Colectivos evalúan la ley de desaparecidos

 

Fuerza. Entre los logros en torno a este fenómeno se destacó la presión y el empuje de los familiares de las personas desaparecidas. (Foto: Alfonso Hernández)

Organizaciones sociales y colectivos de desaparecidos evalúan los avances de la actual administración, así como los retos para la próxima gubernatura, en torno a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a desaparición de personas. Las organizaciones sociales y los colectivos llamaron a que el gobierno estatal entrante asuma su responsabilidad y priorice el tema de las desapariciones “atendiendo la gravedad del problema para que los avances no sean en vano” dijo Anna Karolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Destacó que tanto para la autoridad entrante como la actual, el cumplimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño “no deben depender de la voluntad política, de los gobiernos, de los políticos, sino que es una obligación constitucional del estado, y su fuente es ni más o menos la dignidad inherente de cada persona”.

Entre los logros en torno a este fenómeno Chimiak señaló la presión y el empuje de una estrategia política que derivó en la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y destacó la intervención de los familiares en colectivos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalico (Fundej) o Por Amor a Ellxs.

Sin embargo, la activista cuestionó la distancia que todavía existe en la generación de confianza entre las asociaciones y colectivos con la autoridad, “creer en el cumplimiento después de años de una política del olvido y violación de los derechos humanos”.

El reporte de la evaluación realizada por las organizaciones sociales y los colectivos se entregará a Enrique Alfaro Ramírez una vez que asuma el cargo, así como al próximo secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, para que ambos conozcan los esfuerzos de las asociaciones de la sociedad civil en torno a las personas desaparecidas.

“La justicia y a la reparación integral del daño no deben depender de la voluntad política, de los gobiernos, de los políticos, sino que es una obligación constitucional del estado, y su fuente es ni más o menos la dignidad inherente de cada persona”
Anna Karolina Chimiak, integrante del Cepad.

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