Quitan ‘a la mala’ casas en Zapotillo

Exilio. Los pobladores luchan para quedarse en sus hogares. (Foto: Jorge Alberto Mendoza)

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) presentó el informe sobre despojos y desalojos forzados en las comunidades de Acasico y Palmarejo por parte del gobierno del estado.

El 29 de junio, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció su respaldo a la cortina de 105 metros de altura de la Presa El Zapotillo, luego de revisar los resultados de los estudios que realizó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), lo que implica la inundación de esos dos pueblos y de Temacapulín.

Los representes, activistas y pobladores de las tres comunidades aseguraron que la asociación México Sustentable engañó a los pobladores para aceptar las reubicación, pues de no hacerlo “serían expropiados y se quedarían sin nada”.

No obstante, al aceptar los términos, los pobladores de Acasico obtuvieron una vivienda sin servicios básicos como agua potable, drenaje, transporte público ni de salud. Además, las familias reubicadas todavía no tienen escrituras ni se ha restituido el patrimonio que cedieron.

María González, del Imdec, expuso que el gobierno estatal dispuso de dos asentamientos: uno en Talicoyunque, en Cañadas de Obregón, dispuestos para Temacapulín y Plamarejo; y el otro, un predio conocido como Nuevo Acasico para la comunidad original, para el que los vecinos cedieron en las negociaciones y demolieron sus casas.

En el caso de Talicoyunque, Claudio Figueroa Domínguez, integrante del Imdec, explicó que tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón no argumentaron la situación legal del predio y ni siquiera se han puesto de acuerdo con su nombre, lo que complica más la obtención de las escrituras.

Talicoyunque tiene 35 casas sin servicios básicos. De éstas, solo ocho están habitadas. Los que se quedaron, según denunciaron, tienen vigilancia las 24 horas del día y no pueden tener visitas.

La irregularidad incurre en la falta de permisos, que afectaría a los vecinos que ya se mudaron, pues no cuentan con respaldo jurídico para ser propietarios.

En el caso de los pobladores de Acasico, Figueroa Domínguez explicó que la asociación operadora de Conagua, México Sustentable, presionó a los vecinos para abandonar su casa y lugar de trabajo sin considerar la pérdida de ambos, así como marginación y seguridad alimentaria, condiciones que padecen en la comunidad receptora denominada Nuevo Acasico.

Don Ezequiel, quien dijo haber aceptado las condiciones planteadas por México Sustentable, también señaló: “Nos engañaron”. Relató que la asociación obligó a aceptar el trueque con la excusa de que, si no lo hacían, su comunidad sería inundada y perderían todo.

María González expuso que mientras la clase política se enfrasca en debates sobre los argumentos técnicos de la resolución de la UNOPS, se deja de lado la vida de las personas y el drama de los habitantes que son acosados para desalojar las tierras que habitan y trabajan.

Denunció que el gobierno del estado anunció el desplazamiento de un comando especial encabezado por Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para los procesos de reubicación hacia los asentamientos dispuestos, aunque para el Imdec suena más a términos militarizados para el desalojo forzado.

Gabriel Espinoza, padre de la comunidad de Temacapulín, explicó que en el proyecto de la Presa El Zapotillo que pretende inundar los tres poblados no se consideró el patrimonio natural de la zona, “no ven que al inundar los tres pueblos también afectará a la región de los Altos”.

“Respeten nuestra forma de vida”, dijo, y consideró que la región que surca el río Verde tiene más de mil 400 años, “desde entonces tenemos nuestra casa y desde hace poco nos afectan políticos transitorios y empresas voraces, exigimos justicia”.

35 casas sin servicios básicos tiene Talicoyunque

JJ/I

 

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