El auge inobjetable de la ciudad privatizada

Crece la ciudad privatizada: 14 por ciento de los fraccionamientos del área metropolitana de Guadalajara ya están confinados, es decir, con bardas alzadas y calles cerradas; los parques públicos decrecen en superficie por venta directa de espacios, apertura de infraestructura o habilitación de negocios bajo el modelo de “asociaciones público-privadas”; las zonas federales, fundamentalmente lechos de ríos y arroyos, se otorgan en concesión y en varios casos son invadidas por fincas permanentes, como es el caso del centro comercial Plaza Patria, aunque la Ley de Aguas Nacionales no lo permite.

También, la última generación de planes parciales de urbanización en el municipio capital, Guadalajara, cambia la vocación de diversos espacios de propiedad pública del municipio, del estado o de instituciones como la Universidad de Guadalajara (el caso más contundente es el corredor CUCSH-La Normal-Tránsito), para su eventual incorporación al nuevo desarrollo inmobiliario; y en otros casos, cancela equipamientos que tienen la finalidad de proveer servicios a las colonias, bajo el argumento de que están en superficie privada. El vecino Ayuntamiento de Zapopan usa diez terrenos como “moneda de cambio” para financiar un discutido proyecto de nuevo edificio administrativo; al de Guadalajara, el espacio público también le sirve para encauzar planes de redensificación, sin afectar a los miles de propietarios de más de seis mil hectáreas de lotes baldíos, que esperan el momento en que sea mayor el negocio para incorporarse de lleno al sistema inmobiliario: ergo, es la escasa tierra pública la que induce inversiones privadas. El Ayuntamiento de Tlaquepaque dona un amplio fragmento de su única gran área verde, el Parque Central, para compromisos con la UdeG y empresarios locales, aunque cuenta en su territorio con una de las zonas más contaminadas de la conurbación y sus temperaturas promedio son las más elevadas de la ciudad, incluidas recurrentes islas de calor que exponen a riesgo a sus 600 mil habitantes.

Pero lo privado permea otros aspectos de la vida pública: la construcción y operación de la infraestructura para el agua se otorga en concesión a particulares, es decir, acueductos, represas, plantas de tratamiento, generación de electricidad; los servicios de limpia o de alumbrado también son operados por empresas, y no se diga el caso del transporte público, históricamente operado por el “pulpo camionero” y cuyo modelo de modernización es la ruta-empresa y no paraestatales, a diferencia de otras grandes ciudades del mundo. Sin olvidar toda la nueva infraestructura carretera que rodea a la ciudad, incluido el Macrolibramiento, operadas por empresas a cambio de cuotas.

Más allá de la mercadotecnia, no se escribe, entonces, una historia diferente en el caso de esta metrópolis. Son problemas que la ligan a otras grandes ciudades latinoamericanas, donde las elites locales han mantenido el control del territorio y generan en la población, la sensación de haber “secuestrado” todo el espacio público.

Agustín Escobar Latapí, del CIESAS Occidente, en la presentación de la encuesta de percepción denominada “La desigualdad en diez ciudades latinoamericanas”, un levantamiento realizado en los centros urbanos de Guadalajara, Montevideo, Bogotá, Quito, Asunción, Córdoba, Lima, Santa Cruz, Sao Paulo y Valparaíso, destacaba: “la mayoría de los latinoamericanos percibimos ciertas cosas en común: en nuestras ciudades hay una desigualdad que consideramos excesiva, en donde la estructura social tiende a ser percibida como encabezada por un grupo pequeño extremadamente distante de los otros […] el crecimiento del poder y la riqueza de unos cuantos ha sido evidente. Es imposible reflejar a este pequeño grupo en las encuestas de hogares, pero ellos son ampliamente percibidos por el resto de los ciudadanos como beneficiarios de condiciones y privilegios especiales que les han ayudado a acumular riqueza, privilegio y poder, subyugando, comprando o seduciendo con frecuencia a sus gobiernos”.

En el ejercicio, publicado en 2014, a la pregunta: “En términos generales, ¿diría usted que su ciudad está gobernada por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernada para el bien de todo el pueblo?”, la encuesta señala, sintéticamente:

“Sumando las respuestas de todas las ciudades, 77.4 por ciento de los encuestados señaló que su ciudad estaba gobernada por grupos poderosos en su propio beneficio, y solo 18.6 por ciento señaló que a favor de todo el pueblo. Lo que señala una percepción extendida en la región: que existen grupos locales de poder que pesan de manera notable en las decisiones de los gobiernos por sobre la mayoría”.

