Consiguen amparo contra ampliación

Sin justificación. La Fiscalía General del Estado ha participado en el resguardo del predio en conflicto. (Foto: Especial)

El derecho sobre los predios conocidos como Presa de San José y La Loma Parda, en los que se pretende construir la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, corresponde a los ejidatarios de El Zapote, según se desprende de las suspensiones definitivas que se concedieron en dos juicios de amparo.

Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Pacífico sostiene que esos predios forman parte de la concesión que les fue otorgada y alegan que han tenido la posesión sobre los mismos.

Según documentos en posesión de El Diario NTR Guadalajara, el 11 de abril, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo concedió la suspensión a los representantes del ejido El Zapote sobre “la desposesión” que pretenden ejecutar las autoridades sobre una superficie de más de 50 hectáreas en la Presa San José y de otras 86 hectáreas del “potrero denominado La Loma Parda”.

El ejido sostiene que esos predios forman parte de las 562 hectáreas que les fueron entregadas  en la primera ampliación, el 18 de octubre de 1937, por una resolución presidencial.

De esta forma se prueba que no hay razón para que la Fiscalía General del Estado y la Policía Federal custodien el predio a petición del GAP, señalaron el ejidatario Nicolás Vega y el representante legal de éstos, Maximiliano Lomelí.

La resolución federal señala que se concede la suspensión de plano para que “las autoridades responsables se abstengan de realizar algún acto que tenga por efecto privar total o parcialmente, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo agrario (sic) del poblado El Zapote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la realización de trazo, estacado y desempalme con maquinaria pesada dentro de las tierras del ejido quejoso”.

Las autoridades señaladas en este amparo, que quedó bajo el número 1091/2018, son el gobernador Aristóteles Sandoval, así como el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez, así como las direcciones general de Averiguaciones Especializadas y de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entidad.

Además, el 16 de abril, en el juicio de amparo 1064/2018, se dictó por el mismo juzgado federal una suspensión definitiva a favor de María Antonieta Chávez Larios sobre un lote de 250 metros cuadrados, pertenecientes al ejido El Zapote, “que se encuentran dentro del polígono de las superficie de 50 hectáreas” que forman parte la primera ampliación del ejido. En este caso, la resolución va dirigida a 42 autoridades federales para que “se abstengan de realizar algún acto que tenga por efecto privar total o parcialmente, temporal o definitiva de los bienes agrarios”.

Los ejidatarios presentaron además una denuncia penal contra Sergio Salvador Peña Sánchez, juez Octavo de Control y Juicio Oral de la entidad; Roberto Fabián Avilés Hurtado, agente del Ministerio Público, y contra el comandante de la Policía Federal destacada en el aeropuerto internacional de Guadalajara.

Lo anterior, porque el 31 de marzo, a las 14 horas, elementos armados de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Federal llegaron al predio conocido como Loma Parda o Presa San José. Según relatan los ejidatarios, “nunca se identificaron” y la indicación que tenían era “desposeernos del predio antes mencionado”, con el argumento que tenían “medidas cautelares”.

Esas medidas se refieren a la resolución que dictó el juez Sergio Salvador Peña, en la carpeta administrativa 1106/2018, en la que presuntamente el Aeropuerto de Guadalajara, SA de CV, denuncia al señor David Arturo Esquerra González, quien sería un campesino o ejidatario de El Zapote, por ingresar al predio conocido como Presa San José “ejerciendo violencia sobre las cosas; esto es, derribando la valla, rompiendo candados y la malla ciclónica e ingresando con animales como vacas y perros”, invadiendo los linderos con el aeropuerto.

Los ejidatarios de El Zapote desconocieron a Esquerra González, quien, aseguran, no forma parte de ese núcleo.

Además, sospechan que podría tratarse de una simulación por parte del aeropuerto, ya que el domicilio de Esquerra González está ubicado en la calle Reforma 2727, colonia Circunvalación Vallarta, en Guadalajara. Casualmente, es el mismo domicilio del despacho jurídico Illanesysoto, que son los representantes legales del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Para respaldar estos señalamientos, entregaron a este diario copias de actuaciones de este despacho, donde aparece ese domicilio.

Contexto

Ficha informativa que remitió la Dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del estado a la Secretaría de Gobernación

  •  Al ser dotado por ampliación el ejido El Zapote en resolución presidencial del 18 de octubre de 1937, le ejecutan 562 hectáreas que toman en su totalidad de la ex Hacienda Santa Cruz del Valle. Al ser certificado el ejido, resulta que les fue ejecutado y como consecuencia mantenían en posesión 51 hectáreas del vaso de la Presa Santa José, superiores a lo que les fue dotado en resolución presidencial
  •  El primero de abril de 1982, el señor José Luis Covarrubias y su esposa venden a Aeropuertos y Servicios Auxiliares 177 hectáreas en tres fracciones, adquisición que no tiene como antecedente la ex Hacienda Santa Cruz del Valle y que se sobrepone en 126.2 hectáreas en los ejidos El Zapote y Santa Cruz del Valle
  •  Al haber quedado fuera del ejido 51 hectáreas y al tener el GAP una concesión, dice tener derecho sobre esas hectáreas, que restan al haber sido certificados los ejidos, por lo que toma posesión de esa superficie
  •  El ejido sostiene que aun cuando esas hectáreas no están dotadas, sí les fueron ejecutadas sin que haya sido declarada nula dicha ejecución. Las tierras las tienen en posesión, pues no existió una orden judicial que se las restringiera
  •  El GAP dice tener una concesión y, aun cuando se sobrepone en su mayor parte con los ejidos, sostiene que no ha sido declarada nula. Además que las tierras fueron delimitadas por quienes en su momento integraron los comisariados ejidales, considerando entonces que hubo consentimiento

JJ/I

 

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