Darío Pereira/La Jornada Jalisco
El ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, interpuso la mañana de ayer un amparo colectivo que fue promovido por la próxima bancada del partido en el Congreso local en conjunto con 8 mil 165 ciudadanos que decidieron sumarse a esta medida en oposición al incremento en el precio del transporte público.
“Evidentemente el aumento a la tarifas del transporte se hizo violando la ley y sin respetar los procedimientos ni la leyes aplicables en materia de tránsito y transporte”, expresó.
El equipo jurídico de Alfaro Ramírez, que asumirá la representación legal de los quejosos, argumentó que el Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público (OCOIT) no realizó los estudios suficientes para dictaminar los nuevos costos del pasaje y anunció que será el próximo viernes cuando el juzgado correspondiente defina si se acepta el recurso y se aplica la suspensión de la medida para quienes lo promueven.
Asimismo, serán los propios juzgados los que determinen el procedimiento por el cual los miles de usuarios que se ampararon podrán hacer efectivo el pago de la tarifa anterior en caso de que la resolución se diera a su favor.
Al afirmar que la decisión de la comisión tarifaria de aprobar el aumento fue “una medida unilateral del gobierno en complicidad del gobierno saliente con quien se asume ya como el gobierno entrante”, se mostró confiado en que la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el ayuntamiento de Tlajomulco, –otra de las medidas con las que se pretende frenar el cambio en la tarifa– tendrá éxito, debido a que el proceso por el cual se aprobó viola “los principios de legalidad y certidumbre jurídica”, lo que atenta contra las garantías constitucionales establecidas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.
Alfaro Ramírez anunció que será también el viernes se iniciará con el proceso de la tercera vía con la que pretender frenar la nueva tarifa: un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).
Impiden acceso a medios
Durante la entrega de las firmas, se registró un conato de enfrentamiento entre la prensa y los elementos de seguridad privada pertenecientes a la compañía Multiproseg que resguardan las instalaciones de la Ciudad Judicial, quienes entre empujones y amagos de utilizar gas lacrimógeno negaron el acceso a la Oficialía de Partes del edificio público a los reporteros gráficos de los medios de comunicación –a excepción del representante de Televisa–, uno de ellos incluso, alcanzó a ser golpeado por una macana.
Al ser cuestionados sobre el hecho de que la seguridad de un edificio perteneciente a la federación se encontrara en manos de una empresa privada, un representante de los guardias, quien sólo se identificó como Salvador, afirmó que existe un decreto que permite su trabajo en el lugar.
“Hay un acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, entonces nosotros nos basamos a través de este documento, y en la parte del acuerdo 30/2000 también emitido por el pleno del consejo”, indicó.
