Indígenas, entre el olvido y el despojo

Caso representativo. Los wixaritari tienen resoluciones a su favor para recuperar tierras, pero ninguna autoridad las ha hecho valer. (Foto: Especial)

Despojo, pobreza e incluso falta de reconocimiento son la cotidianidad para las comunidades indígenas de Jalisco, que pese a todo han emprendido arduas luchas para defender sus territorios.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco hay 51 mil 702 personas mayores de 5 años que hablan una lengua indígena; esto lo coloca como el décimo séptimo estado a nivel nacional con mayor población identificada con alguna comunidad originaria, siendo la wixárika y la nahua las más extensas.

Las luchas por el territorio en Jalisco han estado presentes desde hace muchos años, pero las comunidades no han bajado la guardia pese a las inconsistencias e irregularidades del sistema de justicia y agrario documentadas de forma exhaustiva; sin embargo, el proyecto del Concejo Indígena de Gobierno emerge como una esperanza para cambiar las cosas no sólo para ellos, sino para todos.

Nahuas del sur, entre talas y mineras

La comunidad nahua del sur de Jalisco, concentrada principalmente en Cuautitlán de García Barragán, habita una zona de riqueza natural enclavada en la sierra de Manantlán que ha sido a la vez un regalo y una maldición.

La variedad de maderas y minerales presentes en la tierra en la que se asientan han sido objeto de deseo tanto por grandes trasnacionales como por grupos de crimen organizado que extraen recursos de forma ilegal.

La minera Peña Colorada, perteneciente a consorcios de capital italiano, argentino e indio, opera desde hace casi cinco décadas en la zona, generando desplazamientos, accidentes ambientales y conflictos en las representaciones comunales de la zona, particularmente del ejido de Ayotitlán.

“Dicen que el jodido más jodido y el rico más rico. Nosotros tenemos un conflicto de que nosotros estamos defendiendo el territorio y la comunidad, de que no haya ventas. Porque nos faltan casi 20 mil hectáreas por recuperar del ejido de Ayotitlán y hay gente que ha tratado de comprar adentro”, resume Gaudencio Mancilla, integrante del Concejo de Mayores de la comunidad de Ayotitlán.

Las detenciones irregulares también son una constante. En agosto de 2013, el propio Mancilla fue detenido por elementos de la entonces Comisaría de Seguridad Pública del Estado, acusado de tener intenciones de formar una Policía comunitaria y desde diciembre de 2015, otro comunero, Miguel Monroy Gerardo, permanece encarcelado en Cihuatlán acusado de despojo por oponerse a que particulares adquieran terrenos de tierras comunales.

Igualmente, a partir de 2012, representaciones ejidales han firmado acuerdos para que la minera usufructúe un par de terrenos de alrededor de 400 y 800 hectáreas, a cambio de pagos anuales que rondan los 21 millones de pesos. Además de los daños ecológicos que supone su uso como confinamientos de desechos, los incumplimientos en pagos han generado escaladas en los conflictos.

En julio de 2015 fueron detenidos 33 comuneros cuando protestaban en las instalaciones de la mina, acusados de daños en propiedad ajena, lesiones y despojo. En medio de acusaciones de engaño a sus entonces abogados, finalmente fueron puestos en libertad.

La defensa del territorio, hasta el momento, se ha saldado con alrededor de 35 asesinatos y algunas desapariciones. Una de ellas es la de Celedonio Monroy Prudencio, quien en octubre de 2012 fue sacado de su vivienda por un grupo de hombres armados que irrumpió violentamente en ésta, ubicada en la localidad de Loma Colorada. Escuadrones que, a decir de los ejidatarios, siguen presentes: “Ésos no dejan de darse sus vueltas, de tener presencia. Esos ahí andan cortitos”, expone Mancilla.

En contraparte, para las autoridades municipales se ha garantizado la seguridad en la región a través de las corporaciones de seguridad pública.

“En la actualidad no han sucedido situaciones adversas en esas zonas. Hemos estado muy constantemente visitando las diferentes localidades de nuestro municipio, haciendo presencia con seguridad pública y sobre todo el Ejército está entrando constantemente a las zonas. Consideramos que ahorita el municipio se encuentra tranquilo, no han sucedido acontecimientos fuera de lo común”, expuso el alcalde de Cuautitlán de García Barragán, José de Jesús Flores Santana.

