Indiferencia marca las desapariciones

Reciente. El domingo antepasado, mujeres reclamaron la falta de atención y resultados de la fiscalía. (Foto: Grisel Pajarito)

Cuando una persona es desaparecida, sus familiares ven su cotidianidad modificada. Además de la angustia continua, hay numerosos efectos colaterales de la desaparición, como afectaciones económicas, el embate continuo de la revictimización y las omisiones de las autoridades.

En Jalisco, actualmente existen 2 mil 653 personas que permanecen sin ser localizadas, según los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), con casos que llevan hasta 11 años sin ser resueltos.

Detrás de cada uno de estos números hay historias de personas que luchan por encontrar a sus familiares, muchos relatan cómo han estado involucradas autoridades de distintos niveles y cómo se entorpecen las investigaciones por distintos intereses.

Las promesas de cambio, afirman las familias, han sido muchas, pero no se han concretado; mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa avanzando en la materialización de una fiscalía especializada en el tema.

La transición

En marzo, el Ejecutivo estatal propuso modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación de una fiscalía especializada en desapariciones de personas. El Legislativo respaldó de inmediato la propuesta y el 4 de abril se oficializó con su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

En ésta, se explica que esta instancia “será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y, en su caso, su identificación forense, para perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas, así como la prevención de este ilícito”.

Sin embargo, a decir de los familiares de desaparecidos, durante los últimos meses esta reorganización ha tenido consecuencias negativas en cuanto a la atención y seguimiento de los casos se refiere. El domingo 7 de mayo, varias mujeres de desaparecidos se reunieron en la glorieta de los Niños Héroes para celebrar el Día de la Madre recordando la ausencia de sus hijos. En esa ocasión, aunque expresaron que desde la conformación de mesas de trabajo con la fiscalía les han hecho “poquito más caso”, emitieron un posicionamiento al respecto.

“No hay nada que festejar porque las irregularidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos persisten y porque los avances son prácticamente nulos argumentando que la Fiscalía General de Jalisco está en fase de transición, pero cuando esté la fiscalía especializada en desapariciones todo ‘será diferente’. Hasta no ver no creer, porque ya antes nos han prometido lo imposible”.

Omisiones

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) ha dado acompañamiento a decenas de familias en este proceso y ha documentado las omisiones en las que desde hace años incurren las autoridades estatales.

“Lo que hemos visto en un primer momento es mucha omisión, mucha indolencia, respecto no solamente a la investigación, sino también a la proporción de información a los familiares (…) no recibir las denuncias, dejar que pase el tiempo, incluso hay muchos casos en los que hasta han recibido amenazas para que no difundan en los medios o en las redes sociales los casos de sus familiares bajo el pretexto de que ponen en riesgo su integridad”, explicó César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo de Cepad.

En todo caso, consideró que hay tratos diferenciados entre las familias agrupadas en colectivos o que cuentan con el apoyo de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

En 2015, en una reunión que contó con la presencia de todos los procuradores o fiscales de los estados, se emitió el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. En este se detallan los lineamientos que deberán seguir las instancias de procuración de justicia al tener conocimiento de algún caso de desaparición.

El protocolo enlista algunas acciones, como son: la búsqueda se debe iniciar en cuanto haya noticia de la desaparición, con independencia de si ya se ha presentado una denuncia o no; la investigación debe ser: inmediata, pronta, diligente, desprejuiciada, estratégica, proactiva, contextual, empática, protegida, exhaustiva, participativa, coordinada y sin obstrucciones; las autoridades intervinientes en el proceso informarán a la víctima, desde el primer momento y de manera comprensible, empleando lenguaje sencillo, la naturaleza del procedimiento, su progreso y cómo se utilizará toda la información que sea proporcionada por ésta.

De igual forma establece que “cuando existan elementos suficientes para suponer que la víctima de desaparición forzada se encuentra retenida en alguna instalación oficial, las autoridades señaladas deben permitir la inspección ministerial en forma inmediata al requerimiento, en la totalidad de las instalaciones, incluyendo áreas restringidas”.

Sin embargo, el papel no siempre se corresponde con la realidad. Y hay múltiples casos en los que las acciones detalladas previamente no se ejecutan.

El 24 de marzo, por ejemplo, en un taller mecánico de la colonia Agua Blanca, en Tlaquepaque, cuatro personas fueron llevadas por un grupo de hombres al que los testigos identificaron como judiciales, y la fiscalía, según reportes de los familiares, han entorpecido el proceso de investigación.

Maltrato

Además de las deficiencias en la atención, la insensibilidad en el trato recibido es constante, pues sin avances significativos, personal de la fiscalía les planteó la posibilidad de que sus familiares hayan muerto y sus cuerpos sido pozoleados.

