¡Tapatíos van por la cabeza del alcalde!

“Alfaro desacató la ley, es soberbio, ignorante, insolente, debe ser inhabilitado”

Buscarán que el alcalde de Guadalajara sea inhabilitado de su cargo por pisotear suspensiones otorgadas por tribunales además de mandar a los policías tapatíos a arrestar y amedrentar a los inconformes con el reinicio de las obras en el lugar, tronó el abogado de los quejosos

Por Rafael Hernández Guízar/pagina24Jalisco

“No tenemos la culpa que habiendo una solución técnica no se haga, la ignorancia y la soberbia de la autoridad lleva a incumplir la ley general de asentamientos humanos, que dice que no se puede disminuir un espacio destinado a parque”, tronó Pedro León Corral, abogado de los vecinos afectados por el vaso regulador en San Rafael/Foto: Rafael Hernández Guízar

“No tenemos la culpa que habiendo una solución técnica no se haga, la ignorancia y la soberbia de la autoridad lleva a incumplir la ley general de asentamientos humanos, que dice que no se puede disminuir un espacio destinado a parque”, tronó Pedro León Corral, abogado de los vecinos afectados por el vaso regulador en San Rafael/Foto: Rafael Hernández Guízar

Vecinos del Parque San Rafael en Guadalajara buscarán que se inhabilite al alcalde tapatío Enrique Alfaro por el desacato en que incurrió para construir el vaso regulador que destruye las canchas de beisbol de este recinto.

Tras reanudarse los trabajos de obra en le parque el pasado viernes por trabajadores del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) con apoyo del ayuntamiento tapatío, Pedro León Corral, abogado de los vecinos y presidente del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), aseguró ayer en rueda de prensa que el alcalde incurrió en desacato y que esto podría atraerle la inhabilitación política, algo que mañana mismo se promoverá ante el Congreso del Estado.

“Hay desacato de la autoridad, tanto del SIAPA como de Alfaro y eso lo vamos a hacer valer porque a una suspensión que no haya sido incumplida por el quejoso, está vigente y nosotros podemos acreditar que el plazo no ha corrido y el juez lo deberá de cumplir, pero un error no puede modificar un hecho, una suspensión no pierde vigencia si nisiquiera ha corrido el plazo para pagar una garantía y esto es algo técnico, y yo insisto, hay desacato”.

Y siguió: “¿Cuál es la prisa de Alfaro?, porque nosotros no tenemos la culpa que habiendo una solución técnica no se haga, la ignorancia y la soberbia de la autoridad lleva a incumplir la ley general de asentamientos humanos y que dice que no se puede disminuir un espacio destinado a parque, eso es también materia de amparo, ahí está el fondo, un gobernante soberbio, ignorante, insolente, y violador sistemático de la ley y con tráfico de influencias para obtener favores de un juez de distrito ineficaz y lo menos que podemos decir es que está incumpliendo su función”.

Pedro León Corral aseguró que la permisividad del alcalde para que los elementos de la policía municipal actuaran contra los vecinos tendrá serias consecuencias no sólo contra él sino contra todos los que hayan incidido en el acto, puesto que había dos suspensiones otorgadas por la justicia federal y dos amparos para los vecinos que impedían que fuesen arrestados mientras no se les sorprendiera en flagrancia cometiendo un delito.

“A pesar de criminalizar la protesta social, los compañeros quedaron libres y esto nos lleva a que el alcalde usa de carne de cañón a la fuerza pública y lo condena a un posible desacato; dos de los detenidos tenían suspensión de plano para que no fueran privados ilegalmente de su libertad; no les pudieron poner cargos en flagrancia, por lo tanto violaron el amparo 165/2017 que se tramita en el juzgado quinto de distrito de amparo penal, y los que ordenaron y los que ejecutaron la detención violaron un amparo y deberán de ser destituidos de su cargo. Quien está detrás de esto, posiblemente no aparezca en el expediente, pero es Enrique Alfaro, que va a cubrir sus espaldas de violador de derechos humanos con quien se haga responsable, el verdadero responsable se protege con el inferior, esa es la cultura que hoy gobierna la ciudad de Guadalajara, violar sistemáticamente la ley”, siguió el abogado.

“Y si es Alfaro, pues en tantas que hace, alguna le aplicarán y no es problema de nosotros que su futuro político se afecte; lo que a nosotros nos interesa es que nadie debe de estar por encima de la ley, y si a él se le acredita un desacato, pues que se le acredite, porque no es asunto político, es de protección de derechos humanos y que si él sale todos los días a violar la ley, que lo atrapen, pagará sus consecuencias”.

