Minería y megaproyectos son causas de agresiones

Perjudicados. La comunidad wixárika perdió en este año a dos integrantes destacados. (Foto: Grisel Pajarito)

Jalisco destaca como la novena entidad con más violaciones ejercidas contra defensores de derechos humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según se desprende del informe titulado La Esperanza no se agota y dado a conocer por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

El documento, que busca documentar la situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la actual administración federal, recoge que desde diciembre de 2012 se han presentado 302 casos de agresiones de diversas índoles en 30 entidades del país, 11 de las cuales ocurrieron en Jalisco.

Éstos se han dado principalmente en los rubros de defensa del territorio, minería y cuestiones relacionados con megaproyectos.

“Los estados que presentan mayor incidencia en violaciones a los derechos humanos y delitos contra personas y colectivos ligados a la defensa de la tierra y el territorio son: Chiapas (24), Oaxaca (24), Jalisco (10) y Chihuahua (8) (…) El registro que tenemos de casos relacionados con megaproyectos abarca 21 entidades federativas, de las cuales Oaxaca tiene el mayor número de casos documentados, representando 20 por ciento (13). En Jalisco, de lo que conocemos, se registra el 11 por ciento (siete), mientras que en Chiapas, Puebla, Chihuahua y Sonora registramos 7.5 por ciento (cinco en cada entidad) de los casos en cada uno”, se expone en el documento, aunque no se hace un desglose explícito de megaproyectos como la construcción de la Presa El Zapotillo y el acueducto para llevar el agua desde ésta hasta León, Guanajuato.

Respecto a proyectos mineros, se documentaron un total de 18 violaciones de los derechos humanos de los defensores en todo el territorio nacional. De ellos, tres tuvieron lugar en Jalisco, cuyas mineras se han asentado principalmente en zonas limítrofes con Colima, como en Cuautitlán de García Barragán –uno de los municipios más marginados del estado–. El informe resalta que con frecuencia las mineras enfrentan la oposición de las comunidades “debido a las violaciones que provocan a sus derechos económico, sociales, culturales y ambientales”.

En el recuento de los 30 defensores y defensoras “ejecutados extrajudicialmente y asesinados durante 2017”, existen tres casos acontecidos en Jalisco: el de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, miembros de la comunidad wixárika involucrados en la recuperación de tierras, a quienes un grupo de desconocidos dio muerte el 22 de mayo; y el de Gerardo Corona Piceno, quien buscaba a su hermano desaparecido en 2012 y señalaba como presuntos responsables de funcionarios de Ixtlahuacán de los Membrillos y que fue asesinado el 20 de abril a las afueras de su domicilio en la colonia Jardines de la Cruz, de Guadalajara.

A nivel nacional, el informe resalta un repunte en la criminalización de la protesta social, se contabilizan 90 mil 694 asesinatos relacionados con la estrategia de seguridad emprendida y se señala un aumento de los feminicidios.

NÚMERO

3 agresiones contra defensores ligadas a proyectos mineros se dieron en Jalisco

JJ/I

 

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