La letra chiquita de la consulta bicicletera

Por Diego Petersen diego.petersen@informador.com.mx/ El Informador

 

Los resultados de la consulta sobre la ciclovía de Marcelino García Barragán no podían ser mejores para las instituciones: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) salió perfectamente librado, con alta afluencia, datos inmediatos gracias a las urnas electrónicas y un resultado que no lo enfrenta con el Ejecutivo. Para el Gobierno de Jalisco el resultado es favorable por donde se vea. Ganó el “Sí” a la ciclovía por un amplio margen, lo que dejó a salvo al gobernador de haber tenido que imponer una decisión si hubiese ganado el “No”. Incluso a la UdeG y al Ayuntamiento de Guadalajara les salió bien pues un resultado adverso les hubiera obligado a tomar partido.

Más aún, la contradicción de haber aceptado una consulta solo con la solicitud de las colonias vecinas a la ciclovía (bastaron 49 firmas para lograrla) pero tener que aceptar votos de toda la zona metropolitana quedó zanjada porque el voto de los vecinos fue a favor: seis de cada diez la apoyaron. Si el resultado hubiese sido favorable solo gracias al voto de los habitantes de otras colonias, la contradicción habría sido terrible. Pero hasta eso les fue favorable.

Pero antes de que las instituciones canten victoria vale la pena revisar la letra chiquita del mensaje, lo que hay de fondo en esta consulta.

La primera y obvia es que si los vecinos recurrieron a esta estrategia es porque no fueron escuchados. Las autoridades, tan dadas a hablar y tan renuentes a escuchar, creen que cuando ellos hablan el mundo se transforma, que basta que el político o el funcionario emita una sonora declaración para que todos se den por enterados y, peor aún, para que todos estén de acuerdo. Socializar no es informar (aunque la mayoría de las veces ni a eso llegan); socializar es escuchar, dialogar y sobre todo tomar en cuenta las opiniones de los afectados. Nadie como ellos sabe cómo usar el espacio público. Puede ser correcto o incorrecto lo que hacen, pero la modificación de hábitos, usos y costumbres nunca es un proceso inmediato.

Segundo, nunca es una buena idea consultar sobre una obra terminada o en proceso. Las autoridades deben acostumbrarse a consultar antes. Esto puede traer un retraso en el calendario de obras, pero como dice un buen amigo, mientras sean rayas que opinen lo que quieran; cuando son ladrillos cada cambio es costosísimo.

Tercero. ¿Debemos cambiar la ley para que la consulta pública no pueda hacerse cuando se trata de derechos? Eso puede terminar en un embrollo, porque ser consultado y emitir una opinión sobre lo que nos afecta es también un derecho. No son pocos los derechos humanos que se contraponen y en esos casos lo único que funciona es el diálogo, la cordura y la buena fe. Lo que necesitamos es que los mecanismos de protección de derechos se den con anticipación.

 

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