[crónica de sociales.org]

Diego Petersen/El Informador

Los incendios en La Primavera son provocados. Aunque nadie haya visto  quién inició el fuego, el que en 10 puntos distintos haya comenzado el fuego en pocas horas y sin que haya algún evento natural que lo explique, una tormenta eléctrica, por ejemplo, deja muy poco espacio para la duda. Los incendios provocados son el pan nuestro de cada año, una batalla más de una larga guerra.

El problema del Bosque La Primavera es muy simple: es un asunto de propiedad. Ante la avalancha de fraccionamientos que invadieron de manera voraz el bosque en los años sesenta (Bugambilias, El Palomar, Pinar de la Venta, etcétera) y que amenazaban con no parar, en los setenta se promovió un decreto presidencial para proteger al “gran pulmón de Guadalajara”. El Presidente Echeverría otorgó gustoso el decreto y eso evitó que los fraccionamientos siguieran comiéndose al bosque. El gran logro es haber conservado la mancha verde; las 30 mil hectáreas que fueron objeto del decreto están íntegras, pero lo problemas sociales y ambientales están lejos de haberse solucionado.

Se nos olvida que La Primavera es un bosque que tiene dueños. Hablamos de él como si fuera propiedad nuestra, del Gobierno del Estado, y efectivamente casi una tercera parte ya es propiedad del Estado, pero dos terceras partes son ejidos y pequeña propiedad. Mientras la ciudad va rodeando al bosque los ejidatarios y algunos propietarios ven en sus terrenos una mina de oro que no se puede explotar. Son tierras sin uso, por lo tanto tierras sin valor. Los incendios son una forma de presión de algunos de los dueños del bosque que creen, erróneamente, que no habiendo bosque se facilitaría el cambio de usos de suelo.

La única forma de asegurar el futuro de La Primavera es que la ciudad de Guadalajara le pague al bosque servicios ambientales o bien que se compren las 20 mil hectáreas restantes. Una manera de ir consolidando el polígono como propiedad del Gobierno del Estado es que se destine una cantidad anual para realizar las llamadas subastas inversas, esto es que sean los propietarios los que hagan la oferta de hectáreas por una cantidad fija de dinero. Quien ofrezca más hectáreas por un millón de pesos es a quien se le compra. Otra estrategia es mantener la propiedad en manos de particulares pero asegurar que la conservación del bosque sea negocio para ellos, y eso significa que los que gozamos del oxígeno que genera el bosque, los habitantes de la zona metropolitana, paguemos por ello. Hace cinco años el gobernador González Márquez propuso que se hiciera a través del recibo del SIAPA y la propuesta se desechó prácticamente sin estudiarse. Otra podría ser a través de un nuevo impuesto al uso del automóvil. Quizá la salida sea una mezcla de ambas, pero lo que tenemos que entender los tapatíos es que ese maravilloso lujo que es tener un bosque de 30 mil hectáreas dentro de la ciudad, no es gratuito.