CAÑADAS DE OBREGÓN, UN EJEMPLO PARA DOCUMENTAR LA CORRUPCIÓN

Miguel Ángel Casillas Báez /Desde Temaca.

La corrupción, práctica imperceptible entre quienes comparten actividades políticas en la administración pública, es mucho más evidente en los gobiernos con posibilidades para operar a favor de proyectos que resultan en grandes negocios; los empresarios se coluden con los políticos, a veces se confunden los papeles y los personajes, y en otras ocasiones, no muy raras desafortunadamente, se intercambian las personas a través de esos mecanismos conocidos como “puertas giratorias” entre empresas y administración pública. Los políticos, en los niveles administrativos de gobierno, otorgan los permisos a los empresarios; o bien, las facilidades para su operación sobre todo cuando afectan bienes comunes; también pueden mantener un contubernio bajo la forma de inspección. Pero los grandes negocios tienen una temporalidad por encima del corto plazo que cubren en la administración pública. En el corto plazo y desde la administración pública, los negocios que deben cubrir requisitos legales. Así, no es raro que primero se instalen y después comiencen con la rebatinga de la burocracia a sabiendas de que en el largo plazo irá cubriendo, en cada momento, todos los requisitos para operar. En la peor de las circunstancias, recaerán multas que luego pueden negociar los empresarios con los políticos a cambio de favores. En la mejor, puede negociarse con la autoridad: unos necesitan favores de otros.

Políticos y empresarios apuntan y aprueban los grandes negocios y, apoyados en políticas públicas y con definiciones unívocas de conceptos como desarrollo, progreso, sustentabilidad, en el largo plazo utilizan estratagemas de negociación entre los niveles de gobierno y en las relaciones empresario y político. El caso es, para ilustrar lo primero, que los grandes negocios son provistos de legalidad después de que comienzan a operar, de forma que son las negociaciones entre los niveles de la administración pública quienes definen la legalidad de las partes para, presumiblemente, llegar un día a legalizar todo el negocio. ¿De qué estanos hablando con todos estos síntomas? De corrupción, claro está. Por ejemplo: el sistema El Zapotillo involucra actores políticos y empresariales. Entre los políticos, de los distintos niveles de la administración pública: regidores que deberían representar a los afectados en Temacapulín y el alcalde de Cañadas de Obregón –también de Yahualica y Mexticacán-, funcionarios del gobierno estatal, miembros vitalicios de la Comisión Estatal del Agua y de la Comisión Nacional del Agua y legisladores. En 12 años de protesta por la amenaza de desplazamiento y desaparición forzada, el movimiento social que defiende a Temacapulín ha conocido políticos llenos de contradicciones, que se autodescalifican, funcionarios que –bajo el juramento de cumplir la ley- son ejemplos rampantes de delitos nunca sentenciados y por tanto son cáncer vivo de la impunidad. Son conductas que alimentan a la corrupción.

Entre todos, el alcalde de Cañadas de Obregón rebasó durante el año de 2017, pero con mucho, la capacidad que tiene un político de bajo nivel para El Zapotillo, como es el municipio, para caer en contradicciones, de mentir, de simular y con ello de traicionar a un movimiento con relevancia internacional como es el que defiende el asentamiento de uno de los poblados emplazados en sitios de antigüedad prehispánica, como es Temacapulín, desgraciadamente en el municipio de Cañadas de Obregón. Con apariencias, simulaciones, engaños y falsedades, el actual alcalde de Cañadas de Obregón, profesor Jaime Gustavo Casillas Vázquez, ha llevado una conducta que ahora tendrá que juzgar la opinión pública: en enero de 2017 prometió defender a Temacapulín, a no otorgar permisos ni dar facilidades para que operara El Zapotillo; abrió los cajones de su oficina para ofrecer información de forma tal que, con una solicitud sencilla de por medio, todo lo que la administración pública municipal tuviese, pudiera ser objeto de escrutinio de los interesados. El alcalde de Cañadas, profesor Jaime Gustavo Casillas Vázquez, como todos sus regidores, de manera solemne juraron cumplir y hacer cumplir la ley, independientemente de estos actos simpáticos de política barata con los que el profesor Jaime Gustavo Casillas Vázquez, alcalde de Cañadas comenzó el año 2017. Hoy, en diciembre de 2017 y casi por concluir el periodo, el alcalde se ha destacado como farsante, máscara de la evidente de corrupción.

