Macrorrecomendación, “simulación institucional”

El tema de fondo es la falta de regulación de la industria, la insuficiente agua tratada y el caos en el uso del territorio en el sur y el este de la ciudad, advierte Cindy McCulligh.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Pareciera que cumplir 38 de 43 puntos que aceptó el gobierno de Jalisco de la macrorrecomendación 1/2009 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un indicativo de que ha mejorado de forma seria la calidad ambiental y por ende, la salud pública de los habitantes de la zona sur y oriente de la metrópolis tapatía, pero a juicio de la investigadora Cindy McCulligh, doctora del CIESAS Occidente, se trata de una “gran simulación”.

Especialista en el tema, la investigadora de origen canadiense ha hecho del conflicto socioambiental de El Salto una de sus principales materias de trabajo por casi quince años, y asegura que la administración de Aristóteles Sandoval Díaz no arroja resultados reales e incluso queda más atrás en materia de transparencia y de apertura hacia la sociedad, que la de su antecesor Emilio González Márquez, al menos en lo relativo a la gestión de la crisis en la demarcación hidrográfica, una de las más contaminadas del país.

La científica dijo a MILENIO JALISCO que mientras no se aborde de frente el grave problema de las emisiones de los corredores industriales, ni el manejo del territorio por las grandes inmobiliarias, los esfuerzos no fructificarán. Lo aborda ampliamente en su tesis de doctorado, “Alcantarilla del progreso: industria y estado en la contaminación del río Santiago en Jalisco”, publicada en 2017. “No hay cambios significativos a ese respecto”, señala la doctora en ciencias sociales.

La historia

“La largamente esperada recomendación de la CEDHJ sobre el río Santiago se emitió en enero de 2009. En ella, la CEDHJ afirma que se comprobaron ‘las violaciones a los derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; al agua, a la salud, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al trabajo y a la vivienda digna, y se afectaron los derechos de niñas y niños’. Se le llamaba una ‘macrorrecomendación’, seguramente debido al hecho de que incluyó no menos de 148 recomendaciones y 29 exhortaciones. La mayoría de las recomendaciones se dirigieron al gobernador del Estado, así como a la CEA, SIAPA y a catorce ayuntamientos de la cuenca alta del río Santiago. Las recomendaciones eran en materia de gestión ambiental integral y sustentable, salud, reparación del daño y derechos de la niñez, entre otros”, señala en el capítulo dedicado al tema.

Si se examinan las respuestas del estado, añade, “fueron rechazadas de entrada la mayoría de las recomendaciones que tocaban el control de las industrias de esta zona. Fueron rechazadas las recomendaciones 7 a 10, 35 y 45, que versan sobre el control de descargas industriales contaminantes, de evaluar sus riesgos para el ambiente y la salud humana, así como realizar la clausura o imposición de sanciones a industrias que no tratan adecuadamente sus desechos, pidiendo que el gobierno estatal, ‘solicite la intervención coordinada de autoridades federales o municipales’, en caso de concurrencia de facultades. En la respuesta del secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, del 19 de febrero de ese año, se comunica la negativa a aceptar estos puntos, aludiendo la competencia federal – específicamente de la Conagua – y municipal de las descargas”.

Tampoco aceptaron la recomendación 27,” que los insta a celebrar convenios interinstitucionales, a fin de asumir facultades de inspección y lograr un mayor número de inspectores ambientales. No es aceptada la recomendación ya que se afirma que ‘las instancias competentes realizan esa labor de inspección de acuerdo a su competencia y presupuesto’. Desafortunadamente, no existen evidencias de que la labor de inspección se realice en forma mínimamente adecuada […] hasta fechas recientes, se sigue revisando el progreso de las diversas instancias para cumplir con las recomendaciones de la CEDHJ, normalmente en el aniversario de su emisión y estimando el porcentaje de cumplimiento. Así, en el sexto aniversario en febrero de 2015, la actual secretaria de Semadet [Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial], Magdalena Ruíz, estimó que se habían cumplido 32 por ciento de las recomendaciones aceptadas, aunque reconoció que esto no había mejorado las condiciones del río ni para las comunidades aledañas. Como siempre, esto no era tampoco de su competencia: ‘quien tiene el impacto más fuerte a nivel de cumplimiento para que este río sane es la federación”.

Por otro lado, la declaratoria de emergencia en los municipios de El Salto y Juanacatlán, aceptada por el estado, “aún no se logra. En cambio, lo que impulsó el gobierno de Jalisco […] fue la creación del llamado Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA) de la zona de la cuenca El Ahogado […] con el objetivo de establecer criterios ambientales aplicables en la zona incluyendo algunos relativos al control de las actividades y descargas industriales y al monitoreo de agua y aire”.