Pretender que es estado de cosas, ese establishment, ha cambiado para Guadalajara en los últimos dos años, es apelar al auto engaño. La realidad es que mientras las actuales autoridades locales aseguran que lo suyo no se trata de un modelo de privatización (la palabra les produce tal escozor que no dudan en hacer campañas mediáticas para acusar a sus críticos de mentir, e incluso, a la entidad ciudadana más aguerrida, el Parlamento de Colonias, la acusaron penalmente de “extorsionar” a la autoridad… aunque no han ofrecido una sola prueba), hay un expediente de pérdida de predios propiedad pública para dar incentivos a la redensificación que no cuadra con el discurso “progresista”.

El discutido proceso de renovación de planes parciales, que ha culminado con la publicación de los nuevos documentos rectores apenas el pasado 9 de enero, deberá afrontar ese debate incluso en términos judiciales. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, señala que se están analizando los 53 planes, y que se harán observaciones pertinentes dentro de los primeros 90 días, como se lo marca la ley. Subraya una preocupación porque muchos predios públicos, que incluso tenían vocación de área verde (los casos más emblemáticos, Huentitán, El Deán y Arboledas) han sido privatizados, y eso es un “dato duro”: no crece la superficie pública ni la superficie verde porque el territorio para esos usos se reduce. También le preocupa el cambio de equipamientos necesarios para que los núcleos de población tengan acceso a satisfactores básicos para su calidad de vida. “Vamos a revisarlo todo y a puntualizarlo, es evidente que estos planes requieren un análisis de impacto ambiental que no parece haberse hecho”, subraya.

Otro aspecto de la privatización es la modalidad de “asociaciones público-privadas” (APP), sostiene el investigador urbanista de la UdeG, Salvador Dueñas. “Parte de mi investigación de mi tesis para la maestría, tiene que ver con cómo los espacios públicos, áreas verdes y parques se están privatizando […] un ejemplo muy claro es el acuario Michin, que fue construido en un terreno de propiedad pública, en el Parque Alcalde, al que se le restringe el uso en 10 mil a 12 mil metros cuadrados, y solamente a cambio de pagar un boleto las personas tienen acceso a él. El caso es que las APP no fueron concebidas para este tipo de asuntos, son modelos para financiar infraestructura, aunque yo también dudaría en muchos casos sobre si es una opción buena para un gobierno. El caso es que es el modelo que se usó para este negocio,; se generó una comisión dictaminadora, conformada por elementos del ayuntamiento, y esta comisión dictaminó que el contrato fuera vigente por 20 años: los operadores del acuario tendrían el derecho de los ingresos por ese lapso de 20 años, porque se calculó que en doce años se pagaría la inversión, y ocho más serían para las utilidades, lo cual puede considerarse justo. Pero la sorpresa se da en la firma del contrato definitivo: la concesión del espacio público se hace por 30 años, sin mediar explicación”.

A juicio del urbanista, esto es demostrativo del “abuso” con que se está generando la cesión de patrimonio público.

Y por otro lado, está la ciudad amurallada. El urbanista Bernd Pfannenstein señala que alrededor de 9 mil hectáreas de urbe están privatizadas de facto. El caso más extremo es Zapopan, con más de mil kilómetros de calles privatizadas, 540 hectáreas de áreas verdes y 1,400 unidades de vivienda confinada o “cotos”.

“Se deben de desarrollar instrumentos de planeación territorial que consideren el impacto que dicho esquema de ciudad amurallada fomenta, sobre todo, la problemática de la segregación. Seguir con la privatización de espacio público y la construcción de muros será un camino del que pronto no se encontrará la salida y, de continuar el escenario del crecimiento expansivo de las urbanizaciones cerradas, la metrópoli estará en camino a la ciudad amurallada y fortificada, una ciudad cerrada de uso exclusivo, interrumpida de manera significativa e irreversible”, añade.

Para el director del renovado Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, Mario Silva Rodríguez, se trata de diagnósticos catastrofistas porque ni siquiera se ha puesto a prueba el nuevo modelo que Guadalajara ha pretendido echar adelante.

