¡Jalisco, el segundo estado más corrupto!

Los políticos, ladrones e impunes: Gabriel Torres

Proponen que los empresarios que son proveedores del Ejecutivo presenten su declaración 3 de 3 para evitar “moches”

Por Elizabeth Ríos Chavarría/pagina24Jalisco

Jalisco es la segunda entidad del país en donde los ciudadanos perciben un mayor nivel de corrupción, recordó el académico Gabriel Torres Espinosa durante la Glosa Académica en el Congreso del Estado/Foto: Cortesía

Jalisco es la segunda entidad del país en donde los ciudadanos perciben un mayor nivel de corrupción, recordó el académico Gabriel Torres Espinosa durante la Glosa Académica en el Congreso del Estado/Foto: Cortesía

En México una de cada tres empresas se involucra en el tema de los “moches”, aunque la responsabilidad recae en los funcionarios públicos que se prestan a estas acciones, el principal problema lo representa el corruptor. Mientras existan empresarios dispuestos a la corrupción, difícilmente se logrará inhibir esta práctica, aseveró ayer viernes el académico Gabriel Torres Espinosa, durante el segundo día de la Glosa Académica que se llevó a cabo en el Congreso local.

En el encuentro, expertos en materia de transparencia y rendición de cuentas dieron parte de sus observaciones referente al cuarto informe de actividades del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Torres Espinosa señaló que en Jalisco la corrupción y la falta de transparencia han repuntado de manera considerable.

Al señalar los “moches” como uno de los problemas que persisten en el estado y todo el país, el académico aseveró que la solución para inhibir estas acciones se encuentra en dos actos: la primera, hacer obligatorio para los empresarios la presentación de su 3 de 3; la segunda, el que los tres poderes de gobierno estén dispuestos en realidad a sancionar a todos aquellos servidores públicos que se presten a estas prácticas.

“Cuando se discutió el tema 3 de 3 se me hizo desafortunado que para aquellos que hacen grandes negocios con el gobierno, sobre todo los que hacen obra pública, no estén obligados a presentarla (…). Me parece determinante que sí debiera exigirse para ver si hay algún conflicto de interés entre sus empresas y el gobierno del cual es proveedor, porque estamos hablando de comisiones y de sobornos que superan por mucho las decenas de pesos”, aseveró.

Torres Espinosa criticó la forma en que en los últimos años -de 2008 al 2015- México ha decaído en el ranking de corrupción -de acuerdo a transparencia internacional- por sobre países latinoamericanos, y reprobó el como estas prácticas han hecho que la ciudadanía pierda todavía más la confianza en los tres poderes de gobierno. Y es que, detalló, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, Jalisco es la segunda entidad en donde los ciudadanos perciben un mayor nivel de corrupción; 94.7 por ciento de los jaliscienses consideran estas prácticas como algo muy frecuente.

Situación que se comprueba, agregó, con los informes del gobierno de Jalisco, al observar que de las 66 mil 120 solicitudes de información registradas en 2016, sólo han sido contestadas 61 mil 944.

Además, cuestionó las preocupantes cifras que se manejan respecto a impartición de justicia en contra del sector político; pues mientras a nivel nacional sólo 2 por ciento de los delitos cometidos por servidores públicos son castigados en verdad -de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad-, en Jalisco sólo 1.6 por ciento son sancionados.

“Podremos tener buenas tasas de empleo como dice el gobernador o buena inversión económica en el estado, pero en el tema del combate a la corrupción por más que se quiera abordar desde la perspectiva de hacer burocracia, no va a funcionar si el gobierno, entiéndase los tres poderes, no se comprometen con sancionar a los funcionarios denunciados por corrupción. Pues de ahí no sólo se viene la corrupción sino algo todavía peor, la impunidad”, lamentó el académico.

Hizo un llamado al Ejecutivo y al Legislativo para hacer, dentro de sus atribuciones, lo necesario y castigar a todos aquellos servidores públicos corruptos, pues ante las cifras registradas pareciera que en la actualidad es “muy rentable” el ser corrupto dentro de estos poderes.

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