Logran fiscalía para desaparecidos

La deficiencia burocrática de Jalisco, que ha llevado a familiares de las víctimas de desapariciones forzadas a ser los principales investigadores, podrá tener ahora un mayor apoyo con una unidad especializada

La mayoría de los que han participado (en las desapariciones forzadas) son policías municipales y personas ligadas al narcotráfico”
Eduardo Almaguer Ramírez
titular de la Fiscalía General del Estado

Durante los últimos años Jalisco se ha posicionado entre los primeros lugares en desaparición de personas en México, una problemática que ha sido abordada por las autoridades con dificultades que han recibido severas críticas de las organizaciones de familias víctimas de este tema.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, anunció la presentación de un modelo de Fiscalía Especial para la Búsqueda de Desaparecidos, propuesta que, ya se encuentra en su fase final.

Dicha propuesta tendrá que pasar por el Congreso Local del estado de Jalisco para ser aprobado, no obstante que antes de dicho proceso legislativo se encuentra en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para poder revisar la propuesta.

“La creación de esta Fiscalía especializada, está en el análisis del alto comisionado de la Naciones Unidas, y está lista para que en 15 días sea analizada por el Congreso y ya tener la primer Fiscalía especializada en el país”, explicó Almaguer Ramírez.

Esta unidad de la actual dependencia de seguridad a cargo de Almaguer busca poner en operación una instancia de análisis del contexto en el cual se dan los casos de desaparición.

Por otro lado, la fiscalía pretende poner mayor atención en un tema delicado para la propia dependencia y que tiene que ver con la colusión de los funcionarios de seguridad en la participación de estas desapariciones.

“La mayoría de los que han participado (en las desapariciones forzadas) son policías municipales y personas ligadas al narcotráfico”, reconoció el fiscal.

Con esta propuesta, lo relevante será la posibilidad de que las familias de desaparecidos formen parte de la investigación de esta fiscalía especializada, que tendrá su sede en Guadalajara y Puerto Vallarta.

A decir del fiscal, estos familiares podrán tener equipo que les ayudará a fungir como observadores de las investigaciones desde su inicio y hasta la conclusión o revisión de la misma.

Desde octubre pasado el gobierno estatal mantuvo algunas diferencias con organizaciones como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), luego de que abandonaran las mesas de trabajo por el entorno burocrático y poco efectivo que se había generado.

Aunque existen algunas suspicacias sobre su conformación en términos operativos y presupuestales, en este último caso se dijo que no requerirá de una reinversión de recursos a la FGE debido a que se reasignará el presupuesto de distintas áreas, ya que en dicha fiscalía especializada participarán 13 agencias de ministerio público, 13 policías investigadores y dos analistas de inteligencia, así como personal telefónico del Protocolo Alba, que surgen tras una reestructuración del personal con el que ya cuenta la dependencia de seguridad.

Jalisco es el tercer estado del país con más desaparecidos, pues suma 2 mil 523, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), superado solo por Tamaulipas, con 5 mil 563, y el Estado de México, con 2 mil 984, mientras que a nivel nacional considera 28 mil 937 casos.

Revelan datos

El 7 de febrero el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez habló sobre esta próxima fiscalía especializada para desapariciones. Reveló un dato nuevo al que no había dado acceso ni siquiera por los mecanismos de transparencia. Dijo tener conocimiento de 370 desapariciones forzadas en Jalisco, en los últimos 10 años (2007-2016).

La desaparición forzada es aquella donde interviene un agente del estado mexicano, como los policías, por ejemplo. Según dijo, esta modalidad de la desaparición representaría cerca de un 15 por ciento de todos los casos de desaparición registrados en ese lapso (2 mil 430, dijo durante la glosa del cuarto informe de gobierno de Aristóteles Sandoval).

A pesar del reconocimiento del alto número de cifras, el estado se mantiene en una serie de deficiencias burocráticas que han llevado a que los familiares mantengan una permanente exigencia por justicia. Ya que incluso en el mensaje del cuarto informe de gobierno no hablara del tema, salvo en la glosa, cuando fue abordado.

Con el escenario de la glosa ciudadana se cuestionó que el Ejecutivo del estado no esté participando de manera coordinada con los organismos civiles en el tema de seguridad, sobre todo los que integran a los familiares de la víctimas. Layda Negrete, coordinadora de México Evalúa, criticó el papel de los indicadores en los informes de las autoridades.

Esto debido a que las denuncias son puestas como indicador de la incidencia delictiva, confundiendo a la ciudadanía al seleccionar que se busca reducir el indicador de la incidencidelictiva pero no el de las denuncias, que son un elemento esencial para mejorar en el tema de la seguridad.

 Faltan cifras claras

Alma Chávez Guth, comisionada ciudadana de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se posicionó respecto a la falta de una cifra clara por parte de las dependencias del ejecutivo inmiscuidas en el tema de seguridad para dimensionar la problemática en la entidad.

“Desde mi punto de vista no se están trabajando indicadores reales, no se están investigando a fondo cuál es el motivo por el cual la persona no está con su familia”, señaló a los medios, Alma Chávez.

Incluso este tema generó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses capacitara a los familiares de los desaparecidos ante la falta de eficiencia en las unidades de búsqueda, con el propósito de localizar a las víctimas en algunas de las fosas clandestinas.

“Ellos andan buscando las zonas donde puede haber sospecha de fosas clandestinas (…) vamos a darles la mejor orientación dentro del marco jurídico y con la orientación de los científicos”, explicó a El Universal el director del IJCF, Octavio Cotero Bernal.

La relación con los familiares ha sido difícil, pues no sólo en el tema de las mesas es que ha habido momentos ríspidos, ya que en noviembre pasado funcionarios del Servicio Médico Forense entregaron las cenizas de dos personas que se denunciaron como desaparecidas, mismas que habían sido localizadas en fosas clandestinas y que se identificaron por medio de pruebas genéticas.

Esto motivó a que la familia presentara una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que Fundej emitiera un comunicado que expresaba:

“Instamos a la FGE a que solicite los servicios de grupos independientes de antropólogos forenses mexicanos, argentinos, peruanos o guatemaltecos, porque con esta información y la manera indolente con que se entregaron los cuerpos incinerados a las familias de Fundej queda claro que las autoridades de Jalisco están completamente sobrepasadas y no han comprendido que nuestros hijos e hijas, aún desaparecidos, cuentan con derechos, y entre esos derechos está el de su identidad”.

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