Ven parteaguas en registro de familia

Abren puertas. Valeria y Patricia esperan que más familias obtengan garantías legales. (Foto: Cuartoscuro)

Valeria y Patricia viven juntas desde hace cinco años. En mayo de 2015 se convirtieron en una de las primeras parejas del mismo sexo en contraer matrimonio en el estado y desde entonces desearon tener una hija.

Tras años de planeación, recurrieron a una clínica particular para que Patricia se sometiera a un proceso de inseminación artificial. Así, en diciembre de 2017 nació Mía, su hija.

Ante ello se enfrentaron de nueva cuenta a una maquinaria institucional que, en el estado, no reconoce explícitamente la existencia de familias homoparentales y lesbomaternales a pesar de las resoluciones judiciales que han permitido su reconocimiento legal.

Para obtener el registro de su bebé como hija de dos mamás, los planes originales eran que Patricia la registrara como madre soltera y de forma posterior interponer un amparo para que se reconociera la maternidad de Valeria. Sin embargo, el proceso resultó más sencillo.

“El juez nos explicó que nada más se tenía que comprobar que no había una persona, en este caso un papá, que reclamara la paternidad de la niña. Como todo lo hicimos por medio de una clínica de fertilización, teníamos los comprobantes de la inseminación y todo. Como son detallitos que vamos guardando para cuando la niña crezca poder explicarle de dónde viene, el tenerlos guardados sin querer nos ayudó para que no nos pudieran trabas con el registro”, explicó Valeria.

A esto se añadió el registro clínico de Mía, en el que se aclaraba la urgencia de que se concretara el registro para que pudiera acceder a la seguridad social, y que así los costos de su hospitalización –se encontraba en terapia intensiva toda vez que el embarazo de Patricia fue considerado de alto riesgo– no fueran cobrados a la familia.

Tras esperar que se hicieran las modificaciones necesarias al formato del acta de nacimiento para que en los dos campos de los progenitores apareciera la palabra madre, el 3 de enero, el registro civil de Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque, reconoció a Mía como la primera bebé jalisciense que legalmente tiene dos mamás.

Un paso no sólo importante para Valeria y Patricia, pues consideran que su caso abre la puerta para que más familias con padres LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) obtengan las garantías jurídicas que reclaman.

Aunque se consideran afortunadas debido a que no han encontrado obstáculos ante los trámites que han tenido que realizar en instituciones públicas como el IMSS o privadas como las Afores, son conscientes de que hay sectores de la sociedad que rechazan su modelo de familia y que esto podría generar situaciones complejas durante el crecimiento de Mía, pero es un obstáculo que están dispuestas a superar con la seguridad de tener una familia planeada y llena de amor.

“Sigue habiendo reticencia incluso por parte de la familia, no nada más de la gente ajena, pero para ser honesta yo creo que ya en su momento nos vamos a encargar de esa parte. Ahorita estamos más enfocadas al bienestar de la niña, pues la tenemos con oxígeno en casa y eso nos impide andar en la calle, despegarnos de ella; pero sí me doy cuenta de que incluso en las escuelas ya les hablan a los niños de que existen familias diferentes. Sí hemos hablado un poco del tema mi esposa y yo, incluso desde el embarazo nos poníamos a platicar de cómo le íbamos a hacer, pero yo le decía ‘mira, no te preocupes, ya que se presenten los problemas ya veremos cómo lo resolvemos’. A final de cuentas, hasta ahorita hemos tenido mucho apoyo de la gente que está más cercana a nosotros, de los amigos y la familia que está cerca. Es una niña muy deseada, muy planeada, muy esperada”, concluyó Valeria.

Ante los hechos, la organización Unión Diversa Jalisco urgió a los legisladores estatales, en particular a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Rocío Corona Nakamura, a seguir el llamado emitido en enero de 2016 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se modifique el Código Civil del Estado a fin de garantizar la igualdad legal para las personas LGBTTTI.

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“El juez nos explicó que (para el registro) nada más se tenía que comprobar que no había una persona, en este caso un papá, que reclamara la paternidad de la niña”
Valeria, madre de Mía

JJ/I

 

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