[crónica de sociales.org]

• Exigen a José Luis Arteaga renunciar como tesorero sindical

Aníbal Vivar Galván/La Jornada Jalisco.- El denominado “candidato de unidad”, José Luis Arteaga Ortega a quien busca imponer la dirigente de la sección III-Jalisco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Clara Gómez Caro, debe renunciar primero a su puesto de tesorero del organismo sindical antes de participar en la contienda, ya que actualmente está en una posición privilegiada en donde puede disponer de recursos para dedicarlos a su campaña, aseguraron mediante un comunicado los integrantes del Movimiento de Resistencia Sindical de Trabajadores del Seguro Social (Moresiss) en la entidad.

“José Luis Arteaga Herrera no es el candidato de los trabajadores, sino de la diputada local Clara Gómez Caro, actual secretaria general del Comité Ejecutivo Seccional y de los Delegados Sindicales”, señala el documento emitido por Moresiss.

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• Denuncian que algunos fueron dados de baja por sus preferencias sexuales

“Si estamos con la delincuencia organizada, pues que vengan y nos lleven. ¡No tenemos nada!”, exclamó uno de los manifestantes. Foto: Héctor Jesús Hernández

Alejandro Velazco/La Jornada Jalisco.- Hace cinco meses, 137 policías de Guadalajara fueron notificados de haber reprobado los exámenes de control de confianza; 40 de éstos fueron separados del cargo y, afirman, aún no reciben información de los motivos de su despido. Entre las justificaciones que han recibido están situaciones de índole personal, como la infidelidad y las preferencias sexuales, según relataron en una manifestación que realizaron la mañana de ayer en la Presidencia Municipal tapatía.

Los ex policías tapatíos comenzaron una huelga de hambre afuera del Palacio Municipal de Guadalajara, algunos de ellos encadenados en exigencia de que se revisen sus casos.

“Si vamos a morir de hambre preferimos que sea aquí”, dijo el ex comandante Juan Carlos Martínez Sevilla, representante del movimiento, ya que por estar fichados no han podido conseguir empleo.

En su caso, después de 16 años de servicio y con una carrera de profesor de primaria, ha tenido que hacer chambas de albañil para poder subsistir.

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Milenio

Guadalajara  • Como sucede en muchos países en vías de desarrollo, “México no está preparado para su envejecimiento, ni en términos económicos y mucho menos sociales”, así lo advierten las profesoras e investigadoras del ITESO, Margarita Maldonado y Paola Aldrete, quienes actualmente están desarrollando estudios al respecto en esa casa de estudios.

Y es que mientras en Europa les llevó 200 años implementar mecanismos de protección a su población adulta mayor, en México apenas superan 50 años con políticas públicas dirigidas a su protección y cuidado en materia de salud y economía, más aún considerando que siete de cada 10 ancianos no recibe pensión o jubilación alguna.

En entrevista apuntaron que hoy en día, entre los que reciben una prestación por entregar su vida al trabajo, también existen muchas diferencias, toda vez que registran rangos de pensiones desde 1,500 y hasta 40 mil pesos mensuales, mientras que el restante 70 por ciento de adultos mayores subsiste por algunos de sus familiares, asistencias institucionales o por caridad de personas ajenas, lo que deriva en altos niveles de desnutrición y registro de enfermedades crónico-degenerativas.

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Por siete horas elementos tapatíos despedidos por fallar en los exámenes de confianza, se encadenaron a las puertas de la Alcaldía de Guadalajara.
Foto: Fernanda Carapia

Fernanda Carapia, Julio Pérez y Noé Magallón/Mural

Ex policías tapatíos que fueron cesados por reprobar los exámenes de control de confianza se encadenaron ayer a las puertas de la Presidencia Municipal para exigir su reubicación y el pago de finiquito.

“Violaron todas nuestras garantías, se nos trató arbitrariamente, no se nos ha dado una explicación, no se nos ha dado un finiquito, la inconformidad que estamos manifestando es que se nos está tratando como delincuentes, por eso mis compañeros están encadenados”, informó Cecilia Díaz, quien fue separada del cargo el 26 de noviembre pasado.

Desde las 8:30 horas a las 15:00 horas, los elementos se encadenaron para exigir, entre otras cosas, un diálogo directo con la autoridad y el pago de una indemnización.

“Analizaremos cada caso para verificar en qué medida puede el Municipio, en lo que cabe en sus responsabilidades en competencias, apoyar a cada uno y buscar soluciones a partir de la realidad de cada uno”, señaló el Secretario de seguridad ciudadana del Municipio, Carlos Mercado Corona.

