Acusan a Limón por desacato

  • Deben parar la obra en el Cerro del Tesoro, señalan lo quejosos. Foto: Fernanda Carapia
Fernanda Carapia/Mural

Guadalajara, México (18 julio 2018).-
A penas regresó a su cargo como Alcaldesa de Tlaquepaque y María Elena Limón ya enfrenta un conflicto legal.

Justo el 16 de julio, cuando terminó su licencia, Limón recibió una orden judicial para que informe sobre qué acciones ha realizado para acatar una suspensión en el Cerro del Tesoro, oficialmente del Gachupín, de lo contrario, enfrentará un proceso penal y una sanción económica.

“Deben parar la obra en los términos que ordena el juez de no sacar material, no inyectar y respetar lo que queda en el cerro, pero lo hecho debe de ser reparado de doble manera, con el castigo, si ya hay una violación debe ser inhabilitado y proceso, Limón debe ir a la cárcel y eso es lo que estamos promoviendo, independientemente de que se paralice la obra”, comentó Pedro León Corrales, abogado de los vecinos.

Esto, agregó, es independiente de la reparación del daño que se debe hacer, pues desde que se ordenó la suspensión, la empresa constructora de un desarrollo habitacional ha extraído material, inyectado cemento y afectando el cerro.

“Las actividades ilegales desde el año pasado que se realizaron violando una suspensión definitiva deben de regresar al estado que guardaban cuando se les notificó, esto quiere decir que debe demolerse la obra, eso es reparar un daño de manera integral”.

De acuerdo con la resolución del incidente de suspensión 107/2016 promovido por los quejosos, el Ayuntamiento de Tlaquepaque tiene hasta hoy para informar el estado que guarda la suspensión de las obras y las medidas adoptadas para mantener y vigilar el cumplimiento de ésta.

“Cabe precisar que deberá acreditar con constancias fehacientes en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones realizadas a fin de vigilar dicho cumplimiento”, se lee en el documento emitido por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del cual MURAL tiene copia.

Sin embargo, agregó Eduardo Mosqueda, integrante del Instituto de Derecho Ambiental, no podrán comprobar acción alguna ya que no la han realizado.

“No van a poder hacerlo, están violando la suspensión, estamos ante el hecho de evitar un ecocidio y evitar impunidad y que dentro de tres años o menos nos digan ‘no sabemos por qué hubo inundaciones’ eso se está haciendo porque dan autorizaciones en las partes altas de las cuencas”.

Al incumplir, añadió, Limón será sometida a un proceso penal donde se le pueden imponer sanciones que van de 3 a 9 años de cárcel, multas equivalentes a 50 medidas de actualización y la inhabilitación para desempeñar otros cargos públicos.

En la incidencia, se advierte que Limón ha sido requerida en varias ocasiones debido al incumplimiento de la suspensión, sin que haya acciones de la autoridad para hacerla valer.

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