En contexto

Al anunciarse la obra en la zona que según el alcalde era para evitar inundaciones, los vecinos promovieron una serie de acciones legales que les concedió primero la suspensión a las obras de manera provisional, posteriormente la suspensión definitiva para que no se construyera el vaso regulador que –señalaron– albergaría las descargas sanitarias de los dos mil departamentos que se edifican en la zona; esto trajo como consecuencia que se les fijara una fianza de un millón de pesos por los agravios que pudiesen tener los terecros interesados, quienes son representados por vecinos de la zona pero que sí han pedido que se construya el vaso regulador asegurando que se requiere la obra para evitar los altos niveles de agua en época de lluvias.

En el caso, se vivieron desencuentros incluso dentro de los mismos juzgados federales, pues tras haber obtenido la primera de las suspensiones, se actuó de mala fe contra los vecinos por parte del juez segundo de distrito en materia administrativa y del trabajo, dijo Pedro León Corral, puesto que en esto influyó el mismo alcalde para que se les fijara una fianza tan alta con la intención de que los vecinos en discordia no la pudieran cubrir, y así efectuar la señalada obra en las canchas de beisbol del parque.

“(El juez) les negó la suspensión a los vecinos porque no acreditaron ser dueños del parque, exigiéndoles interés jurídico y eso desde el 2011 ya no está vigente; a un juez que le pagan una millonada con grande prestaciones, cómo es posible que pretenda actuar con criterios que tienen seis años que no están vigentes, es una impericia profesional, por eso tiene un expediente de queja y viene ahora una cadena de errores; una resolución que tiene errores y no está notificada, no puede hacer efectiva una garantía que no puede ser notificada”.

Aduciendo que hay parcialidad en el caso y que se actúa bajo la influencia que el alcalde tapatío pueda tener, el caso ya no sólo será llevado en territorio mexicano, sino que incluso mañana mismo será enviado a la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se tome una determinación al asegurar que no hay condiciones en el país para garantizar el derecho a la justicia.

Policías municipales fueron enviados al Parque San Rafael para contener a arrestar y amedrentar a los vecinos inconformes por el reinicio de las obras en el lugar, pese a que la obra está suspendida por juzgados/Foto: Cortesía

Policías municipales fueron enviados al Parque San Rafael para contener a arrestar y amedrentar a los vecinos inconformes por el reinicio de las obras en el lugar, pese a que la obra está suspendida por juzgados/Foto: Cortesía

“Estamos haciendo llegar el caso a la relatoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para proteger derechos humanos en materia de impartición de justicia imparcial de jueces y magistrados, la ONU ahorita es el principal contrapeso para la protección de derechos humanos en México, vamos a insistir, y en la judicatura federal porque deben revisar la actuación del juez segundo de materia administrativa y del trabajo que favorece intereses contrarios al interés público, ese juez debe ser destituido, debe irse a su casa”.

Y no sólo se intentarán acciones legales contra Alfaro y el personal del SIAPA y la policía tapatía, sino que incluso se estaría exigiendo una revisión a los fondos que se pretendían ejecutar, pues dijo, “los fondos del proyecto de San Rafael son del proyecto de Arcediano, hay desviación de recursos, el Congreso del Estado y el Congreso de la unión deben revisar si existe desviación de recursos públicos en San Rafael y el Deán, porque el crédito no puede usarse en 800 millones de pesos para un proyecto de control de inundaciones que es muy diferente a lo que autorizó el Congreso”, sostuvo.

A partir del lunes 26 de junio corre el plazo para que los vecinos depositen el millón de pesos como fianza de la suspensión de las obras. Esto será igualmente combatido ante los tribunales, puesto que se fijó la fianza luego de que el juez les exigiera a los vecinos que comprobaran la legítima propiedad del parque San Rafael, un bien que es del dominio público, por lo cual, según el litigante, hay muchas posibilidades de echar abajo esta decisión, que además calificó de absurda.

Nos golpearon

Los vecinos detenidos ofrecieron ayer su testimonio. La señora Lupita, una de las detendias, dijo que se los llevaron bajo arresto sin explicarles el motivo de la aprehensión, algo que es también violatorio de derechos humanos.

Dijo que llegaron los policías municipales, los rodearon y los esposaron, a algunos, con uso “excesivo de la fuerza”, algo que también será denunciado.

“Cuando fuimos detenidos nos dijeron que íbamos detenidos por un 90 por 71, una detención sin justificación; cuando llegamos a la Calle 14, nos dicen que estábamos siendo privados de la libertad por el artículo 131, por obstruir obras públicas pero que ellos no nos hubieran detenido si no tuvieran órdenes de más arriba; para esto, quiero decir que días atrás, el 16, el ingeniero Carlos Guzmán se refirió a los policías y les dijo que a ellos recibían protección del comandante Luis Roberto Dávila y que en el momento que hubiera un ciudadano inconforme, nada más era hablarle a él para que mandara una patrulla y se lo llevara”.

Por su parte, Zeferino, otro de los detenidos, dijo que lo golpearon en las costillas y le apretaron “de más” las esposas, además de que recibió tortura psicológica en el trayecto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), lugar del que los liberaron al no podérseles fincar responsabiliades.

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