Presentan queja en CEDHJ por acueducto Chapala-GDL

(Foto: Jorge Alberto Mendoza)

Desde hace 25 años un terreno de propiedad privada “está siendo utilizado por el gobierno del estado para el Acueducto Guadalajara-Chapala, desde que se construyó, y al día de hoy no les han hecho un pago o indemnización por la utilización de ese predio”, indicó el abogado Mauricio Virues Carrera, quien junto con sus representados acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) a presentar una queja por tal situación.

Son cerca de ocho mil 500 los metros invadidos por las autoridades, sostuvo Mario Villaseñor Ayala, quien se presentó como uno de los dos propietarios. “Es más de 35 por ciento del predio que teníamos. Inclusive nos partieron por mitad el terreno”.

El hombre de la tercera edad abundó que fue seis meses después de que iniciaron los trabajos cuando ellos se percataron de los hechos porque al lugar iban ocasionalmente. Luego pasaron alrededor de 10 años en trámites administrativos para pedirle al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y a la Secretaría General del Gobierno de Jalisco una indemnización.

“Pero se pasan la bolita. Que ellos no son los responsables. Que vaya al Siapa; voy al Siapa, no que ellos no, que a Gobernación, que el Gobierno del Estado; voy al Gobierno del Estado…o sea. Tengo todos los oficios, yo creo que son unos 15 en todos los lugares del gobierno que hemos ido y si nadie dice que no nos paga, pero tampoco nadie dice que sí nos paga”, lamentó Mario Villaseñor.

“Hicieron un avalúo personas del mismo Siapa, avalúo que me cobraron por cierto, y en aquel entonces, hace 12 años estaba valuado en 250 pesos el metro. No sé en cuánto esté valuado ahorita”, refirió el quejoso.

Pedían “moche”

Cuando el finado Héctor Pérez Plazola estuvo en el gobierno del estado, en el sexenio del gobernador Francisco Ramírez Acuña, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), se le giró una orden al entonces titular del Siapa para atender el problema.

“La verdad me molesté bastante porque dije ¿aparte de que me quitan un predio, todavía me piden moche?, no se vale´”. El intento de soborno fue por parte del entonces funcionario Antonio Aldrete, señaló directamente el afectado.

Años después, se espera que la CEDHJ atienda la queja, pues en gestiones directas con el Siapa y el Ejecutivo Estatal continúan estancadas. “Está vulnerado el derecho a la propiedad privada, que es un derecho humano tutelado por la Constitución y por tratados internacionales”, indicó Virues Carrera.

En cuanto a la indemnización “no existe una cifra definida”, apuntó el abogado, quien aclaró que no están en contra del acueducto “porque es una obra de interés público, no podríamos suspender el flujo de agua, por ejemplo, desde luego que tiene que seguir funcionando en beneficio de la ciudad. Lo que se está pidiendo es que se lleve a cabo la reparación para los señores”, abundó el abogado, quien dijo que de momento no tienen contemplado llevar el tema a tribunales.

EH

 

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