Los transportistas realizaron un paro de labores como medida de presión al aumento tarifario que finalmente se aprobó ayer. Foto Héctor Jesús Hernández
Jorge Rocha/La Jornada Jalisco
Sin duda el tema de la semana en el estado de Jalisco es la pretensión de aumentar la tarifa del transporte público para que pase de seis a ocho pesos. El lunes amanecimos con un paro parcial de los transportistas que afectó a miles de ciudadanos que tuvieron que trasladarse a sus labores pagando taxis, pidiendo aventones, caminando o utilizando los servicios que prestaron patrullas, camiones de la policía y hasta solidarios automovilistas que se sumaron a la tarea de trasladar a sus destinos a los afectados. Nuevamente los concesionarios amagaron a las autoridades a través de acciones que van en contra de los ciudadanos, acciones deleznables y a todas luces condenables.
Se pronunciaron en contra del aumento y de este amago los ciudadanos, organizaciones civiles, algunos políticos, académicos, estudiantes y hasta el cardenal de Guadalajara. Hay una voz coincidente en todos ellos: el aumento no se justifica y representaría un duro golpe a la economía familiar de muchos jaliscienses. Para el secretario de Vialidad y los dueños de los camiones, el aumento al precio de los combustibles es razón suficiente para subir la tarifa. Unos dicen que ya no les alcanza y sus márgenes de ganancia se han reducido; otros afirman que hace mucho no se aumenta el precio, entonces “ya toca”. Claro, no presentan información sólida, no exponen argumentos convincentes, no justifican con datos suficientes el aumento.
Cada vez que se han incrementado las tarifas hay promesas de por medio (todas incumplidas) de aumento en la calidad en el servicio, de unidades en mejores condiciones materiales, de implementación de dispositivos que ayuden a las personas con discapacidades, de mejora en las condiciones laborales de los choferes. Al principio hay intentos de mejora, luego nada. Hay evidencia empírica suficiente de que el aumento en las tarifas no resuelve los problemas en el transporte público. Las claves están en otra parte.
Desde mi particular punto de vista, el abordaje a este problema implica necesariamente una perspectiva estructural, es decir, el asunto requiere una mirada que va más allá de las simples acciones cortoplacistas que son un paliativo para el problema (como construir más vialidades o incrementar tarifas del transporte público). El punto de partida es la necesidad de generar un plan maestro de movilidad urbana que decida cuál es la apuesta estratégica de transporte en la ciudad, es decir, sin desdeñar ninguna forma de movilidad, se tendrían que enfocar los esfuerzos en generar las condiciones para que algunas de las formas de transporte sean prioritarias. Hay dos grandes opciones en este asunto: apostar por el transporte privado motorizado (lo que ha pasado por la vía de los hechos y que está colapsando la ciudad) o por el transporte público y el privado no motorizado. Optar por una y otra forma tiene fuertes implicaciones legales y de políticas públicas.
Habiendo decidido esta opción estratégica, tendría que generarse un debate en torno al transporte público para optar por un modelo fundamentalmente privado en la prestación de este servicio o que el Estado se haga cargo de este asunto. Nuevamente la evidencia empírica en la ciudad nos dice que el transporte público mejor evaluado es el Tren Ligero, que precisamente está en manos del gobierno del estado, mientras que el servicio que prestan los concesionarios privados son los que más quejas tienen de los usuarios, es decir, si se hiciera caso de la experiencia concreta, tendríamos que optar por un servicio de transporte público estatal, que podría acompañarse por algunos servicios de transporte de corte privado de carácter más periférico y no sustantivo.
Ahora bien, si mantiene la prestación de servicios de transporte privado (no estratégico) como rutas de camión concesionadas, taxis, líneas de autobuses de lujo, entre otras, tendrían que generarse por lo menos tres aspectos para su buen funcionamiento:
1. Un marco normativo perfectamente claro que dicte los requerimientos para prestar el servicio (mínimos de calidad, seguridad, topes de tarifas).
2. Un espacio regulador y decisorio que transparente el proceso de otorgamiento de las concesiones; que genere concursos de oposición entre los que compiten por las mismas; que no permita la sobreoferta de los servicios; que incorpore en las decisiones a organismos ciudadanos con expertise en el tema; que no permita procesos de concentración de concesiones en pocas manos; que vigile que las condiciones laborales de los choferes sean las mejores y que en caso de incumplimiento de la normativa no renueve las concesiones.
3. La capacidad gubernamental de aplicar sanciones en caso de incumplimientos evidentes del marco normativo, es decir, no se trata sólo de revocar concesiones, sino de aplicar sanciones y buscar la reparación del daño. Imagine usted, amable lectora y lector, que las líneas que pararon el pasado lunes como reparación del daño ofrecieran sus servicios gratis por un día.
Lo que tenemos ahora es una ciudad cada vez más colapsada (ya es una costumbre que los viernes por las tardes el tráfico se torna caótico), un transporte público fuera de control, con mala calidad en el servicio y que amaga a las autoridades cada vez que quiere incremento en las tarifas, aunado a ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en la permanente indefensión y con un gobierno estatal timorato y atado de manos, que no ataja el problema de raíz.
Cada intento de aumento en los precios tenemos la misma escena: camioneros presionando, gobierno sin firmeza, negociación del precio y por supuesto a ciudadanos que “apechugan” las decisiones. ¿Cuándo seremos capaces de revertir esta lógica perversa y exigir una solución de fondo al problema de la movilidad?.
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