FOTO HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ
JORGE COVARRUBIAS/La Jornada Jalisco/23-12-10
El ayuntamiento de Zapopan se deslindó de presuntas irregularidades en la expedición de permisos para la urbanización de los fraccionamientos AltaVista Residencial del consorcio GIG y La Cima, de la familia García Arce. Fue Paulo Assad Mejorada, el director de Control y Ordenamiento Territorial, quien dio la cara por el municipio. El funcionario negó cada una de las observaciones que integrantes del Comité Salvabosque El Tigre II realizaron el martes pasado en conferencia de prensa.
“Las licencias de urbanización autorizadas en esta administración, se encuentran apegadas a derecho. El Área Natural Protegida está siendo respetada. El polígono autorizado está fuera del área que establece el decreto de Bensedi (Bosque El Nixticuil, San Esteban, El Diente), y vamos, los urbanizadores han estado respetando las licencias emitidas por este ayuntamiento”, señaló.
El comité puso al descubierto el comienzo de la urbanización en “áreas agrícolas y forestales” de El Nixticuil mediante fotografías y un comunicado el 25 de octubre de este año, en el que manifestaban movimiento de tierras en la avenida De las Flores, casi a su cruce con Valdepeñas, y la explotación de un banco de arena amarillo, el cual se utilizaba para abrir las vialidades y hacer el trazo de los terrenos. Assad explicó que el desarrollo está dividido en tres etapas; una primera con 279 viviendas; la segunda con 258; y una tercera con 340 unidades habitacionales. Dijo que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano les autoriza a construir vivienda de alta densidad, pero la expedición de licencias dispone permiso para residencias de baja densidad.
Assad aseguró que existe una confusión en lo referente al uso de suelo que la organización cataloga como agrícola y forestal, toda vez que desde el 2007 se autorizó su modificación para uso habitacional. El funcionario dijo que se han autorizado a AltaVista Residencial tres polígonos para urbanización; el de la fracción 1B1 que comprende 46 mil 122 metros cuadrados con 11 mil 922 metros de áreas de cesión; la fracción 1B2 con 8,503 metros de cesión; y la fracción 1B3 con 37 mil 438 metros de áreas de cesión.
Se le insistió al funcionario si hubo cambio de uso de suelo agrícola-forestal a habitacional y señaló que en esta administración no ha habido solicitudes, sino que se dio luz verde a lo que ya estaba aprobado desde el 2007.
El Comité Salvabosque señaló en su comunicado del 25 de octubre que los urbanizadores no solicitaron el cambio de uso de suelo en al menos 15 hectáreas donde se ubicarán las vialidades, además de que se afectarían sólo en el polígono siete 4.5 hectáreas de pino y encino, y no haber presentado la Manifestación de Impacto Ambiental. Assada insistió en que se entregó toda la documentación y por ello se expidieron los permisos.
La organización considera que estos desarrollos inmobiliarios que son impulsados por la promotora Mirasierra son el segundo más grande del estado, que se perfila como una “ciudad dormitorio”, y que devastará ecosistemas del bosque El Nixticuil y comunidades aledañas por la invasión de zonas agrícolas y contaminación al río Blanco.
