¡No a militarizar nuestras calles!

Ley de Seguridad Interior amenaza derecho a manifestación: Protestan colectivos en Jalisco

La norma legaliza la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles, sin un marco de transparencia y rendición de cuentas, criticaron ciudadanos que se manifestaron

Por Gloria Reza M./pagina24Jalisco

No al poder del presidente a través de las Fuerzas Armadas “para actuar unilateralmente y sin contrapesos jurídicos ni legislativos donde lo consideren necesario”, porque se violan derechos humanos como la libre protesta, tronaron organismos ciudadanos en el centro tapatío/Foto: Especial

No al poder del presidente a través de las Fuerzas Armadas “para actuar unilateralmente y sin contrapesos jurídicos ni legislativos donde lo consideren necesario”, porque se violan derechos humanos como la libre protesta, tronaron organismos ciudadanos en el centro tapatío/Foto: Especial

La Ley de Seguridad Interior sólo “respalda y profundiza la militarización en curso, que no ha hecho más que recrudecer la violencia”, aseguraron diversas organizaciones y colectivos de la entidad.

La ley, subrayaron, implica “una verdadera amenaza contra el derecho de manifestación y contra las luchas populares”.

Los activistas se dieron cita este viernes en la Plaza de la Liberación para dar a conocer su pronunciamiento, leído por Fernanda Justo, de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores.

En el lugar colocaron un tendedero en el que colgaron hojas tamaño doble carta con las leyendas: “¡No! a la militarización de nuestras calles”. “Nuestra seguridad no depende de Fuerzas Armadas, sino de la comunidad”.

En las mismas hojas dieron a conocer las “10 amenazas graves” de la Ley de Seguridad Interior, como “las ejecuciones extrajudiciales en México”.

Los inconformes portaron pancartas con la frase “no a la militarización”, y entre los transeúntes y asistentes repartieron volantes donde explicaron por qué su rechazo a la Ley de Seguridad Interior, también expresado en días anteriores por organismos nacionales e internacionales.

Fernanda Justo resumió que la norma “legaliza la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles, sin un marco de transparencia y rendición de cuentas, ni mecanismos que garanticen el respeto a derechos tan esenciales como la libertad y la vida de las personas”.

Además, agregó, otorga todo el poder al presidente y a las propias Fuerzas Armadas “para actuar unilateralmente y sin contrapesos jurídicos ni legislativos donde lo consideren necesario”.

A nombre de diversas organizaciones, entre ellas Cuerpos Parlantes y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), pidió se “dé marcha atrás a esta ley, pues consideramos que la vía para contener y erradicar la inseguridad no es la militarización del país, sino acciones y estrategias diversas que involucren a la propia población”.

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