La entrada del Ejército a las comunidades indígenas, expuso, se da una vez al mes desde que inició la actual administración municipal, en 2015.

Sitios sagrados, en riesgo

Aunque los wixaritari se extienden geográficamente por cuatro estados del país, sus comunidades más grandes se encuentran en Jalisco. Según registros académicos, la problemática territorial ha afectado a estas poblaciones desde mediados del siglo 19, cuando pequeños propietarios empezaron a apoderarse de sus tierras debido a que se les veía como tierras muertas, es decir, no aprovechadas para su explotación.

El caso más mediático ha sido la presión minera en Wirikuta para extraer plata. Pese a ser un área natural protegida y formar parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales de la UNESCO, en 2009 se entregaron 35 concesiones a la empresa First Majestic para explotar yacimientos a través de minas a cielo abierto, degradando reservas acuíferas y erosionando el ecosistema; en la costa del Pacífico, otro de sus sitios sagrados en riesgo, la Isla del Rey, podría ser destruido por un complejo turístico.

Otra lucha es por oposición a la construcción de la presa Las Cruces, en el río San Pedro del Mezquital, pues afectaría amplios ecosistemas de los que dependen las comunidades indígenas asentadas en Nayarit para sobrevivir.

Por otro lado, en Tuxpan de Bolaños sufren por la invasión de empresarios ganaderos, que armados se han hecho de 10 mil hectáreas que le pertenecen a la comunidad. A pesar de tener resoluciones judiciales a su favor, los wixaritari no han logrado que Jalisco, Nayarit y la Federación las hagan valer.

El conflicto alcanzó hace tres semanas un nuevo punto álgido, cuando fueron asesinados el líder wixárika y defensor de los derechos y de la comunidad Miguel Vázquez Torres y su hermano Agustín, al parecer por un comando armado.

Pese a las presiones desde distintos frentes, los pueblos wixaritari continúan luchando por su territorio y, con trabajo de coordinación con otras luchas, han logrado avances como la cancelación de varias de las concesiones mineras en Wirikuta en 2012. Sin embargo, aún continúan siendo una de las poblaciones con mayor grado de marginación en Jalisco, pues Mezquitic es el municipio con menor índice de desarrollo humano en la entidad.

Luchando por el reconocimiento

En Jalisco existe una normativa que busca proteger los derechos de los pueblos originarios. Se trata de la Ley sobre Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas; sin embargo, uno de los puntos polémicos de ésta es que define a una comunidad indígena como una “entidad de interés público”, lo que, desde algunas visiones, propicia un tutelaje estatal y no su reconocimiento como sujetos plenos de derecho. Aunque a finales de 2016 se intentaron modificar algunas disposiciones, la empresa no prosperó.

Al igual que la ley, la Comisión Estatal Indígena de Jalisco reconoce únicamente la existencia de las comunidades indígenas wixaritari y de los nahuas del sur de Jalisco, además de la población indígena migrante residente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y de la población indígena jornalera agrícola.

Comunidades como los tepehuanes del norte del estado o los cocas establecidos en la ribera de Chapala se enfrentan a la falta de reconocimiento estatal. En el caso de este último grupo, no es considerado oficialmente por motivos como que han perdido su lengua originaria (se calcula que desde fines del siglo 17) y sus vestimentas tradicionales (alrededor de la década de 1970), pues pareciera que el autoreconocimiento no es suficiente para la maquinaria estatal e incluso académica que ha pretendido negar su existencia.

Para Rocío Moreno, integrante de la comunidad, la falta de reconocimiento legal por parte de las autoridades estatales no es fortuita y está estrechamente relacionada con su ubicación en la ribera de Chapala.

“Se mantiene un territorio, una cultura, las fiestas, ritos, ceremonias, todo eso que nos han enseñado nuestros padres y abuelos, y el Congreso del Estado tiene ese desconocimiento, pero no es solamente ignorancia. Entendemos que Mezcala está situada en un punto donde estorba, es la única comunidad indígena alrededor del lago, es donde se conserva el único bosque de todo el lago de Chapala, está resguardando todas las riquezas, los petrograbados, la isla, todo esto está conservado por la cultura. Obviamente uno está trabajando para con ley o sin ley, (tener) el reconocimiento, porque la comunidad se tiene que mantener. Nosotros entendemos que esa falta de reconocimiento es porque hay intereses sobre nuestras tierras”.

