TRES RAZONES POR LAS CUALES LA PROPUESTA DE LEY DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDAS POR PARTICULARES DEL ESTADO DE JALISCO AGRAVA EL PROBLEMA DE LAS DESAPARICIONES EN EL ESTADO.

 

El hallazgo de un tráiler con 444 cuerpos el pasado 15 de septiembre de este año hizo visible a nivel  nacional e internacional la grave crisis de desapariciones de personas que vivimos en  Jalisco, así como a la incapacidad e indolencia de las autoridades estatales.

Frente a este contexto, el pasado 16 de octubre el Dictamen de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometidas por Particulares del Estado de Jalisco fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso local, pasando directamente al pleno, en un proceso acelerado, priorizando los intereses y negociaciones políticas, sin considerar las necesidades de familiares de las personas desaparecidas y sus avances hasta ahora alcanzados en la materia. Ante este acto, la actuación del Poder Legislativo, en lugar de abonar a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones, genera las siguientes agravaciones:

1. Violación al principio de la participación conjunta que rige la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La forma en la que la propuesta de ley ha sido elaborada viola el principio de participación conjunta establecido en el  artículo 5 de la Ley General en la materia. En un deficiente proceso legislativo, el Congreso fue omiso en socializar la iniciativa y consultarla de manera adecuada y transparente con familiares de las personas desaparecidas, así como con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema.

2. El Dictamen olvida regular la estructura y las funciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Resulta muy grave que la propuesta de ley estatal en materia de desaparición deje fuera de su cuerpo la regulación de la estructura y las funciones de la instancia encargada de investigar y perseguir este delito, así como de prever los mecanismos para lograr una coordinación eficaz y adecuada con todas las instancias encargadas de los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas.

Adicionalmente, preocupa que el poder legislativo no considere los avances que los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil han logrado en la materia, mediante un trabajo coordinado que desde hace dos años ha derivado en la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, su Reglamento Interno y el proceso de selección de su  titular.

3. Los contenidos de la propuesta de ley son técnicamente deficientes y agravarán la crisis forense.

Entre las diversas deficiencias de la propuesta de ley, y ante el incremento de violencia en la entidad, en particular nos preocupa la operación del Registro Estatal de Personas Fallecidas y el Banco Estatal de Datos Forenses. De acuerdo con los artículos del 23 al 27 de la propuesta de ley, la Fiscalía General estaría a cargo de dichos registros, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sería responsable de su creación y actualización. Esta falta de una distribución clara de las competencias de dichas instituciones facilita el posible deslinde de las responsabilidades de estas instituciones, tal como lo presenciamos en relación con los tráilers y favorece la impunidad.

Esta premura con que el Congreso del Estado de Jalisco pretende aprobar una ley sin legitimidad y participación conjunta, así como las graves deficiencias de su contendido, despertaron la preocupación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien mantiene actualmente presencia en el Estado y hace uso de sus buenos oficios para que la ley estatal se pueda desarrollar y aprobar en línea con los estándares internacionales y particularmente con la inclusión de los titulares de derechos.

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