A casi ocho años, “los resultados del POFA no son alentadores, quedándose en el nivel de diagnósticos y proyectos superficiales, como la creación de un ‘parque ecológico’, que terminó siendo simplemente un estacionamiento y mirador de la contaminación del río en la cascada, quizás para facilitar la realización de los ‘Tours del Horror’ […] para operar el POFA, se creó un Órgano Técnico Mixto (OTM), en donde confluían los ayuntamientos, dependencias estatales así como Profepa y Conagua”.

Con el cambio de administración estatal en marzo de 2013, cuando asumió la gubernatura el priista Aristóteles Sandoval, la rebautizada Semadet “cambió el modo de trabajo del POFA y a finales del año convocaron a dos talleres de planeación estratégica con la participación de funcionarios de ayuntamientos y dependencias estatales y federales, así como miembros de IMDEC, Vida, USV y representantes del sector privado […] esto derivó en un plan de acción para la zona con alrededor de setenta puntos, sobre los cuales el trabajo desde entonces ha sido básicamente nulo. Antes de los talleres, se instaló una mesa interinstitucional y hubo mucha insistencia desde Semadet en la necesidad de dotar al POFA con un nuevo esquema jurídico para la colaboración interinstitucional […] sin embargo, parece haber constituido más una manera de dirimir la protesta social que de atender la problemática ambiental y de salud en la Cuenca El Ahogado: una simulación institucional aparatosa pero, al final de cuentas, vacía”, señala McCulligh.

Esta semana, la Semadet ha informado que se cumplieron 37 de 43 puntos de la macrorrecomendación 1/2009, pero la realidad persiste en no demostrarlo. La planta de tratamiento de El Ahogado, que opera mediante pago de tarifas de los usuarios del SIAPA, ya ha sido rebasada y requiere una ampliación de al menos 500 litros por segundo. Los colectores que llevan el agua a la planta también se expanden, pero la ciudad tampoco se detiene: con licencias municipales, se abren fraccionamientos en El Salto, en Tonalá, en Tlaquepaque y en Tlajomulco. La industria persiste en la falta de transparencia sobre su regulación, y ese es un dato esencial. “Por eso yo abordé el tema de la corrupción institucionalizada y cómo la economía se impone a los intereses de la población, a su calidad de vida y a su salud”, remata la investigadora, un año después de su trabajo publicado.

CEDHJ elabora informe 

El pasado 8 de agosto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, le notificó al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, que el organismo autónoma ya integra una actualización documental del cumplimiento de la recomendación 1/2009, de la cual, el Ejecutivo, por vía de la Semadet, asegura haber alcanzado 37 de 43 puntos resueltos a satisfacción.Por su parte, la Semadet informaba del proceso el martes 28 de agosto, cuando presentó “el informe de resultados de los cinco grupos de trabajo: Agua, Salud, Atmósfera, Gobernanza Ambiental y Suelo de la Comisión de la Comisión Interinstitucional para la Atención y Seguimiento de Acciones para la Restauración y Remediación del POFA de la Cuenca El Ahogado. Actualmente se tiene un total de 37 puntos cumplidos, de los 43 aceptados por parte del gobierno…”.

La pregunta 

¿Por qué no se nota la mejoría? 

El gobierno estatal solamente aceptó 43 de 100 puntos de la recomendación 1/2009, bajo el argumento que el resto eran competencia municipal o federal. En esos puntos intervienen dos temas torales de la crisis ambiental de la zona: el manejo territorial, con una expansión urbana autorizada a las grandes vivienderas por los ayuntamientos locales, y la regulación de descargas de la industria, la fuente de muchos residuos peligrosos que recorren el río

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Claves 

La comisión interinstitucional 

La Comisión Interinstitucional para Atención de los Criterios Ambientales del Polígono de Fragilidad Ambiental de la Cuenca El Ahogado está conformada por representantes designados de la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Salud (SSJ), la Secretaría de Educación (SEJ), la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA). Así como de los presidentes municipales de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, Ixtlahuacán Del Río, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo y Tala

El 18 de Octubre de 2013 se instaló; se desprendieron 9 líneas estratégicas a saber: Agua, Aire, Coordinación Interinstitucional, Educación, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Residuos, Salud y Suelos

Sus objetivos: Formalización del marco jurídico, institucional y financiero; instrumentación de convenios de coordinación entre los sectores público, social, productivo y académico; creación de la una Instancia ejecutiva para la instrumentación del plan de manejo integral del POFA y para la formulación y coordinación de la ejecución de los proyectos; identificar causas e informar por qué no se han ejecutado los proyectos que ya tienen recurso; inspección y vigilancia para tolerancia cero a descargas fuera de la norma y suspensión inmediata de descargas clandestinas; convenios de coordinación Federal, estatal, municipal para verificación, inspección, vigilancia, control y atención a denuncias y aplicación de la justicia ambiental.

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