licencias de urbanización, construcción o edificación; II. Emitan dictámenes que modifiquen o contravengan las determinaciones de zonificación primaria de los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, aplicable de forma específica al inmueble para el que sea solicitado; o III. Autoricen licencias o permisos que excedan o contravengan las determinaciones de número máximo de niveles, coeficientes de ocupación y utilización del suelo, áreas de restricción, unidades de vivienda o unidades comerciales y de servicios, señalados en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano”

Artículo 253 Ter

“Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los propietarios de inmuebles, sus promotores, representantes legales y constructores que de manera dolosa lleven a cabo acciones de urbanización, construcción o edificación, cuya autorización al momento de su ejecución viole la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano”

Artículo 253 Quáter

“Se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que de manera dolosa autorice el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva sin apego a la licencia, autorización o permiso otorgado por la autoridad competente. La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, a su representante legal y al constructor que, teniendo conocimiento de la ilegalidad del acto, no presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, permita la edificación sin sujetarse a la licencia o permiso de construcción o urbanización”

Artículo 254

“Se impondrán de seis meses a seis años de prisión multa por el importe de cuatro a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que habiendo recibido mercancía con subsidio o franquicia, concedidos por el estado, municipio u órgano descentralizado, estatal o municipal, para darles un destino determinado, desvirtúe en cualquier forma los fines perseguidos con el subsidio o franquicia”.

Artículo 263

“Se impondrán de un mes a tres años de prisión al que, después de la ejecución del delito y sin haber tenido en éste alguna de las intervenciones señaladas en el artículo 19, ayude en cualquiera forma al responsable a eludir las investigaciones de la autoridad correspondiente o a substraerse a la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas, instrumentos u objetos del delito o asegure para sí, o para el inculpado, el producto del mismo […] Igual sanción se impondrá a quien no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la consumación de los delitos que sepa van a cometerse o se están cometiendo, si son de los que se persiguen de oficio”

El ayuntamiento tapatío procedió a regularizar las torres que excedían lo permitido en planes, pero sin consultas a vecinos afectados, ni al SIAPA ni a la Semadet.
Agustín del Castillo

Los procedimientos para regularizar las popularmente conocidas como “torres chuecas” se han apegado a la letra de lo que señalan las leyes vigentes para el Ayuntamiento de Guadalajara, pero como en estas no se obliga a consultar a vecinos o socializar, ni a preguntarle al SIAPA, a la Comisión Estatal del Agua o a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la autoridad ignoró esas prácticas recomendadas por ONU Hábitat en busca de garantizar el derecho a la ciudad y con ello, la buena gobernanza.

Esto reconoce la propia autoridad en un procedimiento de transparencia (expediente DBT/2173/2018, infomex 01618018) interpuesto por el ciudadano Joseph Olid, el cual hace preguntas específicas sobre los expedientes de edificaciones irregulares, el tema judicial, y las prácticas de socialización que se han hecho para reducir conflictos.

La primera pregunta en este tema: “De los decretos emitidos por el Ayuntamiento para regularizar los desarrollos en mención, en aplicación de las disposiciones administrativas de aplicación general que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas en el municipio de Guadalajara, ¿en cuántos y cuáles se consultó o socializó con los vecinos la regularización de la obra?”.

La respuesta de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas de Guadalajara: “La Sindicatura hace de su conocimiento que la Dirección de Evaluación y Seguimiento informa que no tiene conocimiento de casos en los que se hubiese realizado dicha socialización previa, sin que omita señalar que de las disposiciones administrativas que [sic] aplicación general que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas en el municipio de Guadalajara, no se desprende la obligación de hacerlo”.

Agrega: “Por su parte, la Coordinación de Gestión Integral de Ciudad informa de igual manera que es información que no se genera, en virtud de que lo solicitado no está inserto en el capítulo IV del procedimiento de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas de las disposiciones administrativas de aplicación general que regulan los mecanismos…”.

