Evidencian crisis por desaparecidos

Sin precedente. Es la primera vez que la CEDHJ se pronuncia de esta manera sobre las desapariciones en el estado. (Foto: Jorge Alberto Mendoza)

Entre 2013 y octubre de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 14 mil 19 reportes investigaciones previas o carpetas de investigación por desaparición de personas, 3 mil 206 de ellos en los primeros 10 meses del año pasado.

Este número se desprende del diagnóstico generado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) como base para la recomendación general 3/2018, relativa al derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y cometida por particulares en Jalisco, dada a conocer ayer.

No hay claridad sobre las cifras. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) contabiliza 3 mil 80; la FGE, 3 mil 206, y el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), 3 mil 723. Sin embargo, podrían ser más.

“En nuestro estado se presenta un fenómeno que nos lleva a un subregistro de datos. Simplemente, hace algunos días que se hicieron las tomas de muestras para la identificación de personas desaparecidas, más de la mitad eran personas que no tenían una denuncia. Hay un fenómeno que inhibe que muchas familias den a conocer sus casos. Hay un terror que paraliza y que impide que muchas familias puedan encontrar a nuestros desaparecidos”, expuso Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ.

Con los datos recabados, el organismo defensor elaboró una serie de mapas de tasas de incidencia que revelaron algunos detalles. Por ejemplo, que los municipios con mayor incidencia de desaparición de mujeres son Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.

También se concluyó que sólo 12 municipios no tienen reporte oficial de desapariciones (Mezquitic, Bolaños, Villa Hidalgo, Mexticacán, Cuquío, San Cristobal de la Barranca, Tonila, Zapotlán el Grande, Amacueca, Concepción de Buenos Aires, Jamay y Atenguillo) y en el sur de la entidad se detectó un cinturón de alta prevalencia de desapariciones que incluye a municipios como Autlán (con 56), La Huerta (con 47), Cihuatlán (41), Zapotlán el Grande (33, a pesar de que en otro de los mapas figura como sin reportes), Casimiro Castillo (30), El Grullo (29), Tuxcacuesco (21), San Gabriel (21) y Tamazula de Gordiano (16).

Otra información recogida expone que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó, entre 2006 y octubre de 2017, mil 580 cremaciones y 72 inhumaciones de cadáveres no identificados, argumentando que a todos se les tomaron pruebas que permitieran su identificación posterior, versión que han puesto en duda algunos familiares de desaparecidos.

No los buscan

Aunque las omisiones gubernamentales detectadas por el organismo defensor son múltiples e incluyen malos tratos y revictimización de los familiares, falta de personal especializado en las instancias de procuración de justicia o una carencia de acciones preventivas, la principal queja es simple: las autoridades no buscan a los desaparecidos.

“No encuentran a nuestros hijos porque no los buscan realmente. Nos hemos dado cuenta de que todo son simulaciones y nada más nos dan el apapacho y nos dicen ‘estamos trabajando’, pero realmente no hay ningún resultado positivo”, expuso Leticia Vázquez Camarena, madre de Érika Cueto, quien desapareció en noviembre de 2014 en Puerto Vallarta.

“Ha sido terrible y decepcionante que acudes a las instituciones y te das cuenta de que no van a buscar tus hijos, que solamente lo que hagamos nosotras es lo único que nos podrá dar la esperanza de encontrarlos”, secundó Zonia Griselda Gómez Zúñiga, madre de Jorge Eduardo Martínez Gómez, desaparecido el 20 de febrero de 2016.

Acciones requeridas

El documento, de 238 páginas, incluye 65 puntos recomendatorios (nueve de índole general y 56 de carácter particular) dirigidos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a la FGE, al IJCF, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), a los 125 ayuntamientos del estado y a los legisladores federales por la entidad.

A partir de su presentación, las autoridades señaladas cuentan con 10 días hábiles para aceptarla o rechazarla.

El documento completo poder ser consultado en la página web: http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2018/Recos%20Gral/Reco%20Gral_3%202018.pdf.

Recomendación

Algunos de los puntos

  • . Crear alertas municipales, regionales y estatales para una búsqueda efectiva.
  • . Evaluar el concentrar los servicios forenses en una estructura autónoma e independiente
  • . Prestaciones de servicios de salud a favor de familiares de desaparecidos
  • . Instalar una comisión estatal de búsqueda e integrar un registro estatal de personas desaparecidas y no localizadas
  • . Firmar un convenio de colaboración con estados vecinos para compartir información
  • . Establecer albergues de resguardo para protección de víctimas o sus familiares
  • . Implementar un registro de víctimas indirectas de desaparición y un registro administrativo de detenciones
  • . Elaborar un protocolo especializado para identificación de cadáveres o restos humanos
  • . Establecer un cementerio forense o fortalecer el ya existente
  • . Incorporarse al Banco Nacional de Datos Forenses
  • . Terminar con el rezago en la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación
  • . Elaborar un informe especial sobre desaparición de personas y generar una relación detallada de las fosas clandestinas localizadas en los últimos 20 años
  • . Establecer convenios con compañías telefónicas y satelitales para que proporcionen registros de llamadas, mensajes y datos georreferenciales
  • . Se acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
  • . Disponer de presupuestos para estas medidas

Fiscalía especializada está a la deriva: Fundej

“No tenemos a quién exigir. No tenemos a quién presionar. No tenemos orden. Parece que todo está yendo a la deriva”, expuso la señora Lupita Aguilar, presidente de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), respecto a la labor que ha realizado la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

La instancia inició sus trabajos a finales de agosto de 2017, pero tan sólo dos meses después quedó sin cabeza tras la salida de María Teresa Medina, quien adujo problemas de salud.

