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Gilberto López y Rivas | La Jornada

Violando el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en desacato de diversas disposiciones judiciales y medidas cautelares, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, en complicidad con diversas secretarías del gobierno federal, ha continuado la construcción del acueducto –paradójicamente llamado Independencia– que pretende llevar a Hermosillo agua de El Novillo, una de las presas intermedias del sistema de la cuenca del río Yaqui, desviando su cauce y amenazando con ello las bases materiales de la reproducción de los pueblos indígenas y no indígenas de siete municipios al causar severos daños ambientales a toda la región.

Ante la inminencia y el peligro de semejante despojo, las autoridades tradicionales de los pueblos de Vícam y Potam, apoyados por sus hermanos mayos y guarojíos, productores agrícolas locales, organizaciones indígenas y de la sociedad civil del estado y de todo el país, acordaron en asamblea celebrada el 4 de septiembre, continuar impulsando acciones de desobediencia civil pacífica ante la negativa del gobierno sonorense de obedecer las resoluciones dictadas por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de suspender la obra. La ilegalidad con la que actúa el gobierno del estado ha ido de la mano de amenazas de muerte que ha recibido la juez del octavo tribunal de distrito y su familia, y por una constante represión policiaca en contra del pueblo yaqui, que ha dejado heridos y detenidos, y ha criminalizado el movimiento de resistencia con la cooperación aceitada de buena parte de los medios de comunicación masiva de Sonora. (more…)