ANALY S. NUÑO/La Jornada Jalisco
Vecinos de la zona de Tesistán afectados por la construcción del paso a desnivel del fraccionamiento Valle Imperial interpusieron 363 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) contra el ayuntamiento de Zapopan por considerar que las autoridades municipales están solapando los daños que la inmobiliaria GIG ha causado a sus viviendas y comercios.
“En la queja estamos señalando el derecho a la vida porque nuestras fincas están cuarteadas a punto de colapso a causa de las obras, porque estamos viendo que hay planes parciales de desarrollo obstruidos en el área de conflicto, así como calles que están siendo cercenadas por esta constructora. No está regulando el municipio y nuestras casas están siendo afectadas día a día”, dijo Francisco Javier Ubiarco, representante de los vecinos afectados.
Tras interponer las quejas, los habitantes de las colonias Marcelino García Barragán, Vicente Guerrero, Jardines de Nuevo México y Valle de Nuevo México, entre otras, se manifestaron de manera pacífica en el ayuntamiento zapopano para mostrar una vez más su inconformidad ya que –indicaron– a pesar de que desde septiembre del año pasado –mes en que arrancaron los trabajos de la obra– han tenido acercamiento con las autoridades y representantes de la inmobiliaria, pero hasta el momento ninguno a cumplido con los acuerdos.
En este sentido, el vocero de los afectados, indicó que en caso de que los funcionarios continúen siendo omisos a sus exigencias, recurrirán al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) con el anhelo de que éste falle a su favor y “resuelva solventar las necesidades y que se resarzan los daños ocasionados por la empresa” en 50 casas y 60 comercios.
Ubiarco recordó que después de distintas reuniones que han sostenido los afectados con representantes de la firma y del ayuntamiento, se acordó restituir los daños, sin embargo, no se ha cumplido ninguno de los puntos debido a “la falta de seriedad” de los funcionarios, pues además señaló que lejos de ser una mediación a favor de los ciudadanos se está favoreciendo a la inmobiliaria.
Asimismo, coincidió la regidora panista Lourdes Arellano, pues dijo que a pesar de que se ha conveniado, “el gran problema es el incumplimiento de las autoridades. Cada vez que ha habido reuniones se llega a acuerdos y no les cumplen. Me parece que es una estrategia de cansarlos, es eso”.
Por su parte, el director de Quejas del organismo, Luis Arturo Jiménez Jiménez, señaló que las inconformidades –que fueron turnadas a la primera visitaduría a cargo de César Orozco Sánchez– señalan a las autoridades por no realizar una adecuada supervisión de la obra para evitar daños a los habitantes de la zona, puesto que en el documento aseguran que se han visto afectados con cuarteaduras en las casas y perjuicios al drenaje, lo que provoca inundaciones.
Por lo anterior, tras el primer análisis de la queja colectiva se investigará una presunta prestación indebida del servicio público por parte del ayuntamiento al no supervisar los trabajos de la empresa y omitir la reparación de los drenajes a pesar de que ya tiene conocimiento de la afectación