En una reunión con vecinos de Temaca, el 27 de enero de 2017, que tuvo lugar la oficina del alcalde de Cañadas de Obregón, profesor Jaime Gustavo Casillas Vázquez, este funcionario se comprometió muy formalmente, empeñó su palabra para apoyar la defensa de Temaca; si era necesario, no daría permisos para ninguna construcción en la presa y menos para el paso de el acueducto. Ofreció toda la información de que se dispusiera en la presidencia, no sólo de su periodo sino también los archivos históricos y legales, de manera abierta y sin problema alguno. Resultó mentiroso y gravemente amnésico. Dos semanas antes, el 5 de enero de 2017, el profesor Jaime Gustavo Casillas Vázquez, señor presidente de Cañadas firmó tres permisos: uno, para construir la planta potabilizadora, la disposición final de lodos de la presa El Zapotillo y dos plantas de bombeo. Es falsa la apertura a la información, pero hasta hoy en día el alcalde no ha respondido a preguntas sobre temas de investigación de la prensa que cuestionan el trabajo y la responsabilidad administrativa de empleados municipales. Ahora revisaré el contenido del acta de sesión ordinaria de Ayuntamiento, la número 25, que realizaron los ediles de Cañadas de Obregón el 26 de septiembre de 2017. Tengo una copia de ese documento oficial. No llegó a la prensa como concesión gratuita de Cañadas de Obregón; de una inesperada apertura informativa o declarada simpatía con la transparencia del gobierno municipal de Cañadas. Pero nada más alejado de la realidad. La consiguió un aliado de Temaca, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario –IMDEC, AC- por medio del portal de transparencia.

El documento oficial resulta ejemplo múltiple de engaños y simulaciones, de corrupción para decirlo claro el acta de la reunión de Ayuntamiento de Cañadas de Obregón realizada en la Casa de la Cultura de Cañadas desde las 11 de la mañana del 26 de septiembre de 2017. La sesión número 25 de ese Cuerpo Edilicio encabezado por el profesor Jaime Gustavo Casillas Vázquez. Será suficiente con describir lo que dice el acta. Ahora bien, fui testigo de esa reunión y a mi juicio el acta resulta una versión formalizada por escrito de lo tratado en la reunión pero que dista del contenido de la sesión oficial. Una cosa es la que hablan, la que exponen y otra es la que aparece en la redacción. Dista lo que se dice con lo que se firma, dista lo que se acuerda en la sesión con lo que se redacta en el documento oficial. Incluso, en todos los puntos tiene como estribillo que “luego de análisis”, cuando los regidores no analizan nada, incluso la aprobación o desaprobación de un punto es inducida por quien lo expone, generalmente el alcalde, quien tiene control de todos los regidores. Ninguna oposición, a pesar de que hay representantes del Partido Acción Nacional que mucho podrían inquirir. No lo hacen. Pero sí cobran sueldo y es otro asunto.

Las videograbaciones señalan que no hay análisis; lo que se ve, lo que hemos visto quienes asistimos en más de una ocasión a las citadas reuniones de la autoridad municipal en Cañadas, es la falta de cuestionamientos a los que proponen un punto de acuerdo. La mayoría de los regidores cañadienses son regidores callados, cuando mucho porque ignoran de lo que habla. Son regidores sometidos. Inducidos por quien presenta las propuestas. Y en la atención a los ciudadanos, a quienes se les recibe en reunión de Ayuntamiento como si fuera audiencia pública, no hay tratamiento de sus asuntos en el orden del día, pero tampoco se le da formalidad a lo que se está hablando y a los acuerdos que se establecen, aunque estén dentro de una sesión formal de gobierno. Lo dicho en la reunión, con constancia videograbada, no es ni con mucho lo que se trata en el acta.

