Foto: Marco A. Vargas
Registran violaciones a derechos humanos de habitantes de Temaca.
Maricarmen Rello/Milenio
El informe anual de la organización civil documenta retrocesos en derechos humanos en 2011 y evidencia casos explosivos como el de “Temaca” y Tenacatita.
El año 2011 fue uno “cargado de incumplimientos” en materia de derechos humanos en Jalisco. Junto a la creciente espiral de violencia que afectó a la población, arrastró conflictos sociales de años anteriores —algunos muy añejos— que siguen sin resolverse y que amenazan la paz social, y estallar en enfrentamientos entre autoridades y civiles.
Lo anterior lo alertó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad AC), al rendir su Informe Anual 2011, sobre la situación de derechos humanos en Jalisco, como lo hace desde hace cuatro años, donde hizo hincapié en el contexto de violencia social y acoso a los activistas y pobladores que defienden su territorio, con amenazas directas y la instauración de procesos penales.
“Se ha caracterizado 2011 por una serie de incumplimientos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades del estado y de los municipios […] hemos evidenciado una escalada de violencia inusitada en la entidad y, al mismo tiempo, vemos la incapacidad y la inacción por parte de las autoridades de procuración y seguridad pública del estado”, indicó César Octavio Pérez Verónica, director de litigio estratégico del organismo civil.
Ante la presencia de activistas y académicos, se expusieron algunos de los casos paradigmáticos de 2011: violaciones graves a los derechos humanos, como el acoso a los habitantes de Temacapulín que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo y a que se inunde su pueblo; hostigamiento a la comunidad de Mezcala y persecución por parte de autoridades mediante procesos penales a sus defensores; la misma situación hacia los defensores de los pueblos en la barranca del río Santiago que han denunciado daños ambientales; y el empecinado cierre, durante un año y diez meses, de la carretera a la playa de Tenacatita, de donde fueron desalojados vecinos con 30 años de asentamiento que perdieron su fuente de trabajo.
Son casos paradigmáticos, donde el organismo advierte que el enfrentamiento con las autoridades o particulares “puede resultar en un estallido social de grandes dimensiones”.
Ante este escenario, el Cepad reiteró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha sido la gran ausente en la defensa de los jaliscienses.
“A partir de que ha llegado Felipe de Jesús Álvarez a la titularidad de la CEDHJ […] esa institución no le garantiza a las personas la investigación de las violaciones que denuncian ante este organismo. Incluso, nos parece que la incapacidad, la inacción de la Comisión Estatal lo único que ha provocado es que se incrementen las violaciones de los derechos humanos, y que las propias autoridades no la visualicen como un órgano al que hay que respetar”, apuntó Pérez Verónica, tras citar que todas las recomendaciones de la CEDHJ se aceptan, “pero no se cumplen” o sólo en parte.
La aprobación de una nueva Ley de Información Pública fue otro de los retrocesos en derechos humanos documentados. Pérez Verónica también señaló “la corrupción y el despilfarro” en el Congreso del Estado, que “no ha adecuado o armonizado sus legislaciones en materia de derechos humanos, en conformidad con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos”.
La desatención a las víctimas de delitos y el hecho de que en 2011 se reportaron amenazas contra periodistas y activistas, como el padre Gabriel Espinoza, se cuentan entre los hechos que mantienen a Jalisco con alerta encendida.
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