[crónica de sociales.org]

La reforma en México de la Ley de Seguridad Nacional, a fin de utilizar a las fuerzas armadas en actos de represión contra los movimientos sociales, cuando se consideren una amenaza a la seguridad interior, que entraña la suspensión de las garantías individuales, tiene todas las características de un mandato fascista y autoritario, ya que se otorga al ejecutivo la decisión de cuándo y cómo utilizar al ejército, sin ninguna de las condiciones de autorización que ahora dispone la Constitución General de la República por parte del poder legislativo (al menos los articulos 29 y 73 constitucionales).

Por supuesto que tales normas son ya en gran medida letra muerta, puesto que la “guerra contra el crimen organizado”, con la salida masiva del ejército a las calles de gran parte de la República, se efectúa sin cumplirse ninguno de los requisitos constitucionales. Pero, según ha sido señalado, la reforma propuesta dejaría en las libres manos del ejecutivo actuar a discreción y “juzgar” si un determinado movimiento social constituye una amenaza a la seguridad interior del país. Estamos regresando al tiempo del “delito de disolución social” que no sólo propició en los años sesenta y antes innumerables crímenes y arbitrariedades de corte fascista, sino que condujo a la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco.

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