Fui testigo de aquella reunión de Ayuntamiento del 26 de septiembre de 2017. El alcalde propuso a los regidores que se reconociera al Gobierno de Jalisco, por medio de la Comisión Estatal del Agua, para que escrituren el predio de Talicoyunque a los vecinos de Palmarejo y Temacapulín que aceptaron tranzar su propiedad en zona presumiblemente afectada por El Zapotillo a cambio de ubicarse en el predio, que por cierto está clausurado por los Tribunales. Los regidores le aceptaron la propuesta al alcalde, quien movía un legajo de hojas impresas en la mano que le envió la Comisión Estatal del Agua, induciendo a desalentar cualquier cuestionamiento. Más bien propició voces emotivas pero muy desinformadas y hasta ignorantes de las consecuencias legales de su acto como autoridad. La regidora de Temaca, argumentó que los que tranzaron con el gobierno son “pobrecitos, ellos que culpa tienen”. Que reciban su propiedad, aunque el predio esté clausurado ¡si señor! Es que el gobierno se ha visto obligado a tranzar de manera irregular con los terrenos del predio Talicoyunque, para desplazar habitantes de la zona en la que intentan retener agua para la presa El Zapotillo, como es el caso de Palmarejo. También con vecinos de Temacapulín han tratado por casas a cambio de terrenos en Talicoyunque. Los regidores de Cañadas de Obregón en aquella reunión número 25 de Ayuntamiento, con fecha del 26 de septiembre de 2017, acordaron que el gobierno de Jalisco pudiese escriturar terrenos de Talicoyunque. Pero lo que dice el acta de Ayuntamiento es otra cosa muy distinta a lo que trató en la reunión, basta con revisar la videograbación de esa reunión para obtener la clara simulación: en el acta, los regidores firmaron por la convocatoria para un nuevo lugar llamado Temacapulín. Es un intento político, aunque fallido legalmente, pero la postura muy firme de simpatía con el desplazamiento de los habitantes.

Según el acta, el alcalde propuso “la aprobación para la elaboración del proyecto del programa del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, y la creación de la Comisión en Materia de Planeación Socioeconómica, Urbanización y Edificación, para efectos de coordinar la consulta pública, a fin de promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad para la elaboración del proyecto de programa del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín”. Dice el acta que el Ayuntamiento, por supuesto incluida la regidora Catalina Mejía Alvarado que representa a Temaca, aprobó “la realización de foros de opinión con los sectores organizados de la sociedad a fin de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas al diagnóstico y a la evaluación del programa vigente; promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad para la elaboración del proyecto de Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín”. Buscarían, con el acuerdo de Ayuntamiento, cumplir con la fracción tercera del artículo 98 del Código Urbano de Jalisco “en término se cita y se aprueba se confiera el término de un mes, contando a partir de la fecha en que se publique la convocatoria, a los interesados para que formulen por escrito los comentarios, críticas y proposiciones concretas que consideren oportunos”.

Hasta el 26 de octubre de 2017, el mes siguiente al acuerdo de Ayuntamiento del 26 de septiembre de 2017, no hubo convocatoria a grupo social alguno en Temacapulín: ni a los hijos ausentes, ni al Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, ni a los jugadores de béisbol acaso como grupo social organizado. Eso sí, el otro grupo social organizado en Temacapulín son todos aquellos vecinos que ya tranzaron con el gobierno para internarse en Talicoyunque, algunos son trabajadores del gobierno municipal, de manera que se complica la convocatoria para desplazar de manera forzada a unos y acceder a darles el fraccionamiento de sus sueños a otros a quienes ya les urge irse del actual Temacapulín.

Queda cada vez más claro que el intento por el alcalde de Cañadas, Jaime Casillas, es para remediar los huecos legales que el gobierno ha cometido en su intento para desplazar a los pobladores de Temacapulín. Ofende el alcalde a las inteligencias, ofende a la lucha y la defensa por el sitio donde está emplazado Temacapulín, ofende a quienes han luchado en contra del gran monumento a la corrupción que se llama Sistema El Zapotillo. Ofende, porque como autoridad obedece a quien tiene arriba de la pirámide en los niveles de gobierno pero desoye a sus gobernados, a quienes representa. Ofende su descaro abierto por los intereses en contra de Temacapulín. Ofende, porque el alcalde no está en tiempo de lanzar un Plan de Desarrollo Urbano y con el acta de sesión de Ayuntamiento del 26 de septiembre de 2017, viola el artículo 114 del Código Urbano de Jalisco que dice que los planes de desarrollo deben ser aprobados durante el primer año del ejercicio de gobierno, sólo revisables cada tres años. Al gobierno de Cañadas de Obregón le quedan 10 meses de los 36 meses del periodo constitucional. Va en el mes 26 y ahora le dieron ganas de modificar los planes de desarrollo. Así, pues, el gobierno de Cañadas se destaca en la sobresaliente corrupción, demostrando que para ser un político corrupto no es necesario robarse el dinero público, también con mentiras, falsedades, simulaciones, dobles discursos y faltando a la legalidad. Esa es una buena manera de ser corrupto.

Anuncios