Investigan omisiones de Bolaños en doble crimen de líderes indígenas

Investigan omisiones de Bolaños en doble crimen de líderes indígenas

Víctor Manuel Chávez Ogazón/El Occidental

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ) en Jalisco abrió una queja en forma oficiosa para investigar actuación de autoridades de Tuxpan de Bolaños en el asesinado de líderes wixárikas y además emitió cinco recomendaciones.

El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián aclaró que no investigarán los hechos en los que perdieron la vida  los defensores de derechos humanos Agustín y Miguel Vázquez Torres, líderes wixárikas de la comunidad de Tuxpan de Bolaños, eso le corresponde a la Fiscalía del Estado, “sino las posibles omisiones o acciones que se tradujeron en probables violaciones de derechos humanos en contra de estas personas, de la comunidad y de las familias”.

Destacó enseguida el Presidente del organismo: “Parte de nuestra investigación en contra de autoridades municipales será que pudieron no haber realizado las acciones o la protección adecuada de una cuestión que no necesariamente pueda ser una simple riña, sino una en cuestiones que involucren otros antecedentes más graves”.

El Presidente de la Comisión dijo que la CEDHJ mantendrá su asesoría jurídica y orientación a las víctimas indirectas, las familias y la comunidad de Tuxpan en Bolaños.

 

CEDHJ EMITE CINCO RECOMENDACIONES

Por cierto, en un sólo día emitió cinco recomendaciones, la 20/17 contra Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación Jalisco, por la violación de los derechos humanos a la libertad, al trato digno, a la integridad (psíquica) y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica por el ejercicio indebido de la función pública y el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a favor de una maestra de la secundaria técnica 139, turno matutino.

El 4 de julio de 2016, la profesora presentó queja en contra del maestro Raúl Martínez López, director de la secundaria. Relató que constantemente le hacía comentarios lascivos, entre ellos “te hace falta un hombre. Tu marido no te da lo que necesitas y por eso estás de malas” y algunos más ofensivos, además intentó besarla, abrazarla y en todo momento le insinuaba cosas sexuales. También le hacía comentarios acerca de su vestimenta, y al no acceder a sus propuestas le originó una situación hostil en su lugar de trabajo, donde llegó a maltratarla y ofenderla, haciéndola sentir mal.

Con las diversas testimoniales y demás probanzas recabadas, este organismo demostró que el maestro Martínez López ejerció indebidamente su función pública, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la maestra por su condición de mujer y al ser su subordinada. Con su actuar violó los derechos humanos de la inconforme, quien tuvo una afectación grave en su salud psíquica.

Ha recomendado la CEDHJ se realice la reparación integral del daño a la víctima agraviada, en la que se incluyan todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición. Se inicie y concluya procedimiento de investigación administrativa; y para el caso de existir elementos suficientes, se sancione a Martínez López y se agregue copia de esta Recomendación a su expediente.

Mientras que a la fiscal central del estado, Marisela Gómez Cobos, se le solicita que se integre la carpeta de investigación 8090/2016 en contra del director respecto a la probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, hostigamiento sexual y los que resulten.

Otra es la recomendación 19/17, dirigida al comisionado de Seguridad Pública del Estado, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, por la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica a la libertad, al trato digno (abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública en la procuración de justicia) y se refiere a los hechos del 21 de julio de 2016, cuando una mujer, encontrándose acompañada de su nieto, escuchó gritos y al salir vio a varios agentes investigadores deteniendo a su marido por una supuesta orden de aprehensión, ella les aclaró que era un homónimo y en respuesta ella, su nieto y vecinos fueron amenazados por los policías, quienes les apuntaron con sus armas para posteriormente retirarse del lugar.

En su declaración, el quejoso señaló que al encontrarse en el vehículo oficial le informaron que eran elementos de la Fiscalía General del Estado y le mostraron varias fotografías de personas que no conocía, entre ellas la de un hombre a quien se le buscaba por el delito de homicidio y que tenía su mismo nombre. El agraviado les hizo ver que se trataba de un homónimo, que ni siquiera eran similares físicamente y que incluso existía una diferencia de diez años de edad entre ambos. A pesar de lo anterior, lo trasladaron a las instalaciones del Reclusorio Preventivo, donde permaneció seis días para después ser liberado por falta de elementos para procesar y por haberse acreditado que no era la persona involucrada en la causa penal 513/2009-A.

La Comisión demostró que los policías investigadores Moisés Oswaldo Victorino Espinoza, Emigdio González Arreola, Carlos Augusto Lagunas Vargas, Ramón Núñez Molina, Marcos Isaac Meza Pérez y Emilio Édgar Ríos Martínez efectuaron una detención ilegal y faltaron a las reglas del procedimiento de investigación.

Se pide que se les inicie, tramite y concluya procedimiento de responsabilidad administrativa y se agregue copia de la presente Recomendación a sus expedientes administrativos laborales.

Además de que a las víctimas se les haga reparación integral del daño, en especial lo concerniente al daño psicológico y económico, así como que se ofrezca una disculpa al aquí agraviado en la que se incluya el reconocimiento de los hechos, materia de queja y la aceptación de responsabilidad.

