“El gobierno nos quiere robar nuestras tierras”

Está amafiado con constructoras: Ejidatarios

Levantones y amenazas de muerte han recibido decenas de personas para que desistan de defender sus tierras, en Chapala; los afectados denunciaron que en el lugar se pretende invertir dinero del Ipejal, y que en vez de defenderlos, las autoridades operan en su contra

Por Rafael Hernández Guízar/pagina24Jalisco

María de Jesús, hija de la presidenta del ejido Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, acusó que policías municipales han detenido ilegalmente a los ejidatarios, además de que han sido amenazados de muerte por agentes de la fiscalía; exigieron que dejen de acosarlos, pues no dejarán de luchar por sus tierras/Fotos: Rafael Hernández Guízar

María de Jesús, hija de la presidenta del ejido Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, acusó que policías municipales han detenido ilegalmente a los ejidatarios, además de que han sido amenazados de muerte por agentes de la fiscalía; exigieron que dejen de acosarlos, pues no dejarán de luchar por sus tierras/Fotos: Rafael Hernández Guízar

Al mero estilo gangsteril, ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad en Chapala denunciaron ayer la comparsa entre empresarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno para despojarlos de 163 hectáreas en las que se pretende invertir dinero del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal).

Responsabilizaron públicamente a funcionarios de la Procuraduría Agraria, al ayuntamiento de Chapala y al mismo gobernador Aristóteles Sandoval respecto a su seguridad, pues dijeron que en varias ocasiones han sido amenazados de muerte, arrestados ilegalmente, se les han inventado delitos y hasta los han intentado “levantar” para que dejen de lado la pelea por las tierras en el Tribunal Unitario Agrario del distrito 15.

“Son 164 hectáreas de uso común, lo cambiaron a asentamiento humano, a 19 avecindados que nadie reconoce, personas que tienen domicilios en Sonora y otras partes de la república y por tanto el comisariado y la defensa del comisariado comandado por la presidenta Marta Rodríguez García, no está de acuerdo en que se le despoje al ejido esas hectáreas y de la manera en que se está haciendo; del acosamiento, son muchas cosas como detenciones ilegales por parte de policías municipales de Chapala y en los sucesivo, el 13 de marzo se empezó a dar hostigamiento de nuestro domicilio”, dijo María de Jesús, hija de la presidenta del ejido, Martha Rodríguez.

Tras reunirse con el magistrado Rafael Medina de dicho tribunal, la de la voz, relató que incluso el mismo magistrado le señaló que lo mejor era negociar y no oponerse, algo que acompañó con negativas a la reanudación de los juicios para recuperar las hectáreas en litis.

Pedro León Corral, apoderado de los afectados, aseguró ayer que la complicidad que se da entre los funcionarios ha sido ya denunciada ante las autoridades mismas, y que se han violado incluso amparos obtenidos por el acoso en contra de al menos a 40 personas del ejido

Pedro León Corral, apoderado de los afectados, aseguró ayer que la complicidad que se da entre los funcionarios ha sido ya denunciada ante las autoridades mismas, y que se han violado incluso amparos obtenidos por el acoso en contra de al menos a 40 personas del ejido

Con nerviosismo, dijo que acudieron ya a la Procuraduría General de la República a solicitar apoyo a través de un protocolo para defensores de derechos humanos, lo que les ha costado ya amenazas de presuntos agentes de la misma Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales de Chapala, siendo estos últimos quienes las detuvieron (a ella y a su madre, la presidenta del ejido) ilegalmente, allanaron la casa ejidal y las pretendían trasladar, acusó, al penal de Puente Grande sin decirles el delito que habían cometido, todo esto con la intención de que desistieran de la defensa de las hectáreas.

El caso es representado por el Instituto de Derecho Ambiental; su apoderado, Pedro León Corral, aseguró ayer que la complicidad que se da entre los funcionarios ha sido ya denunciada ante las autoridades mismas, y que se han violado incluso amparos obtenidos por el acoso constante al menos a 40 personas del ejido.

Sin embargo, trascendió que pese a que hay varios juicios de amparo en curso y procesos ante el Tribunal Agrario, acudirían a la Corte Penal Internacional para pedir ayuda, pues los señalados pertenecen a los tres niveles de gobierno: el municipio (de Chapala), el gobierno del estado de Jalisco y el gobierno federal.

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