“Yo no coincido en que la ciudad está privatizándose. Lo que sucede es que en mucho tiempo no se tomaron decisiones de infraestructura, de mantenimiento, de mejoramiento urbano en espacios públicos, y lo que tuvimos fue esfuerzos dispersos, desarticulados, desiguales, que nos enfrentan a situaciones simultáneas, a tener que tomar decisiones y a enfrentar los efectos negativos de las decisiones equivocadas”, advierte.

Pide revisar el alto costo económico y en calidad de vida que ocasionó la dispersión, y cómo una vivienda más barata en la periferia no es necesariamente menos cara que una dentro del trazo urbano, por los costos ocultos de la vivienda popular alejada de centros de trabajo, de estudios y de diversión.

“¿Cuál es el mejor modelo de redensificación? Es algo que apenas vamos a poner a prueba; a mí me tocó todavía en Guadalajara un proyecto de vivienda de 500 mil a 750 mil pesos, por la zona de Tetlán, en cercanía con el tren ligero; me resulta muy aventurado decir que es un modelo de gentifricación, me parece que aún no lo podemos afirmar, con los cambios que se han dado en los instrumentos para que esto pase; en particular se ha dado la situación en el tema de El Deán y de La Normal, donde para poder renovar cierta infraestructura pública, en un contexto de municipios que tienen deuda […] la pregunta es cuál decisión de financiación debemos tomar, para tener un equilibrio entre las asociaciones público-privadas, y los presupuesto públicos”-

– Entonces, ¿son las asociaciones público-privadas el mejor mecanismo?

– No necesariamente, pero son el mecanismo que pueden permitir esa renovación urbana, y en donde debe estar centrado el debate es en analizar los instrumentos legales, para que esto no se entregue a empresas o al libre mercado de forma descontrolada, y que si se dé el beneficio.

Admite Silva Rodríguez que hay debates pendientes sobre impuestos de plusvalía y sobre “incentivos” para que los lotes baldíos dejen de ser “engorda” de negocios especulativos, que deberán darse pronto. En particular, considera que Zapopan y Guadalajara ya podrían generar un impuesto especial para que esos predios ociosos paguen más impuestos que los urbanizados. Porque datos del propio Imeplan revelan que hay al menos 20 mil lotes de diversos tamaños dentro de la mancha urbana que podrían ser respuesta a la necesidad de tierra para proyectos… sin continuar con el sacrificio de la tierra pública (ver Expansión urbana: análisis y prospectiva, 1970-20145, en imeplan.mx).

Sea más de lo mismo en materia de negocios privados con bienes públicos, o sea el sacrificio necesario para cambiar la historia, lo cierto es que el área metropolitana vive un proceso que parece en contra de los planeamientos alcanzados apenas en octubre de 2016 en la III Cumbre de ONU Hábitat en Quito, Ecuador, de donde se elevó la crítica a la “ciudad neoliberal”, es decir, dominada por los intereses inmobiliarios, de negocio a corto plazo.

El célebre urbanista catalán Jordi Borja dijo entonces: “La urbanización extensiva y especulativa es la disolución de la ciudad y la ciudadanía”, pero en contraste, “las ciudades compactas y complejas devienen centros gentrificados, reductos selectivos de grupos privilegiados. O, lo que fueron espacios populares, de poblaciones mezcladas o marcados por grandes infraestructuras (puertos, aeropuertos, gran industria) se reconvierten en enclaves, de oficinas, comercios y ‘gente bien’. A veces mal llamados grandes proyectos urbanos […] la cultura ciudadana deviene tribu o individuos atomizados. Son los territorios de la especulación, de los conjuntos más o menos ricos encerrados como en una fortaleza. O conjuntos sociales o informales excluidos de la ciudad”.

NUMERALIA

  • 3,365 km2 cuadrados es la superficie de la ciudad, según el Imeplan.
  • 20 mil ha de lotes baldíos, de tenencia privada, existen al interior de la mancha urbana.
  • Esos lotes no pagan impuesto especial, aunque están claramente para especular con la tierra.
  • 1,000 ha de áreas verdes públicas tiene la ciudad. Desde 1993 este patrimonio no creció. Los planes parciales parecen “legitimar” su decremento.
  • 14 por ciento de la conurbación, es decir, alrededor de 9 mil hectáreas, están privatizadas de facto, en unos 2,500 cotos o fraccionamientos cerrados.

 

Agustín del Castillo

 

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