Los inconformes solicitan la reubicación y que se les haga un juicio para que se les comprueben los delitos que se les imputan.

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Con la instalación de cámaras de videovigilancia en el Centro Histórico de Guadalajara en 2011, los gobiernos municipal y estatal aseguraron que disminuirían los índices de delincuencia; sin embargo, ninguna de las atrocidades ocurridas desde entonces en la ciudad, como la reciente agresión en dos bares de avenida Javier Mina, han sido captadas por estas cámaras, lo cual es una estafa al pueblo/Foto: Cortesía

Rafael Hernández Guízar / Página 24

La compra de 654 videocámaras de seguridad que jamás se instalaron, fue el negocio del sexenio del ex gobernador Emilio González Márquez; el hecho hoy es solapado por Aristóteles Sandoval Díaz, dejó en claro el periodista Leonardo Schwebel Esquivel.

Tras realizar una investigación respecto a la falta de los equipos de videovigilancia que se “justificaron en su compra” por el Gobierno del Estado –con el crédito de mil 500 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado en la pasada legislatura–, el periodista mostró el fraude que se cometiera por los funcionarios luego de simular la compra de los equipos a raíz de los narcobloqueos del año 2011, justo antes de la realización de los Juegos Panamericanos.

• Consta en el expediente de la SFP que otorgó cinco contratos irregulares a Ingeniería Exacta

El expediente que abrió la Secretaría de la Función Pública en contra de Benítez y otros funcionarios del organismo contiene faltas que debieron ser consideradas como agravantes para imponer un proceso penal al funcionario, a decir del experto en derecho de la Universidad de Guadalajara ,Felipe de Jesús Garibay.

María González Valencia, quien encabeza el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), ha mencionado que el caso ejemplifica el nivel de corrupción en la Comisión Nacional del Agua.

Coincidió con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo en lamentar que pese a documentarse irregularidades graves según el Código Penal Federal, el ex titular del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico no haya sido procesado penalmente.
En este sentido, indicó, el fallo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para inhabilitar por 10 años al funcionario se quedó corto ante las pruebas recabadas por la misma dependencia en su investigación.

“Nos parece que este caso refleja cómo se manejan los funcionarios públicos”, detalló, y agregó que también es una muestra de cómo aún persiste impunidad en la aplicación de las sanciones que la ley obliga.

En imagen de archivo, la cortina de la presa El Zapotillo. Foto: Héctor Jesús Hernández

Alejandro Velazco/La Jornada Jalisco.- El Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico (OCLSP) no solamente entregó contratos irregulares a la empresa Ingeniería Exacta en diversas convocatorias, sino también admitió su inexperiencia, inflación de costos y cálculos incorrectos en salarios, señala el expediente de la Secretaría de la Función Pública.

Lo anterior durante la gestión de Raúl Antonio Iglesias Benítez, quien como funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantuvo intereses familiares con Ingeniería Exacta, hechos por los que la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años de cualquier cargo público, situación que ameritaría también el castigo contemplado en el artículo 220 del Código Penal, por ejercicio abusivo de funciones (La Jornada Jalisco, 21 de marzo de 2013).

Según se desprende del portal de obligaciones de transparencia de la Conagua, de los ocho contratos que el OCLSP otorgó a Ingeniería Exacta cuando Iglesias Benítez era el titular, cinco tuvieron inconsistencias en la licitación y sin embargo la empresa resultó ganadora.

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Rafael Hernández Guízar / Página 24

El alcalde de Zapopan, Héctor Robles, protege un robo al despoblado y hasta lo solapa, denunciaron vecinos del fraccionamiento Pinar de la Venta, al evidenciar cobros excesivos e irracionales por el servicio de agua potable y un millonario desvío de fondos de la junta de colonos.

Aunque ya se había manifestado en el pleno del ayuntamiento y el presidente municipal, Héctor Robles Peiro, había prometido soluciones al conflicto que enfrentan cientos de personas, siguen dándose cobros a consideración de la junta de vecinos, los que van desde 500 hasta mil 500 pesos, siendo además amagados con la suspensión del servicio, violando sus derechos.

En entrevista con Página 24, Alejandro Cárdenas Ochoa, vecino del lugar y presidente del Parlamento de Colonias, aseveró que la presidenta de la mesa directiva, Karina Mota Palma, es protegida por el ayuntamiento.

–¿Quién es la responsable de esto?

–La presidenta, Karina Mota Palma.

–¿Y qué es lo que está pasando, porque vemos que son variables las cuotas que se cobran?

