Aimeé Figueroa dice que la Contraloría Social es entendida como una ventanilla de quejas y sugerencias. Foto: Archivo
José David Estrada/Mural
La Contraloría Social, implementada por el Ayuntamiento de Guadalajara para revisar las obras de repavimentación de 21 avenidas, tiene un alcance muy limitado, ya que no se están revisando los costos de los trabajos pactados, afirmó Aimeé Figueroa Neri.
“Hay países donde la Contraloría Social es tan fuerte que puede presentar denuncias o son los que ponen los vistos buenos al final de este tipo de procesos o de sucesos”, indicó la investigadora de la Universidad de Guadalajara, quien se especializa en fiscalización.
“La Contraloría Social aquí como está entendida es prácticamente una ventanilla de quejas y sugerencias. No debería ser así. Realmente la Contraloría Social no debe estar en manos del Gobierno, debe de ser una institución social, como su nombre lo indica”.
La Contraloría Social, el ente creado por la Administración de Aristóteles Sandoval, nunca se ha ocupado de los costos de las obras; se dedica más bien a atender las inconformidades y solicitudes de los comerciantes y vecinos de las avenidas intervenidas.
Tiene el apoyo de Cemex, la empresa contratista, a través de un área llamada Atención a la Comunidad, en donde escuchan las peticiones y quejas de los vecinos y comerciantes afectados, mas no se ha extendido a una revisión financiera de la obra.
Para Figueroa, el que aparezcan sobreprecios e inconsistencias en la licitación de las 21 avenidas amerita una explicación clara de las autoridades involucradas, principalmente la Contraloría municipal y la Comisión de Adjudicación de Obra Pública (CAOP) del Ayuntamiento de Guadalajara.
“¿Dónde está la función de la Contraloría interna del Ayuntamiento? Cuando se hace una licitación por estas cuantías, generalmente hay un consejo, no es una decisión unipersonal. Si esto ocurrió en la CAOP, todas estas personas deberían darnos una explicación como sociedad, por qué escogiste esto que cuesta 60 por ciento más que el estándar”, manifestó.
Mauricio Gudiño, responsable en el Ayuntamiento tapatío de la obra y Secretario de Servicios Municipales, ha afirmado que la revisión de que se hagan los trabajos pactados recae en las empresas de supervisión de obra que fueron contratadas al inicio de los trabajos.
Sin embargo, dichas empresas no verifican que los costos sean los mejores, es decir, si se pactó pagar 504 pesos el metro cuadrado de losa de concreto de 20 centímetros de espesor, lo único que revisa es que se hagan los metros cobrados y los espesores pactados, no que el precio sea el adecuado.