 

DOS RECOMENDACIONES CONTRA FISCAL PENITENCIARIO

Hay dos recomendaciones para Carlos Antonio Zamudio Grave, fiscal de Reinserción Social, la primera 18/17 por la violación del derecho a la protección de la salud y a la legalidad y seguridad jurídica en contra de una persona que recibió mala atención médica. Se trata de un hombre recluso que en abril de 2015 comenzó a sentir malestar en su ojo derecho, por lo que acudió al médico adscrito a dicho centro. Éste le dijo que le programaría una operación y le recetó unas gotas que le sirvieron como paliativo, pero al terminar el tratamiento los malestares persistían. Regresó en varias ocasiones con distintos médicos, quienes sin revisar de cerca el ojo ni mucho menos utilizar un aparato para hacer un diagnóstico adecuado, le volvieron a recetar el mismo medicamento durante un año, en espera de la mencionada operación. Cuando nueve meses después, en enero de 2016, llegó a urgencias del Hospital Civil le diagnosticaron córnea dañada y que necesitaba trasplante. Además, le comentaron que si desde el principio le hubieran dado el antibiótico adecuado, no habría perdido la vista de su ojo.

El médico Jonathan Fonseca Tejeda y la doctora Livieth Puentes Tejeda, así como cinco personas del área médica, fueron quienes intervinieron en la atención del agraviado, y a ellos la CEDHJ está ordenando una investigación y proceso administrativo, además de que solicita que se realice la reparación integral del daño al afectado de forma directa y como un gesto de verdadera preocupación hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Como garantía de no repetición, instruya a todos los inspectores o comisarios de los centros de reclusión para que por escrito instruyan a todos los médicos de esos centros de reclusión, a fin de que siempre ajusten su actuación a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana del expediente clínico y se haga conciencia sobre la obligatoriedad de su aplicación.

La otra, 17/17, también pone en evidencia la violación del derecho a la salud, en agravio de un interno en el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) con sede en Tepatitlán de Morelos.

El director no permitió que un médico revisara a uno de los internos que debido a la gravedad de su padecimiento ese mismo día murió. Quedó claro que desde su ingreso al centro penitenciario informaron al médico del problema de salud mental que padecía, incluso le entregaron las constancias emitidas por el psiquiatra que lo atendía. A pesar de ello, se negó a continuar con ese tratamiento y le administró otro medicamento, lo que derivó, a decir de la parte quejosa, en el deterioro de su salud. Posteriormente, el médico les dijo que sólo estaba deprimido, que no tenía nada y que lo hacía para llamar su atención e incluso le modificaron el tratamiento.

Al hacer un análisis de los acontecimientos y del actuar de los servidores públicos, resulta evidente la carencia de personal médico que brinde atención en el turno nocturno a las personas internas en el Ceinjure de Tepatitlán, situación que dilató la atención médica inmediata a que tenía derecho el ahora finado, y con ello anularon cualquier posibilidad de supervivencia, exponiéndolo a sufrimientos innecesarios por la falta de personal médico en el lugar.

La CEDHJ está recomendando la reparación integral del daño a los deudos del finado y se haga un análisis integral sobre las necesidades de personal médico, de enfermería y psiquiátrico en todos los reclusorios dependientes de la Fiscalía a su cargo.

Se gestione para que se amplíe la plantilla de personal médico, de enfermería y psiquiátrico, a fin de cubrir las necesidades en todos los reclusorios dependientes de la Fiscalía de Reinserción Social; y se desarrolle un modelo de atención hospitalaria en psiquiatría como parte del sistema penitenciario estatal, en coordinación y bajo la asesoría del personal especializado del Instituto Jalisciense de Salud Mental.

Por último, la  recomendación 16/17 para Fausto Mancilla Martínez, fiscal regional del estado, por la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, luego de que servidores públicos de la Agencia del Ministerio Público de Tala le negaron al quejoso el derecho a la justicia al retrasar la integración de la averiguación previa relacionada con un accidente automovilístico en el que perdió la vida su esposa.

La víctima señaló a Pedro Rodríguez Ornelas, representante social adscrito a la agencia del Ministerio Público de Tala, así como a su personal jurídico, de negarse a investigar los hechos y a conducir adecuadamente la integración de su denuncia.

Luego de la investigación se concluye que los representantes sociales de la agencia del Ministerio Público de Tala, a cargo de investigar y resolver la averiguación previa, incumplieron con su deber de procurar justicia pronta, completa, imparcial y expedita, como lo establece nuestra Carta Magna, y su actuación no se desarrolló con base en sus obligaciones y atribuciones, ya que no realizaron oportunamente las diligencias necesarias para determinar la existencia o no de un posible acto ilícito, ni se dictaron las medidas oportunas para garantizar todos los derechos de las víctimas.

Recomienda la Comisión que se realice el pago por la reparación del daño a la víctima y demás personas que resulten afectadas y se ofrezca una disculpa a la víctima identificada en el presente caso por la falta de garantías de sus derechos y el impedimento de acceso a la justicia provocado por la dilación en la procuración de justicia. Además, inicie, tramite y concluya procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del agente del Ministerio Público, Pedro Rodríguez Ornelas, en el que se tomen en cuenta las consideraciones y fundamentos expuestos en el cuerpo de la presente Recomendación.

 

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