Matan a huicholes por falla policiaca

Desprotegidos. La comunidad apenas comienza a ver mayor vigilancia, luego del asesinato de Miguel y Agustín Vázquez Torres. (Foto: Grisel Pajarito)

Las Policías municipal y estatal fallaron en dar seguridad a los habitantes de Tuxpan de Bolaños. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 31/17 al Ayuntamiento de Bolaños e involucra a la Fiscalía General del Estado (FGE) para resolver la deficiencia de seguridad pública que afecta a la comunidad wixáritari en Tuxpan y que derivó en el asesinato de los líderes comunitarios Miguel y Agustín Vázquez Torres.

Según la Tercera Visitaduría, la Policía municipal intervino en una discusión entre Miguel y sus agresores, pero liberó a los involucrados sin investigar; después, los oficiales se fueron de la comunidad a pesar de la tensión que presenciaron; y finalmente fallaron en guardar indicios después de los homicidios, así como en encontrar a los responsables.

“En estas comunidades no se ha logrado garantizar la seguridad pública ni con la presencia de policías del estado, ya que hasta antes de este hecho acudían esporádicamente sin lograr brindar la seguridad integral que el pueblo requiere”, enfatiza la recomendación.

La capacidad de la fuerza pública municipal es insuficiente, pero además la fiscalía falló en instalar bases de la Policía estatal en Mesa del Tirador y Tuxpan.

No fue sino hasta después de los homicidios que hubo más presencia de la FGE. “A partir del 21 de mayo provisionalmente se ubicaron en Tuxpan de Bolaños; en estos días nos acaba de confirmar el fiscal general de instalar ya la base en Mesa del Tirador, que ya va a estar permanente”, aclaró el gobernador tradicional de Tuxpan de Bolaños, Venustiano Vázquez Navarrete.

El dirigente explicó que luego del asesinato de los dos líderes hay más patrullaje, “ya han calmado las amenazas porque, anteriormente, a los que encabezamos la defensoría de nuestros territorios recibíamos amenazas en nuestros celulares”.

Sin embargo, recordó que la necesidad de seguridad pública ya había sido expresada antes de que mataran a Miguel y Agustín, “antes del acontecimiento nosotros estábamos siempre solicitando presencia de la seguridad pública en cuestiones de apoyo para, sobre todo, cuando se dan las ejecuciones de tierras; entonces es cuando mayor peligro nosotros enfrentamos porque nos tenemos que trasladar de seis a siete horas de nuestro origen al lugar donde se hacen las ejecuciones” de entrega de tierras.

El gobernador wixaritári aclaró que las Policías estatales de Nayarit y Jalisco pierden jurisdicción en las tierras de la disputa, por lo que se considera la presencia de la Policía Federal o del Ejército.

Ahora, los habitantes de Tuxpan esperan que se cumplan las recomendaciones.

La CEDHJ también pidió reparación integral del daño a los familiares de Miguel y Agustín, así como resolución definitiva a los problemas agrarios de la comunidad.

 

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