¿El Gobierno es culpable de las desapariciones?

Fotografía: Medios

Guadalajara, Jalisco

En los últimos 12 años, las fuerzas federales se desplegaron en las calles de México, según el Gobierno Federal, para combatir al crimen organizado. En ese mismo periodo los registros de crímenes de lesa humanidad como homicidios dolosos y desapariciones, tuvieron un incremento exponencial.

Mayo del 2018 fue el mes más sanguinario desde que el Gobierno mexicano comenzó a registrar homicidios: dos mil 890 personas perdieron la vida por el dolo de otras personas. Además, a lo largo y ancho del país se encuentran desaparecidas 37 mil 436 personas, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

¿Quién es responsable y qué puede hacer la sociedad civil ante este problema? En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, #44Lab entrevistó a Olimpia Muñoz Ojeda, maestra en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, quien en los últimos dos años ha dialogado con familias de personas desaparecidas de Jalisco, la tercera entidad con más personas desaparecidas en todo México: tres mil 388 de ellas en Jalisco, sólo por Tamaulipas y el Estado de México.

¿Qué les sucede a las familias cuando uno de sus integrantes desaparece?

El problema es como si tiraras una piedrita al agua y se crearan estas ondas alrededor. En general, cuando hay una persona desaparecida en una familia, empiezan a perder muchas cosas: primero se debilita el núcleo familiar y después te vas dando cuenta de que pierdes a tus vecinos. A nivel social sufres un montón de cosas, principalmente por tu economía familiar: ahora tendrás que invertir tiempo, dinero y esfuerzo para localizar a tu familiar desaparecido y eso es algo que no se ve y no se dice.

Muchas personas dicen “fue el Estado” o “el Gobierno tiene la culpa”, ¿qué nivel de responsabilidad tiene el Gobierno cuando una persona desaparece?

La principal es la omisión sistemática: hacen todo lo posible por no buscar. Tenemos casos clarísimos de que son las familias las que hacen las investigaciones que no hacen las autoridades e incluso las que encuentran a sus propios hijos.

Otra responsabilidad del Gobierno es que carece de programas para ayudar a las familias con un desaparecido, aunque en el papel existan centros de atención a víctimas. Al final son las familias las que tienen que buscar otros medios para poder localizar a sus familiares, no por medio del Estado.

Aunque -el Gobierno- no haya sido un agente directo, en el momento de no buscar o no entregar cuerpos, eso ya lo hace omiso ante esa situación. No estamos hablando de que están desapareciendo cinco o 10 personas, estamos hablando de más de 37 mil en cifras oficiales.

Un Estado que no puede resolver las desapariciones, no puede seguir justificando que es un enfrentamiento del narco. Tiene que investigar, y el hecho de que no esté investigando lo hace omiso ante cualquier aparato internacional. Es una misión sistemática y por tanto también es culpa del Gobierno.

Cuando alguien desaparece, se suele explicar que desapareció porque “andaba en algo”. ¿Esta explicación contribuye a que el gobierno omita sus responsabilidades?

El Gobierno representa la autoridad y tiene la capacidad para hacer creer lo que él quiera decir. En el caso de Jalisco, el Gobierno controla los cuerpos que son hallados y la información de las investigaciones, además de controlar los discursos mediáticos.

Hay que tener mucho cuidado cuando el Gobierno dice ‘es un acomodo de plaza’ o ‘tiene que ver con enfrentamientos entre el narco’.

Ese discurso del Gobierno en realidad es una cuestión repetitiva que ya sucedió en Argentina en los años setentas: ese discurso mediático de dos demonios, de que hay una pelea entre buenos y malos.

Lo que las madres han dicho es que unos desaparecidos no son delincuentes, y, si lo fueran, de todos modos, el Gobierno los tienen que buscar.

Esa parte es la que no hemos entendido como sociedad: hay un discurso hegemónico que se replica en los medios de comunicación y que nosotros no lo interiorizamos y lo repetimos. Para mí es muestra de una posición del Gobierno: ‘nosotros no nos queremos involucrar, nosotros no queremos sentir que somos vulnerables a esta situación’

Si nosotros revisamos lo que te dicen las propias mamás después de una desaparición es ‘yo creía que no me iba a pasar’, ‘yo creía que le iba a pasar a otros y no a mí’. Uno se tiene que poner en esa perspectiva: si yo considero que son buenos y malos, yo estoy poniendo un alto, decimos ‘a mí no me va a pasar’. Después puede ser que nos pase porque no tenemos asegurado nada.

¿La sociedad reproduce esos discursos oficiales?

Cuando las familias acuden al Ministerio Público a denunciar la desaparición de su pariente, lo primero que les preguntan es ‘¿en qué andaba?, ¿quiénes eran sus amigos?, y ¿a qué se dedicaba?’. Y cuando nosotros nos enteramos de un caso así, lo primero que se nos viene a la mente es ‘¿en qué andaba, qué amigos tenía? Y de seguro andaba en otras cosas’. Esto no es de la nada.

Si cada uno de nosotros revisa las notas o los informes que da la propia fiscalía y todos los aparatos institucionales, hay presuntos culpables, pero pocos son los casos con pruebas fidedignas que lo resuelvan. Nosotros, como sociedad, no nos damos cuenta de esas cosas y automáticamente lo vemos como un descanso: ‘bueno, desapareció porque en algo andaba y entonces no me va a pasar a mí, porque como yo sí soy bueno, entonces no me va a pasar a mí’. Es como si nosotros nos estuviéramos dando una pastilla de alivio cada vez que vemos este tipo de cosas para cada vez alejarnos más de la situación y creer que no es con nosotros el asunto.

La realidad es que no hay un perfil específico de quiénes pueden desaparecer.

¿Hay diferencias y similitudes entre las desapariciones en Argentina en los setentas y las desapariciones en México ahora?

El caso argentino, y también lo que sucedió en Chile durante la dictadura, tienen muchas coincidencias con lo que pasa en México. Se creó este discurso de los dos enemigos enfrentados y así se justificó este clima de violencia.

En Argentina o Chile se decía que una persona desapareció porque andaba de guerrillero o porque era opositor al Gobierno. En México, ahora tenemos solamente un cambio que dice ‘andaba en el narco’, aunque también se dice que se fue de migrante o con su pareja. Son una serie de actitudes que justifican que no se busque a estas personas.

¿Qué puede hacer, la ciudadanía, frente a las miles de desapariciones?

Ser conscientes de lo que está pasando y también ser conscientes de la labor que están haciendo las familias de desaparecidos en colectivos o individuales, que, me parece, es una de las luchas más importantes y la están dando por nosotros. Lo que ellas están buscando y lo que siempre han dicho es que no se vuelva a repetir.

Si no nos damos cuenta de que, por solidaridad, ellas están haciendo el trabajo que, se supone, ya debería de estar hecho, que debería hacer el Estado, y nosotros seguimos pensando que no es asunto de nosotros, ahí tenemos la primera labor por hacer: entender que esto es un problema de todos porque nadie tenemos asegurado nada.

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