Guadalajara ha manifestado públicamente su adhesión a los postulados de ONU-Hábitat en el tema, sobre todo después de la cumbre mundial de ciudades que se realizó en Quito, Ecuador, en octubre de 2016. De ahí emana la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. En su artículo I.2 señala: “El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos”.

Esto supone, añade, “la inclusión de los derechos […] a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse […] el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural”.

En el artículo II.2, remata: “Todas las personas tienen el derecho de participar a través de formas directas y representativas en la elaboración, definición, implementación y fiscalización de las políticas públicas y del presupuesto municipal de las ciudades, para fortalecer la transparencia, eficacia y autonomía de las administraciones públicas locales…” (la carta se puede consultar completa en http://www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/viewFile/36443/33018).

SIAPA, no pero sí…

Esos principios son ignorados, pues la ley local “no obliga”, cuando se trata de consultar al organismo operador del agua, a la comisión estatal en el tema, o a la secretaría estatal del ambiente (Semadet), la pertinencia de los decretos de legalización.

De este modo, la pregunta “¿en cuántos y cuáles decretos se consultó o socializó con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de la obra?”, tiene una respuesta similar.

“… no resulta obligatoria [sic] para la autoridad municipal consultar o socializar con el SIAPA, ni mucho menos con la Comisión Estatal del Agua, respecto a la emisión de decretos que aprueben los procedimientos de compensación […] sin embargo, no se omite señalar que el hecho de que un desarrollo entre a este esquema de compensación, no lo exime de cumplir con los trámites y requisitos necesarios para la obtención de las correspondientes licencias o autorizaciones, entre las cuales se encuentra precisamente la factibilidad de servicios hidráulicos emitida precisamente por el SIAPA”, según el Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara.Respecto a la consulta a la Semadet, cuya competencia en el ámbito del uso del territorio es fruto de la reforma de 2013 que le dio esa atribución para evitar que los municipios decidieran unilateralmente, ante el colapso urbano generado por esa competencia exclusiva otorgada por las reformas al 115 constitucional a comienzos de los años 90 en todas las ciudades de México, la respuesta concluye que de cualquier modo, no es obligación consultar la medida.

“…no resulta obligatoria para la autoridad municipal consultar o socializar con Semadet respecto a la emisión de decretos”, aunque reconoce su competencia “para ciertos casos” en emitir un dictamen de impacto ambiental.

Obligan a Guadalajara a transparentar torres
En el recurso de transparencia 048/2018, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, ha resuelto que el Ayuntamiento de Guadalajara está obligado a transparentar la torre de 28 pisos y siete desniveles enclavada casi frente a la glorieta a Colón, en Américas y López Mateos, pues el juicio de amparo que arguyó para no revelar los datos, “jamás fue contra disposiciones de transparencia”.Así, a partir del pasado 8 de agosto, la autoridad municipal cuenta con 30 días para hacer públicos los datos de esa torre, que forma parte del programa de regularización decretado en febrero de 2016 y cuya vigencia termina el último día de este mes.

La torre se ubica en Américas 1500, en Providencia. Es de usos mixtos, tiene una notaría pública, un despacho de abogados e incluso un hotel en operaciones. Su área de construcción es de 57,970 metros cuadrados implantados sobre un terreno de 4,116 m². Según informa la página de Arquitectos Sordo Madaleno, sus creadores, el edificio cuenta con 28 niveles, un helipuerto y un sótano de 7 niveles (ver MILENIO JALISCO, 2 de septiembre de 2018).“Es una de las torres que ingreso bajo las hipótesis de las Disposiciones Administrativas de Aplicación General que Regulan los Mecanismos de Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de Guadalajara. En ese sentido, en la Gaceta Municipal de Guadalajara, el día 19 de abril de 2016, se publicaron diversos Decretos en los que se aprobaba la regularización de distintas obras, entre las que se señala: decreto que aprueba la Compensación, Indemnización y Mitigación de la Acción Urbanística ubicada en la Avenida Américas Número 1500, a cargo de Inmobiliaria 1500, SA de CV. No obstante, en el tomo que puede consultarse en internet, no se advierte el contenido de dicho decreto, razón por la cual se desconoce el grado de violación que efectuó la empresa, así como la sanción económica que impuso el ayuntamiento y el resto de las medidas que se haya determinado tomar”, dijo a este diario el abogado Joseph Olid.

