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Los periodistas, abajo firmantes, conscientes de lo que significa para nuestro país la experiencia de otro proceso electoral falto de legalidad y de legitimidad, y congruentes con la vocación ética que funda nuestro trabajo, denunciamos el uso indebido de dinero público y privado para hacer propaganda política y manipular la información a favor de una imagen mediática que no corresponde a la realidad del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, con el propósito de imponerlo en la Presidencia de la República.
Nos negamos a participar en estos actos contra derecho en perjuicio de los mexicanos. Nos negamos a guardar silencio ante esta imposición política, ilegal e ilegítima, que representa una absoluta negación de la democracia que con gran esfuerzo intentamos construir, pese al alto riego que ello representa para todos nosotros. Nos exigimos alzar la voz y dar la cara por las vidas que nos han arrebatado de nuestros compañeros, por los periodistas que han sido expulsados y por los que han tenido que huir para salvar sus vidas por decir la verdad.
Nosotros, los firmantes, nos deslindamos de los actos de corrupción en los que han incurrido las empresas de medios favorecidas por la publicidad del PRI, legal e ilegalmente. Nosotros no avalamos ninguna violación a la libertad de expresión ni al derecho de los ciudadanos a informarse con la verdad.
Los periodistas mexicanos, dentro y fuera del país, nos negamos rotundamente a formar parte de la violación de los derechos políticos electorales de los millones de mexicanos que buscan elegir con libertad el destino colectivo de México. Lo hacemos con el sustento legal que nos da la legislación electoral y los Tratados Internacionales a los que está suscrito nuestro país, mencionados a continuación:
Artículo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), estipula que las disposiciones en materia del ejercicio de los derechos político-electorales son de orden público, razón por las que corresponde al IFE, a la FEPADE y al Tribunal Electoral la obligación de su tutela.
Artículo 21, Inciso 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
Artículo 25, Inciso b, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual estipula que toda persona tiene derecho a “Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”
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