“Yo no sabía de la palabra pozoleros hasta ese día. Me dijeron: ‘Son esa gente que se dedica a desaparecer a la gente, el crimen organizado les lleva a las personas que levantaron y los desintegran, los meten en unas ollas con ácidos y si acaso llegan a quedar los dientes’. No, no, no, pues yo me sentía muy mal. Dije, ‘pero ¿por qué?’ (…) ‘Es que es lo más común, señora, es lo más común, ni con el ADN se puede reconocer’”, relata Angélica, madre de una de las víctimas, un menor por el que no se activó la alerta Amber.

De igual forma, los funcionarios que les atienden desestimaron informaciones de personas que aseguraron haber visto a uno de los desaparecidos.

“Ay, señora, por favor, le pueden decir eso y mil cosas para no hacer tan pesada su agonía, para hacerla sentir bien, para darle esperanzas. Le pueden decir que lo vieron ahí, que cruzaron palabras con él, pero eso es ilógico señora. Yo la oigo muy afectada y lo que le recomiendo mejor es que por qué no busca un psicólogo, mejor”, fueron lo que le dijeron, agregó Angélica.

Para Pérez Verónica, el protocolo homologado y otros los instrumentos que han dejado algunos relatores de las Naciones Unidas no siempre están siendo utilizados.

“Ya estamos hablando de una omisión terrible y grave que bueno, tarde o temprano deberán dar cuenta hacia las instancias judiciales, porque lo que están haciendo son actos criminales, porque el hecho de no investigar una desaparición considerada como una violación grave a los derechos humanos. Estamos hablado de delitos de carácter fuerte y sancionados por la Corte Penal Internacional”.

Complicado

El titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Dante Haro, comentó en entrevista que si bien están en la conformación de la nueva instancia especializada, no se puede dejar de trabajar, y esto crea algunos problemas que, dijo, tienen que ser solventados.

“No es tan fácil de la noche a la mañana, sino que tiene que ser este proceso de decantamiento que se está dando. Al final de cuentas realmente es difícil cambiar el chip a los que vienen haciendo las cosas a veces mal”, mencionó Haro.

Desde agosto, dijo el funcionario estatal, se hizo un diagnóstico del trabajo con las víctimas y la Secretaría General de Gobierno pasó las riendas de esto a la Fiscalía General.

“Nos sentamos con las organizaciones y lo que se ha detectado de manera muy puntual, por ejemplo, si algún agente del Ministerio Público, un policía investigador o cualquier funcionario de la fiscalía no está haciendo bien su trabajo, o ha fallado o hay presunción de algo, inmediatamente se ha removido”.

Casi todas las recomendaciones que han hecho los familiares se han cumplido, añadió Haro, incluso se cambió a la responsable del área de desaparecidos y a varios funcionarios.

“Estamos pidiendo tanto a las organizaciones que si se detecta que alguien falla, que nos lo hagan saber de manera tranquila, anónima, que no se ponen en riesgo, que no tengan miedo, que nos lo hagan saber para poder actuar de inmediato”

Pérez Verónica reconoció que desde que se han entablado mesas de trabajo entre la fiscalía, organizaciones y familiares de víctimas, el trato ha mejorado. En general, la información se proporciona de forma más oportuna e incluso se han brindado copias de expedientes de averiguaciones previas a familias que así lo habían solicitado por años.

La nueva fiscalía

En este contexto y según lo aprobado por el Congreso, a inicios de julio deberá estar lista la nueva fiscalía especializada.

La estructura incluye una coordinación de atención ciudadana, así como tres direcciones: la general de búsqueda de personas desaparecidas; la general de investigación de personas desaparecidas y una general de análisis y contexto.

Esta última, resaltó Dante Haro, estará integrada por expertos interdisciplinarios como antropólogos, sociólogos, criminólogos, abogados y geógrafos. La elección de los integrantes se hará con una convocatoria pública a nivel nacional e internacional para encontrar a los mejores perfiles, misma que estará abierta a partir de este 15 de mayo”, dijo.

“Se va a conformar esta unidad que va a venir a contextualizar, pues no es lo mismo una desaparición en Lagos de Moreno a otra que sucede en Zapopan o en Tlajomulco. Es decir, el contexto, el análisis de lo que está pasando, si se trata de delincuencia organizada, de desaparición forzada, y le va a venir a dar todo el soporte técnico, el material de contextualización, para que el investigador pueda resolver y hacer su trabajo”.

Consecuencia

Los despedidos

. Dante Haro, titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, asegura que han sido removido 230 funcionarios por no cumplir con su trabajo

. “Han sido alrededor de 230 funcionarios que han sido separados por diferentes cuestiones, desde que no hacen bien su trabajo, tortura, evasión, es decir, hay muchísimas cuestiones”, comentó en entrevista

. Las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de familiares coinciden en ver a la próxima fiscalía especializada como una esperanza de encontrar por fin respuesta, aunque la tardanza se ha llevado años de tranquilidad consigo

. El director ejecutivo de Cepad, César Octavio Pérez Verónica, asegura que han considerado que la fiscalía llega tarde, “pero por fin queremos que llegue”

2 mil 653 personas desaparecidas en Jalisco están en el registro nacional

EH/I

 

Anuncios