Sin indemnizar a familiares de primera víctima de tortura

Alcalde y síndico de Tala podrían ser separados de cargo por desacato al pago de más de 2 millones de pesos.
Elsa Martha Gutiérrez/milenio

Tanto el presidente municipal como el síndico de Tala, Jalisco podrían ser separados del cargo por desacato a la resolución que emitió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que les ordena pagar 2.6 millones de pesos a los familiares de Alfonso Altamirano Hernández, un jornalero que falleció tras ser torturado por policías municipales en octubre del 2014.

El abogado de la familia, Cristian Adrián Frías Lomelí, informó que la resolución del tribunal colegiado se emitió desde noviembre del 2017.

Por dicho incumplimiento, el ayuntamiento suma diez multas, cada una por 8 mil pesos.

Al titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Trabajo, le corresponde ejecutar la decisión del colegiado. Alfonso Altamirano Hernández, robó de un sembradío seis elotes y una calabaza el 22 de octubre de 2014.

Sin embargo, lo que sigue y a criterio de ese juzgador es iniciar el incidente de ejecución que tendría como consecuencia separar del cargo a los funcionarios, y a la par, dar vista a un ministerio público federal por el delito de desacato.

Alfonso Altamirano falleció tras ser torturado por policías municipales de Tala (Especial)

En entrevista, Frías Lomelí explicó que desde el 2015 promovieron el juicio con base a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“Se exigió la indemnización por son dos conceptos que expone el artículo 11 fracción primera y segunda, que es el pago por el concepto de fallecimiento y en segundo término en lo individual y cada uno de los reclamantes el pago de la indemnización por concepto de daño moral, la cantidad en suma son 2.6 millones de pesos”.

Según explicó, dicha ley no contempla un límite de familiares simplemente habla de los causahabientes que son todos aquellos de primer grado.

“En este caso Alfonso Altamirano Hernández le sobreviven sus padres y seis hermanos”, dijo al precisar que la indemnización se repartiría en partes iguales para los familiares.

Recordó que las autoridades municipales nunca le pagaron a la familia gastos funerarios. “En aquel entonces era un secretario el encargado de hacerlo efectivo y como tal nunca llegó el recurso para la familia” que eran 20 mil pesos.

Dijo que si bien les prometieron “pagarles los servicios funerarios, a fechas recientes con motivo del fallecimiento de otro de los familiares se dieron cuenta que ese dinero jamás fue pagado por ningún ayuntamiento. Ellos tenían pagados los servicios funerarios por determinado familiar pero al momento que se da la situación con Alfonso, el ayuntamiento promete ir a pagar esos gastos, nunca lo realizaron”, insistió Frías Lomelí.

Desde noviembre del 2017, las autoridades municipales han sido omisas.

Por eso, se decidió promover los juicios políticos en contra el presidente, Aarón Buenrostro Contreras y el síndico, Miguel Ángel Camarena. De hecho, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco ya abrió los procedimientos, uno durante el mes de abril y otro en agosto.

Frías Lomelí dijo que si bien el primer responsable sería el síndico por ser el representante legal del municipio, el alcalde “viene siendo su superior jerárquico y se llega a un punto donde se acumulan los requerimientos y ya empiezan hacerse efectivas las multas al superior jerárquico”, apuntó.

El representante legal de los afectados Cristian Adrián Frías Lomelí (Elsa Martha Gutiérrez)

El representante de la familia del jornalero fallecido, propuso al ayuntamiento que se haga un pago inicial por 600 mil pesos y dentro del presupuesto de Egresos 2019 se contemple el resto. La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, así lo contempla, expuso.

“Nos da la pauta, si no tienen el dinero suficiente en esta administración para que sea cubierta se puede involucrar lo que es su compendio de ingresos para el siguiente año, considero que sería un salida decorosa para todos”, estimó el litigante. De hacerlo así, la sentencia se daría por cumplida.

De acuerdo con el Cristian Adrián Frías Lomelí, el ayuntamiento ofrece y ha sostenido pagar solo 600 mil pesos.

“Yo ignoro de donde saquen esa cantidad, ellos en un inicio alegaban que Alfonso no tenía una expectativa de vida amplia, entonces que no podían exigir tanto porque no representaba un pérdida significativa”, aseguró al referir que así quedó asentado en actuaciones.

Aumentan sentencia

La familia de Alfonso Altamirano Hernández, logró revocar la sentencia que emitió el juez Mixto de Tala, Fabián Acosta Cordero.

Inicialmente el juzgador condenó a los policías municipales a 14 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad, homicidio simple y tortura.

Sin embargo, se presentó un recurso de apelación y la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ) determinó aumentarles la pena a 24 años de cárcel.

El comandante Ricardo Uribe Navarro y el oficial, José Luis Vela Díaz, se encuentran en el penal de Puente Grande Jalisco.Anteriormente estaban recluidos en la cárcel municipal donde privaron de la vida al jornalero.

“No es justo”, reclaman los familiares de Alfonso

En una modesta casa de la delegación de Cuxpala, en Tala, Jalisco, vivía Alfonso Altamirano Hernández junto con sus padres, Luz y Vicente.

Ellos dicen que aún no olvidan la forma “tan salvaje” en la que los uniformados le quitaron la vida a su hijo.

“Fue allá cerca de las canchas de fútbol”, recordó la mujer quien camina con dificultad en la rampa que hay en su vivienda.

Alfonso Altamirano Hernández, un jornalero que falleció tras ser torturado (Especial)

En estos casi cuatro años, las personas han recibido atención psicológica por parte del DIF del municipio de Tala, pero luego “nos la cortaron”, denunció Don Vicente.