Desde entonces quedó a cargo el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes; sin embargo, Aguilar lamentó que “definitivamente” los trabajos de la misma se han visto entorpecidos por los cambios.

“Tenemos desde el 31 de octubre sin cabeza. Este barco no puede caminar sin cabeza. El doctor Dante (Haro) es el encargado y él tiene otra representación. Hay un dicho que dice que al que dos amos atiende, con alguno queda mal. Con nosotros están quedando mal”.

Después de que una convocatoria para nombrar al nuevo fiscal fuera declarada desierta, esta misma semana cerró el periodo de recepción de solicitudes para un segundo intento. Dieciséis personas se mostraron interesadas en ocupar el cargo.

En la primera semana de abril, el Comité de Selección se entrevistará con los aspirantes y el jueves 12 se elegirá al nuevo fiscal especializado. Darío Pereira

Crecen las quejas

En lo que va de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha recibido siete quejas calificadas por desaparición forzada (eventos en los que participaron agentes del Estado), indicó el director de Quejas del organismo, Luis Arturo Jiménez Jiménez.

Con tan sólo tres meses transcurridos, el número es el segundo más alto de la década. Sólo se ve superado por 2014, cuando se abrieron 16 quejas por ese motivo. El año pasado se recibieron tres señalamientos y en 2016, ninguno.

Las siete quejas del año en curso engloban un total de 15 desapariciones ocurridas en Tlajomulco, Villa Purificación, Tecalitlán, Autlán, la carretera Autlán Guadalajara y la colonia El Sauz, en los límites de Tlaquepaque y Guadalajara.

Las autoridades señaladas como presuntas responsables son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía Central, la Fuerza Única Regional, así como las policías municipales de Autlán, Guadalajara y Tecalitlán.

Por otro lado, Jiménez Jiménez expuso que el organismo abrió un acta de investigación por la desaparición de tres jóvenes estudiantes de cine que el lunes fueron privados de su libertad por un grupo armado en Tonalá. Darío Pereira

Sociedad debe hablar del tema

Es invisible el tema de las personas desaparecidas en amplios sectores de la sociedad jalisciense y parte del espíritu de la recomendación de derechos humanos emitida ayer es proyectarlo.

La creación de una conciencia social acerca de la gravedad de las desapariciones de personas es el primer paso para la construcción de la paz y para ello se requiere hablar del tema más allá de los medios de comunicación, planteó la coordinadora de la organización Portavoces de Paz y profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Dolores Pérez Lazcarro.

“Mientras nosotros, nosotras, no nos apropiemos como sociedad que ese dolor de las familias es un dolor nuestro, va a ser muy difícil que se avance dentro de las propias instituciones, que hay que exigir a la fiscalía, al Ejecutivo, a quienes son los responsables, como viene escrito en la recomendación, que hagan su trabajo”, dijo.

“Transmitir el dolor de las mamás, de las hijas, de las hermanas, y lo digo así en femenino porque en realidad ellas son las que están organizadas, también obviamente hay hombres, pero vemos la participación activísima de las mujeres buscando a sus desaparecidos, a sus desaparecidas”.

La sociedad civil debe acompañar la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en la vigilancia de que todas las instituciones cumplan con sus atribuciones para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de las desapariciones y el derecho a la paz que tenemos como seres humanos, acotó Pérez Lazcarro.

También llamó la investigadora a extender la discusión del tema en todos los ámbitos más allá de lo institucional para cimbrar a la sociedad mexicana y cambiar la percepción de que aquellas personas a quienes se denuncia como desaparecidas les ocurrió por estar involucradas en asuntos ilícitos o inmorales, ya que se les revictimiza e incluso ello frena las investigaciones.

Si bien la mayoría de las recomendaciones emitidas corresponden a obligaciones legales del estado en sus distintos niveles de gobierno, parte de la coordinación requerida a los Municipios va más allá de sus atribuciones, pero es la autoridad municipal la más cercana a las víctimas y sus familiares en muchas localidades de la entidad y a ellos corresponde también intervenir, destacó Pérez Lazcarro.

Privan de libertad a tres estudiantes

Sobre el Periférico nuevo, a la altura del fraccionamiento Colinas de Tonalá, el lunes 19 de marzo tres estudiantes de cine fueron interceptados por un comando armado y obligados a subir a una camioneta. Desde entonces se encuentran desaparecidos.

El diario Mural detalló que testigos observaron que los estudiantes se desplazaban en un vehículo por Periférico cuando los interceptó una camioneta de la que descendieron hombres con armas de grueso calibre, con las que amenazaron y obligaron a los alumnos a tirarse al piso y luego a subir al vehículo.

De acuerdo con el diario local, los hombres armados dijeron que eran de la fiscalía, aunque les informaron que es frecuente que los miembros de la delincuencia organizada mientan para lograr sus fines.

Los estudiantes realizaban un cortometraje en la zona donde los secuestraron. Todos pertenecen a la comunidad estudiantil de la Universidad de Artes Audiovisuales.

Los estudiantes desaparecidos fueron Javier Salomón, de 1.80 metros de estatura, originario de Mexicali, Baja California; Marcos Ávalos, de 1.80 metros, de Los Cabos, Baja California Sur; y Daniel Díaz, de 1.70 metros de Tepic, Nayarit.

El familiar de uno de los estudiantes acudió a la fiscalía a denunciar la desaparición de los tres.

Por su parte, la comisaría de Tonalá informó a través de un comunicado que respecto a la desaparición difundida la corporación no tuvo reporte o solicitud de servicio sobre el asunto.

Cuando se enteraron del caso, aseguraron que se pusieron a disposición de los familiares para indagar y aportar información, así como la colaboración que requiera la fiscalía.

 

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