Narco y feminicidio

Hay una deuda institucional para investigar la relación que existe entre los crímenes contra las mujeres en Jalisco y los métodos del crimen organizado, pues en los casos analizados no hay datos que los liguen

Aunque hay registros de mujeres asesinadas ligadas a grupos criminales, no hay casos en donde la fiscalía identifique formas que parecen del crimen organizado pero que correspondan a ataques de violencia de género
“Existe también suficiente evidencia para afirmar que la presencia de la violencia armada derivada de un conflicto directo entre dos bandos (el narco y la milicia, por ejemplo) extiende y dispersa diversas facetas de esta violencia al conjunto de la población”
Informe del Gobierno de Jalisco
El propio gobierno local reconoce que el problema central no es el crimen organizado y el narcotráfico, sino la debilidad del Estado expresada en su fragilidad institucional

La violencia del narcotráfico ha impactado en la vida social mexicana de tal modo que sus formas ahora parecen viables para los criminales comunes y otros delincuentes como los feminicidas.

En este último existen registros de mujeres asesinadas con ligas hacia los grupos criminales, pero no hay casos en donde la fiscalía registre o identifique formas que parecen del crimen organizado pero que corresponden con ataques de violencia de género.

La Fiscalía General del Estado reveló a Reporte Indigo -en el oficio 1483/2017 obtenido vía transparencia- sobre la inexistencia de información que contemple estas ligas o la correspondencia que puede haber entre crimen organizado y las formas feminicidas.

A la pregunta expresa sobre carpetas de investigación que dieran cuenta de esta relación metódica en los criminales, la dependencia local de seguridad reveló que no había información tal en las bases de datos de las dependencias.

A pesar de que hay informes y trabajos periodísticos que dan cuenta de la relevancia del contexto criminal en todo el país para con las formas de asesinato y violencia general contra las mujeres.

Mientras las dinámicas de violencia hacia este sector de la población van en crecimiento en Jalisco, dos de cada tres asesinatos se atribuyen a los grupos criminales, siendo la respuesta automática de los funcionarios de seguridad a la hora de hablar sobre asesinatos.

“Existe también suficiente evidencia para afirmar que la presencia de la violencia armada derivada de un conflicto directo entre dos bandos (el narco y la milicia, por ejemplo) extiende y dispersa diversas facetas de esta violencia al conjunto de la población”, se lee en un informe del Gobierno de Jalisco sobre las necesidades de capacitación del funcionariado público.

En el mismo informe se menciona que, luego de cuatro años de funcionamiento de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género se ha detectado que 8 de cada 10 parejas de las mujeres receptoras de violencia se vinculan con grupos delictivos, en especifico el narcotráfico.

Ya desde agosto de 2016, Reporte Indigo documentó que la Fiscalía General del Estado registró la autoría de la muerte de al menos 91 mujeres a manos del crimen organizado.

Pero la liga de la violencia instaurada por los grupos del narcotráfico no ha sido tomado en cuenta respecto de los nuevos métodos de violencia que son usados a la hora de cometer delitos como el feminicidio.

Trabajos de investigación periodística dan cuenta de la existencia de este fenómeno, como el realizado por El Universal en marzo de 2016, donde una fuente de la Fiscalía General del Estado daba cuenta de la imitación de los feminicidas a la hora de realizar los actos de extrema violencia en municipios como Tlajomulco, con fuerte presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pues las parejas o conocidos estrangulaban a las mujeres para posteriormente cortarlas y depositarlas en bolsas que simularan una muerte por narcotráfico, aunque posteriormente las investigaciones de las instituciones de procuración de justicia descubrieran que estos habían sido cometidos por violencia de género y no como muertes ligadas al crimen.

“Hemos tenido casos que simulan ejecuciones como si fueran del crimen organizado. Hubo un caso en que apareció el cuerpo de la chica, ejecutada, violentado. Fue el esposo el que hizo todo”, señaló entonces la académica feminista Guadalupe Ramos al medio nacional.

Incluso para la óptica institucional es poco relevante  la relación de los feminicidios con el narcotráfico, pues en el informe de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco la mención de este factor delincuencial sólo se hace con referencia a su existencia en los municipios donde serían aplicados grupos policiales de patrullaje especial con perspectiva de género y no como un factor determinante en el tipo de violencia ejercida.

Mientras que en el informe elaborado tras la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Jalisco, de la Secretaría de Gobernación, no se mencionan palabras como crimen organizado o narcotráfico.

“Es común que en zonas ocupadas por el crimen organizado incrementen los delitos cometidos en contra de las mujeres como: el homicidio, la extorsión, la intimidación y el secuestro. Pues la presencia de dichos grupos tiene como consecuencia la destrucción del tejido social y la escala en los niveles de violencia”, explicó María José Reyes-Retana, investigadora del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México en un artículo de El Universal.

Aunado a factores como la corrupción, la impunidad, la pobreza y la falta de igualdad generalizada agravan patrones de violencia contra las mujeres y la estructura de la discriminación, como bien apuntó un cuaderno de investigación sobre Asesinatos de Mujeres en México, del Senado de la República, en noviembre de 2016.

Reconocen el problema

El propio gobierno local reconoce que el problema central del país y sus entidades federativas no es directamente el crimen organizado y el narcotráfico, sino la debilidad del Estado expresada en su fragilidad institucional.

Pues ciudades como Guadalajara dan muestra de que el derechos de las mujeres a una vida libre de violencia es una cuestión que puede costarles la privación de su vida, como lo menciona el citado informe del Gobierno de Jalisco en el cual se menciona que el Centro de Justicia para las Mujeres debe garantizar la seguridad de las usuarias y el personal dado que se presentan muchos casos de generadores de violencia que se encuentran vinculados a organizaciones delictivas, lo que representa un riesgo latente para quienes atienden y acuden por los servicios de este centro.

 

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