Además, por los intereses inmobiliarios se encuentran enfrascados en una disputa legal en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra, a quien acusan de ocupar parte de las 3 mil 600 hectáreas de tierras comunales, particularmente las ubicadas en el cerro del Pandillo, y mantener grupos paramilitares para su resguardo. Esto, ante la insistencia del particular, quien asegura obtuvo las tierras legalmente y se dedica a su protección. El conflicto, que se ha extendido por alrededor de 17 años, podría tener una pronta resolución, pues es “cuestión de semanas” para que se dicte una sentencia definitiva.

“Ya van dos sentencias y han sido favorables para la comunidad, todas determinan que se encuentra dentro de la tierra comunal y no puede alegar propiedad privada. Estas últimas sentencias tienen ya la advertencia de que por no demostrar que tiene la posesión de una manera legal se ejecutará el desalojo. Ya después no hay otra instancia que agotar ni para él ni para nosotros, y es lo que la comunidad está esperando”, explicó Moreno.

Oportunidad para la articulación

El Congreso Nacional Indígena se constituyó en octubre de 1996 como un espacio para la reflexión y la organización de los pueblos indígenas del país ante las diversas luchas que han emprendido. Desde entonces, en diversas reuniones han realizado acciones como la convocatoria a una Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Marcha por la Dignidad Indígena o la suscripción la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

En diciembre de 2016 se llevó a cabo una consulta en la que participaron 523 comunidades de 43 pueblos distintos y se avaló la propuesta de conformar un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y la elección de una vocera que, eventualmente, sería portadora de las reivindicaciones de estos pueblos mediante una candidatura independiente a la Presidencia de la República en el proceso electoral de 2018.

El concejo fue conformado a finales de mayo, en Chiapas y, a través del documento denominado Llegó la hora, el CIG hizo pública su determinación de que María de Jesús Patricio Martínez, nahua originaria de Tuxpan, Jalisco, y dedicada a la medicina tradicional, fuera la vocera en cuestión.

Además de ella, el concejo quedó conformado por más de 70 representantes y se espera que el número siga creciendo. Sin embargo, el objetivo último de la candidatura no es, explican, la llegada al poder político establecido. Más que una búsqueda de votos, insistió Rocío Moreno, del pueblo coca de la ribera de Chapala e integrante del CIG, se trata de un ejercicio de articulación.

“Estamos con mucha esperanza ante esta iniciativa. Creemos que es una oportunidad de tratar de llamar a la gente a alzar la voz, porque o podemos ya ser tan indiferentes con todo lo que está pasando en el país y nosotros esperamos que esta iniciativa nos permita articularnos. Ya se ha dicho que no solamente va a ser con pueblos indígenas, sino con distintos actores de la sociedad, obviamente del México que está dolido, del México acallado que ya no puede estar en esta situación. Para nosotros es esperanza, es también la única opción, ya no creemos en que ir a votar por alguien nos va a solucionar las cosas, para nosotros significa eso esta iniciativa”.

Desde la conformación del CIG, éste ha denunciado una “escalada represiva contra compañeros y compañeras de nuestros pueblos donde se han estado nombrando concejales para la integración del Concejo Indígena de Gobierno”, consistente en hostigamientos, allanamientos y detenciones hechas en entidades como Campeche, Chiapas, el Estado de México, Michoacán, Morelos y Querétaro.

“Nosotros tenemos un conflicto de que nosotros estamos defendiendo el territorio y la comunidad, de que no haya ventas. Porque nos faltan casi 20 mil hectáreas por recuperar del ejido de Ayotitlán y hay gente que ha tratado de comprar adentro”
Gaudencio Mancilla, del Concejo de Mayores de la comunidad de Ayotitlán

“Se mantiene un territorio, una cultura, las fiestas, ritos, ceremonias, todo eso que nos han enseñado nuestros padres y abuelos, y el Congreso del Estado tiene ese desconocimiento, pero no es solamente ignorancia”
Rocío Moreno, de la comunidad indígena de la ribera de Chapala

JJ/I

 

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