La retroactividad es jurídicamente aceptable si representa “progresividad” en los derechos ciudadanos, advierte Gutiérrez Nájera.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El deslinde de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del proceso de dictaminar la congruencia de los planes parciales de desarrollo urbano de Guadalajara con instrumentos ambientales y urbanísticos, como lo obligan las reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, afecta los derechos de la sociedad, pues la retroactividad en este caso no es “en perjuicio” de los ciudadanos, y México desde su reforma constitucional de 2011 ha establecido la progresividad en la aplicación de las leyes, lo que significa que se debe optar por lo que beneficie más a los ciudadanos, dijo ayer la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera.

“El argumento de la Semadet, de que los planes empezaron a revisarse con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, me parece endeble […] el problema yo creo que es más de fondo, y pensando en reformas, existe una reforma antes , en la propia constitución, donde se incluye la perspectiva de derechos humanos , y que es obligatoria a todas las autoridades, poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y si pensamos en esta perspectiva, la Semadet estaría obligada a cumplir los principios de universalidad, de no discriminación, de progresividad, lo que incluye el derecho a habitar las ciudades, al medio ambiente, pro naturaleza, pro desarrollo; me parece que su argumento es muy pobre”, destacó.

Si a eso “le agregamos que Guadalajara incluye en la justificación de los planes los argumentos de esa normatividad, pues lo lógico es que la tiene que aplicar, independientemente de que el proceso haya iniciado antes de que entrara en vigor; sencillamente porque es más progresista y más favorable para garantizar los derechos a la ciudad, nuevamente en referencia a esos principios constitucionales, lo que quita razón a las ponderaciones de la Semadet”, dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.

– El principio de no retroactividad aplica en perjuicio, pero en este caso sería una retroactividad en beneficio de la sociedad, ¿es válido verlo así?

– Así es, claro, porque aunque empiezan cuando no está en vigor la reforma de la ley, ellos tienen que aplicar la ley más favorable para garantizar los derechos humanos.

– ¿Vale la pena que el juez de distrito entre al fondo para analizarlo?

– Así es, porque si una ley beneficiosa la aplicas, ya te estás sometiendo a lo más progresivo y benéfico para la sociedad, eso fue el criterio que debió haber aplicado la Semadet, porque de otra manera lo que deja es una inseguridad, al no emitir los dictámenes de congruencia, y qué va a pasar, que se van a judicializar con los primeros actos de aplicación de estos planes, y se va a paralizar todo. Para mí eso es no tener visión de estado, de ver que es lo más favorable para el medio ambiente, para los recursos naturales, para el bienestar, para garantizar derechos, una visión garantista de derechos.

– ¿No es extraño que el Ayuntamiento de Guadalajara rechace esos dictámenes de congruencia?

– Claro, lo que está dejando el municipio son planes y programas en una total vulnerabilidad jurídica, que en los primeros actos de aplicación, cualquier ciudadano que invoque el derecho a la ciudad, de disfrutar un medio ambiente sano, los vamos a poder impugnar por las vías judiciales. El derecho a la ciudad trae principios importante como no regresividad, ni un metro menos de lo que hay, por ejemplo, de parques y espacios públicos, y creo que ese es el fondo del asunto: que los planes parciales de Guadalajara no están acordes a estos principios de política pública ambiental, local urbana, y quizás por eso quieren evitar el filtro de la dictaminación.