Operativo anti-prostitución infantil realizado por la policía de Guadalajara en 2010. Foto: Arturo Campos Cedillo
Denuncian que usan acuerdo con Guadalajara para acusar por lenocinio y trata de personas
Las agraviadas del operativo aseguran que se les obligó a firmar declaraciones modificadas
Analy S. Nuño/La Jornada Jalisco
Integrantes de la Red Mexicana de Trabajadoras Sexuales denunciaron que tras el operativo realizado hace 10 días en el Hotel París, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEJ) está tomando como prueba los acuerdos signados en 2010 con el Secretario General del ayuntamiento de Guadalajara para fincar lenocinio y trata de personas al administrador del lugar, quien fue agredido y detenido durante el despliegue judicial.
En entrevista con La Jornada Jalisco, las trabajadoras sexuales agraviadas en compañía de Elvira Madrid y Jaime Montejo representantes de la Red y Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, acusaron a la dependencia de “sembrarle” delitos al encargado del hotel a fin de justificar el operativo que se realizo bajo el argumento de que en el establecimiento había menores de edad ejerciendo la prostitución, sin embargo, todas las detenidas demostraron su mayoría de edad con documentos oficiales, mismos que la PGJEJ está utilizando para “demostrar” que el recepcionista las prostituía.
Según la carta compromiso signada el 26 de agosto del 2010 tras el Operativo Rescate -de la cual este medio posee copia-, el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval acordó a través del secretario de ayuntamiento, Roberto López Lara, con la Red y Brigada Callejera respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales “que no se encuentren en los supuestos de utilización y promoción de menores y trata de personas”. Mientras que las mujeres que se dedican al trabajo sexual se comprometieron a no realizar sus actividades en la vía pública, es decir, ofrecer los servicios dentro de los hoteles o casas de huéspedes.
Además el ayuntamiento se comprometió a convocar a reuniones periódicas como la mesa de trabajo del 12 de noviembre de 2010, donde el funcionario municipal dictó instrucciones a hoteleros para que llevaran un registro puntual de las copias de la credencial de elector de las trabajadoras sexuales que tuvieran su punto de encuentro en sus establecimientos.
Dichos expedientes fueron sustraídos del Hotel París durante el operativo que se llevo a cabo la noche del sábado 14 de enero sin orden judicial y de manera violenta, los cuales a una semana del despliegue judicial se están presentando como prueba para fincarle el delito de lenocinio al recepcionista. De acuerdo a las agraviadas durante la toma de declaración se les insistió en señalar al mismo como padrote.
“Está muy complicado entre la actitud de la policía de extorsionar a quienes ejercen la labor en la calle y la de la Procuraduría, a pesar de este diálogo municipal que derivo en el acuerdo de estar adentro y de comprobar su mayoría de edad y que no está siendo respetado. Pero sobre todo, que llegue y que finque responsabilidad aún con los acuerdos coloque a las chicas en la mira de todo mundo para explotarlas y no respetarlas. El registro de credenciales del IFE y la concentración de trabajadoras sexuales dentro de los hoteles fue tomado por la Procuraduría como prueba para fincarle lenocinio y trata de personas al recepcionista del Hotel París”.
Aunado a esto, las 16 trabajadoras sexuales agraviadas, indicaron que las declaraciones fueron alteradas por el personal de la PGJEJ, además de que nuevamente se les violo su derecho a la legalidad puesto que aseguran no se les permitió un abogado y en ningún momento se les aclaró si su retención era en calidad de detenidas, presentadas, testigos o víctimas.
“Ya cuando la dejó de presionar la jueza, una chica dijo que la obligaron a firmar y que el contenido de la declaración no era lo que ella había dicho sino lo que los ministerios públicos pusieron, o sea, ellas declararon una cosa y ellos pusieron una declaración diferente. Las obligaron a firmar sin lectura y sin que estuviera presente una persona de su confianza o un abogado de oficio. Las autoridades siempre se respaldan para que no haya un abogado de oficio diciendo que no iban en calidad de detenidas ni de presentadas sino en calidad de testigos pero en todos estos casos siempre es obligación del Ministerio Público (MP) que respete el derecho de declarar con alguien de su confianza y esto no lo hizo el MP, es decir, no respeto este derecho de legalidad jurídica”, aseveró.
Finalmente señalaron que la jueza que está a cargo del caso les externo su molestia por ventilar la situación a los medios de comunicación así como por manifestarse, asegurándoles que sus acciones no “eran lo correcto” y que “ya las había visto en la televisión y los periódicos” lo que podía entorpecer el asunto.