Han acudido al domicilio “a ver la situación en la que estamos, y yo les digo, pues ahí véanle”, narró el padre de la víctima quien no puede evitar hablar y reprocharle a la autoridad.

“Como que no se sienten muy bien por lo que les digo. Yo ya estoy enfadado de promesas, porque de esas promesas, nunca llegan nada”.

Platicó que hace un par de semanas, en la plaza de la delegación de Cuxpala, la esposa del presidente municipal Aarón Buenrostro Contreras, “me dijo palabras muy buenas, pero puras palabras”, subrayó.

“Y me dijo, yo voy hablar con mi marido sobre ese punto. A ustedes ya se les ha visitado y en lo económico viven muy bajos y lo necesitan, una indemnización”, refirió.

Lo que se quiere –dijo el papá de Alfonso- es que esto terminara. “Hay un dicho que dice que el que abona, pagar quiere”.

Y en el caso del presidente municipal de Tala, dicen que “lo invirtió aquí y allá, y que se le acabó el dinero, y nosotros nada”.

Mientras la señora Luz recordó que aquel día su hijo “llegó y salió, pero no dijo que tenía ganas de un elote, trabajaba con un señor y el señor ya no tenía elotes, por eso a él se le hizo fácil ir otro lado”.

Su hermano Francisco, considera que apoderarse de seis elotes y una calabaza no puede ser un robo. “Tenía hambre y pos lo agarró para comer”, justificó.

“No es justo, yo le digo aquí a mi esposo pues hay que hacernos al ánimo ya es mucho pues cuatro años y pues no se le olvida a uno, que llegaba y me decía jefa ya vine”.

¿Usted ya los perdonó?, se le preguntó. “Ah cree que no… no, no puede uno. Por qué?, no sé pues. El dolor no deja a uno, siempre tiene uno, esos recuerdos y todo”.

El día que los policías mataron a Alfonso Altamirano Hernández, la pareja se encontraba en el hospital.

“Ahorita nosotros lo ocupamos, estamos muy necesitados, no, no es justo. Yo compro medicinas de 500 y 600 pesos porque estoy recién operada de la vista, ya no veía nada y ellos consiguieron dinero y hasta la fecha estamos endrogados”, reveló la señora que está por cumplir 85 años de edad.

El señor Vicente también es diabético y lamenta que el ayuntamiento de Tala no repare el daño, aunque “a veces pos ya no sé, a mi hijo ya no me lo van a devolver”.

-¿Qué le dice su abogado?, “Que las autoridades no tienen, que no hay dinero y ahí se la llevan”.

“El era buen muchacho, interrumpe la señora fíjese, a el no le gustaba andar en pleitos andar en la calle, el se iba a trabajar, llegaba y comía y se acostaba y salía un ratito a la calle”.

Don Vicente explicó que el único que mantiene contacto con el ayuntamiento es el abogado. “Yo no he participado en ninguna reunión. Hasta ellos dicen, usted pensara que son mentiras Don Vicente verdad?, pues pónganse en mi lugar, tiene razón. Ya es mucho tiempo”.

Aseguran que la ausencia de Alfonso se siente igual pese a que ya han transcurrido casi cuatro años. A veces el desánimo lo embarga y dice, a mí me da lo mismo porque mi hijo ya no vuelve. Los policías sabrán explicar mejor porque lo hicieron. “Eso sí nunca presentaron pruebas a su favor”.

El sólo tenía ganas de comer elotes, insistió la señora, y “como aquí no sembramos, no siembran y pues se le hizo fácil, pero tampoco era para que le pasara lo que pasó?, pues no,es lo que nosotros decimos, pues toda la gente decía que no era para que haya muerto de esa forma.

Dicen que jornalero no tenía proyecto de vida

Ante el caso “Altamirano”, el presidente municipal de Tala, Aarón Buenrostro Contreras y el síndico, Miguel Ángel Camarena Esquivias, prefirieron guardar silencio. Se les buscó en el ayuntamiento y vía telefónica, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, de acuerdo con lo asentado en resoluciones la autoridad municipal deja en evidencia que ni siquiera sabe la edad del jornalero fallecido. Ahí advierten, 54 años, cuando en realidad el día de los hechos tenía 47.

Ayuntamiento de Tala, Jalisco (Especial)

Destaca que no se puede valorar el daño moral que argumentan se le causó a padres y seis hermanos con la muerte de Alfonso Altamirano Hernández en 2014.

Aquí los argumentos que expuso Miguel Ángel Camarena Esquivias, síndico del ayuntamiento de Tala dentro de la resolución emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito:

“La autoridad municipal advierte que en autos los reclamantes no aportaron ninguna prueba o datos que se nos permita hacer una valoración exacta del daño moral causado.

Es decir, la afectación infringida a los sentimientos de los reclamantes, pues no hay constancia médica, ni de ningún tipo que permita tener una medición o valoración de la afectación sentimental y emocional de cada uno de los reclamantes, así como no hay constancia de que algunos de ellos hubiera sido dependiente económico del difunto, máxime que el fallecido era conocido socialmente en el municipio de Tala, Jalisco, como una persona sin profesión, ni oficio, es decir tenía ninguna actividad económica productiva para que pudiera considerarse como que hubo una afectación a un proyecto de vida productivo, tomando en cuenta además que la edad del ahora perecido, 54 años, no permite establecer que se hubiera truncado una expectativa de vida considerable”, se le textualmente.

Por este caso, el ayuntamiento de Tala ha presentado dos recursos de revisión, pero ambos los perdió.

SRN

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