Asociaciones público-privadas requieren una mayor vigilancia

Mientras el director de Imeplan las defiende en ciertos casos, académico del CUAAD considera que son “deuda disfrazada”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 
http://www.agustindelcastillo.com/
La controversia en torno a la pertinencia del modelo de asociaciones público-privadas como un esquema para incorporar dinero de particulares en resolver la falta de presupuesto y la baja capacidad de deuda de los gobiernos locales, y generar proyectos de prestación de servicios e infraestructura, no termina.

Desde perspectivas diferentes, hay algunas coincidencias entre defensores y detractores. El director del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), Mario Silva Rodríguez, considera que es necesario una mayor vigilancia y transparencia para garantizar que cada proyecto bajo estas reglas cumpla sus objetivos y no sea en perjuicio de los ciudadanos (MILENIO JALISCO, 19 de enero de 2018).

Por su parte, el urbanista y arquitecto de la Universidad de Guadalajara, Salvador Dueñas Rodríguez, señala que los proyectos de APP (así se abrevia) son “deuda disfrazada” y además están en la opacidad. Señala el caso del Acuario Michin, en el parque Alcalde, que ha documentado en su tesis de maestría. Las condiciones originales del contrato fueron modificadas, por ejemplo, con la ampliación de 50 por ciento del plazo, y eso es lo que lo lleva a señalar el proyecto como una muestra de abuso. Cuando las primeras condiciones podían haber estado dentro de un margen “legítimo” de utilidad. Es decir, si no hay vigilancia y transparencia, no es difícil que se salgan de control.

No es un problema privativo de Guadalajara. “En el contexto de la actual crisis económica, los gobiernos se encuentran cada vez más presionados para encontrar respuestas rápidas a preguntas difíciles sobre el mantenimiento de los servicios públicos y la financiación de infraestructura. Cuanto más se prolongue la crisis, más aumentará la presión para encontrar respuestas, pero también aumentará el riesgo de olvidar las causas principales: la codicia, la desregulación y la fe excesiva en las empresas privadas […]Las APP están acostumbradas a ocultar el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios. Debemos recordar que las empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir. Este hecho es incompatible con la protección del medio ambiente y el acceso universal a servicios públicos de calidad”.

Lo dice la Internacional de Servicios Públicos (Public Services International Research Unit, Universidad de Greenwich, del Reino Unido), en un informe escrito por David Hall y publicado en 2015. Lo que demuestra es que en todas partes hay controversia.

“La evaluación de varios proyectos de APP implementados evidencia beneficios de eficiencia y calidad en el aprovisionamiento de servicios públicos, aunque también deja entrever que se enfrentan una serie de retos en términos de financiamiento, manejo de riesgos e impactos financieros en el mediano y largo plazo”, apunta por su parte un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dueñas Rodríguez agrega: “no son necesariamente la opción financiera más barata, pero si agregamos que nuestros gobiernos están ahogados en la corrupción, se corre el riesgo que este tipo de contratos estén amañados, favoreciendo al socio capitalista, al que aportar capital o producto, en detrimento de las finanzas públicas”.

El académico trabaja su tesis de maestría sobre los procesos comparados de bienes públicos: el parque Alcalde, el parque Agua Azul y el parque Huentititán.

En el primero, que corresponde a Michin, señala que una dictaminación del ayuntamiento determinó que el proyecto se pagaría en 12 años y se otorgaba el plazo de 20. El contrato final fue a 30 años, lo que da 18 años de utilidades, desmesurado a su juicio. El problema es que no hay opción. Si fuera una carretera de cuota, hay la obligación de mantener una ruta libre para garantizar el libre tránsito sobre una carretera pública. “Pero al privatizar parques y espacios públicos, eso no ocurre, se cancela el espacio y se sujeta a un pago”

La “otra trampa”, a su juicio: “las APP no son contabilizadas en libros, como deuda pública, cuando le pides a un gobierno que se presente sus números para el escrutinio público”. La contraprestación que la administración da por el sostenimiento de un espacio o servicio, “se maneja como gasto corriente”.

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Claves

Esquemas

Empresas y servicios públicos, financiados con dinero fiscal, en el pasado, proveniente de las plusvalías

APP, generadas a partir de necesidades de infraestructura, después pasó a servicios y usos de espacios públicos. Gobierno e inversionista comparten riesgos

Concesiones, el gobierno fija las reglas y paga una contraprestación, el particular invierte y opera

 

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