–Claro, no hay una cuota específica para los predios, hemos solicitado ya con antelación que se cobre conforme al consumo de cada uno de los lugares, que cada una de las viviendas tenga. En el 2012 se instalaron medidores y finalmente, eso sería lo correcto, porque evitamos que se desperdicie el agua y que el cobro sea justo, pero no se hace.

Sonia Serrano/http://www.elrespetable.com

Pasaron ya cuatro meses de la nueva Legislatura y las medidas por los excesos cometidos por los anteriores diputados, con la contratación y basificación irregular del personal, siguen sin llegar. Hasta ahora, las únicas acciones que se han emprendido, son las demandas laborales, sin mucho futuro por cierto, contra más de 200 basificados, así como la lista que se dio a conocer de 24 aviadores y 23 trabajadores con licencia. Pero hasta ahora, ninguno ha sido despedido.

Lejos de eso, surgieron dos vías de defensa que han resultado curiosas. La primera, la del sindicato. Irene Trejo, a menos de un mes de que termine el periodo para el que fue electa, decidió volver a aparecer en escena para proteger a los trabajadores que son procesados por irregularidades. La otra, son las parejas de las empleadas que cobran sueldos de más de 40 mil pesos que, quieren demostrar, que no están solas.

Irene Trejo convocó a una asamblea del sindicato del Congreso del Estado, con tres puntos importantes: la aprobación de su informe financiero, la aprobación del acta de la anterior sesión, en la que afilió a 98 trabajadores basificados de manera irregular y la incorporación de otros 30 trabajadores recién basificados.

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Sobre las despensas, la presidenta de colonos de Camichines, sección Patria, María del Carmen Grajeda, señaló que “(Agustín Serrano) se las da a sus amigos y a la gente que congrega en sus juntas vecinales; con que le lleve uno su credencial del Instituto Federal Electoral (IFE), allí tiene a una mujer que le ayuda, del PRI también, recogen los papeles y ellos hacen el listado, pero también da despensas/Fotos: Javier Espinosa Valdespino

Javier Espinosa Valdespino / Página 24

Pese a las entregas públicas de despensas que hace el presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, Alfredo Barba Mariscal, siguen brotando las evidencias de un programa hecho con fines políticos para consolidar la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque esto implique mantener a delincuentes en la nómina.

Como documentó este medio, los 14 millones 300 mil pesos que la administración de Alfredo Barba erogó para la adquisición de 111 mil 150 despensas son distribuidos sólo entre 17 mil familias que son elegidas mediante un listado que hacen los seccionales del PRI, pero el aviador Agustín Serrano habría ido más allá, pues la vendería en un tianguis.

De acuerdo con la presidenta de colonos de Camichines, sección Patria, María del Carmen Grajeda Cabrales, esta persona que se halla en la nómina del departamento de Participación Ciudadana de Tlaquepaque, cobrando sin trabajar, y que tiene otra plaza en el ayuntamiento de Guadalajara, hace uso político y personal de las despensas que, se supone, son para apalear el hambre de los tlaquepaquenses.

“¿Examen socioeconómico? ¡puras mentiras!”, señalan las mujeres a un día de otra entrega más de despensas que realizará el primer edil de Tlaquepaque, Alfredo Barba, en la colonia Las Huertas, en la calle Arrayán, frente al templo (entre Salvador Orozco Loreto y Durazno) y en donde se tomará la fotografía para el boletín de prensa institucional.

Maricarmen Rello/Milenio

• A través de ellas diputados recibirán recursos para alimentos, combustibles, servicios profesionales, etcétera

El secretario general de Gobierno junto al diputado panista Hernán Cortés. Foto HŽéctor Jesœús Hern‡ández

Darío Pereira/La Jornada Jalisco.- Los recursos extraordinarios al salario que reciben los diputados locales para cumplir con sus funciones legislativas –generalmente destinados a casas de enlace– no desaparecerán del Presupuesto 2013 del Congreso local, según lo han expresado legisladores de todas las bancadas; sin embargo, sí serán regulados.

La comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, presidida por el diputado panista Hernán Cortés Berumen, avaló por unanimidad la propuesta hecha por la fracción del PRD que pretende modificar los artículos 27 y 28 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Con las modificaciones propuestas se establece que los recursos que les sean otorgados –en el presupuesto interno del 2012 se destinaron 44 millones de pesos para asignaciones a grupos parlamentarios– tienen que ser justificados mensualmente ante la Secretaría General y la comisión de Administración mediante un informe en el que “se anexe la documentación comprobatoria que justifique las erogaciones realizadas”.

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