Colectivos ciudadanos despliegan ofensiva legal contra el alcalde tapatío

El presidente Enrique Alfaro tiene procesos judiciales por el proyecto Iconia en Huentitán y por “edificio de la corrupción” en colonia American

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

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El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, no ha podido resolver su mala relación con los vecinos más contestatarios de la ciudad, los cuales han denunciado por más de una década el secuestro del desarrollo urbano a favor de altos intereses inmobiliarios y en perjuicio de su calidad de vida, sean gobiernos panistas, priistas o emecistas. Hoy, confirmaron dos frentes legales que deberá afrontar.

El primero tiene que ver con el polémico desarrollo de Iconia y en general, el Plan Maestro de Huentitán, al norte del municipio. Los vecinos de Huentitán y Oblatos comparecieron alrededor de las 10:25 horas de hoy en las instalaciones del Congreso del estado para ratificar el expediente de juicio político contra el presidente municipal “por destinar terrenos adquiridos para parque municipal en la colonia Huentitán el Alto, a un Fideicomiso que promete un desarrollo inmobiliario en la colonia Huentitán”, informó el abogado de los quejosos, Carlos Valentín Veyna, director del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

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“Los vecinos sustentan su acusación contra Alfaro Ramírez, en los decretos legislativos 10421 y 10631 que contemplan la adquisición de más de 27 [sic] terrenos privados para destinarlos como parques para Guadalajara desde el año 1981; tras hacer maniobras de desistimiento del expediente 256/2016 ante el Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, que retornaría al Patrimonio Municipal de los terrenos, y hacer efectiva la penalidad millonaria de 688 millones de pesos a favor del municipio”. Esta “simulación”, añadió el abogado, derivó en un juicio de amparo [2948/2016] ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, en el que se llama a las autoridades del estado y el municipio a observar los citados decretos legislativos, que a su juicio, no pueden ser alterados: el destino de los predios como parque es inamovible, precisó. Las organizaciones que demandan el juicio contra el primer edil son Únete Huentitán, Huentitán Vive AC y el propio Instituto de Derecho Ambiental AC.

El segundo expediente tiene que ver con la resistencia del ayuntamiento por clausurar el “edificio de la corrupción” [sic], ubicado en la calle Mexicaltzingo, número 2209, y calle Vidrio número 2214, en la Colonia Americana. Aunque ese acto ya se realizó por orden judicial, esperan los quejosos que no se viole, ante la presión que ejercen los constructores.

“[…] a pesar de existir suspensiones concedidas por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa para que se verificara la construcción y el peligro en que pone a los vecinos colindantes y las constantes gestiones realizadas por el Parlamento de Colonias AC y la Asociación de Vecinos Lafayette para efecto de que se clausurara”, refirió el presidente del parlamento, Alejandro Cárdenas Ochoa.

Dijo que el 7 de octubre de 2016, “esta acción urbanística derribó la parte trasera de la finca ubicada en el número 462 de la calle Simón Bolívar, ocasionando afectaciones al patrimonio de una vecina y poniendo en riesgo la vida de los habitantes de esa casa habitación; es por esto que el día 13 de enero de 2017 atinadamente y de manera proteccionista la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, otorgó una medida cautelar a la Señora María Otilia Sánchez Gutiérrez Plascencia, quien es habitante de la casa habitación afectada, para efecto de que el ayuntamiento se abstenga de otorgar certificado de habitabilidad o su equivalente, autorización de preventa de departamentos a terceros, movimientos registrales a favor de terceros, factibilidades de las unidades habitacionales y no se autorice ninguna subdivisión, copropiedad, condominio o cualquier régimen urbanístico que permita la utilización o venta fraccionada de la edificación”.

Además, que “no se otorgue cambio de proyecto o cualquier autorización posterior y que encuentre sustento o relación con el Dictamen de los actos impugnados- Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, con número de expediente 039/D1/E-2012/2129, de fecha 15 de mayo de 2012, licencia de alineamiento y número oficial con número de folio 13908, número único 62191 y número de control A0567-2012, de fecha 25 de septiembre de 2012; las licencias de edificación y/o construcción números de folio 22962 y 22963, número único 62191 y número de control M-0558-2014, de fecha 19 diecinueve de mayo de 2014”.

También deriva en suspender los trabajos de edificación y tomar las medidas de seguridad pertinentes para los colindantes de la edificación.

“Esta medida cautelar quedó debidamente notificada a las autoridades municipales de Guadalajara y a los constructores de la acción urbanística, desde el 18 de enero de 2017 […] el Ayuntamiento de Guadalajara no tuvo otra opción que clausurar la obra en construcción el pasado 27 de enero de 2017 a pesar de todos los pretextos que ponía para hacerlo; el edificio se encuentra clausurado” por esa orden judicial. Los vecinos esperan que la administración municipal no incurra en violación de sus derechos.

GPE

 

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