Parlamento de Colonias se enfrentó a 16 constructoras y al ayuntamiento.

Agustín del Castillo/milenio

La disputa por el desarrollo de la ciudad continúa en los juzgados. El Parlamento de Colonias ha dado a conocer esta mañana que ha logrado sortear exitosamente la impugnación interpuesta como terceros perjudicados de 16 constructoras que buscaban echar abajo la suspensión provisional concedida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, y ha obtenido la suspensión definitiva, lo que impide que, durante el juicio, se puedan hacer acciones de urbanización distintas al plan parcial de 2003, el último vigente.

“Se concede la suspensión definitiva de los planes parciales de desarrollo urbano del Distrito Urbano 2 Minerva, Subdistrito Urbano 1 Colomos, Subdistrito Urbano 2 Colomos Providencia, Subdistrito Urbano 3 Country, Subdistrito Urbano 4 Jardines del Country-Atemajac, Subdistrito Urbano 5 Colinas de San Javier, Subdistrito Urbano 6 Circunvalación – Vallarta, Subdistrito Urbano 7 Arcos – Ladrón de Guevara, Subdistrito Urbano 8 Chapalita, Subdistrito Urbano 9 Jardines del Bosque y Subdistrito Urbano 10 Bosques de la Victoria; para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, se abstengan de autorizar u otorgar cambios de usos de suelo, dictámenes de trazos usos y destinos, licencias de urbanización o reurbanización, licencias de edificación o construcción, licencias o dictámenes de habitabilidad y licencias de giros, basadas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano impugnado”, señala la sentencia.

Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias, advirtió que es apenas uno de los tres distritos que se tienen impugnados en el municipio. También admitió que la autoridad municipal y los “terceros perjudicados” tienen recursos legales disponibles, para buscar modificar la suspensión o echarla abajo, pero “será algo que atenderemos puntualmente” para evitarlo.

El juez señala que se emite la suspensión y se deja a salvo el plan de 2003 “en el entendido de que a fin de que no se paralice por completo la actividad administrativa de la materia, y no se dejen de otorgar licencias, permisos o autorizaciones; las autoridades al autorizar los que se soliciten, deberán continuar aplicando la normatividad urbana y los planes que estaban vigentes hasta antes de la aprobación de los planes aquí impugnados”.

Ese plan no establece ninguna posibilidad de desarrollos verticales, que es el tema de la gran disputa que ahora enfrenta a algunos grupos de colonos organizados con las empresas inmobiliarias y el ayuntamiento.

GPE

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