MODIFICACIONES LEY GENERAL DE EDUCACION

Publicado: octubre 30, 2010 de cronicadesociales en Información Jalisco
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A los trabajadores de la educación
A los periodistas
A quienes se interesan por la defensa del derecho a la educación

El archivo adjunto, contiene las reformas a la Ley General de Educación aprobadas por el Senado de la República. Se trata del acuerdo del 29 de septiembre de 2010 y publicado en la Gaceta delSenado el 21 de octubre del mismo año.

Finalmente sacaron de la congeladora el proyecto y lo aprobaron. Ahora hay que leer el texto y el contexto. Ese análisis del discurso y la práctica misma de las políticas educativas, nos aportarán elementos para emitir una opinión más cabal y razonada.  Aunque el fondo está a la vista la privatización no de una empresa o negocio, sino de un servicio, la educación.


Movimiento de Bases Magisteriales
http://basesmagisteriales.blogspot.com

 

 

Jueves, 21 de Octubre de 2010
Primer Periodo Ordinario
No. Gaceta: 163


 

Dictámenes a Discusión

De las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de La Ley General de Educación.

 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE A PARTIR DE LAS MODIFICACIONES QUE APLICÓ LA COLEGISLADORA A ESTE PROYECTO, SÓLO QUEDAN POR DISCUTIRSE Y VOTARSE LOS ARTÍCULOS 7, 13, 21, 33, 40, 49, 65 Y 66 Y SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS. INTERVINIERON LOS SENADORES:
MARÍA TERESA ORTUÑO GURZA, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
RICARDO MONREAL ÁVILA, PT.
FRANCISCO CASTELLÓN FONSECA, PRD.
GERARDO MONTENEGRO IBARRA, PRI.
ANTONIO MEJÍA HARO, PRD.
RAFAEL OCHOA GUZMÁN.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA RESERVÓ EL ARTÍCULO 13 DEL PROYECTO DE DECRETO.
ASIMISMO, INFORMÓ QUE EL DICTAMEN DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PUBLICADO EN LA GACETA DE HOY CONTIENE UNA ADECUACIÓN DE TÉCNICA LEGISLATIVA QUE ESTA CÁMARA DEBE CONSIDERAR PARA QUE LA REFORMA AL ARTÍCULO 33 QUEDE DEBIDAMENTE RENUMERADO EN SU FRACCIÓN XIV, TAL Y COMO LO PERMITE EL ARTÍCULO 211 DEL REGLAMENTO DEL SENADO.
EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 13 QUE NO SE ADMITIÓ. LOS ARTÍCULOS 7, 13, 21, 33, 40, 49, 65 Y 66 Y SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS FUERON APROBADOS POR 84 VOTOS. SE DECLARÓ APROBADO EL DECRETO Y SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

 

Documento Aprobado Sinopsis:
El proyecto de decreto propone actualizar diversos temas y conceptos de la Ley General de Educación, teniendo como propósito llevar a cabo una revisión que atendiera el conjunto de los enunciados jurídicos que integran la Ley General de Educación. Asimismo las reformas proponen dotar de responsabilidades públicas a la autoridad educativa, con el propósito de que la calidad, pertinencia, cobertura y equidad, prevalezcan como directrices de las políticas públicas por encima de cualquier otro elemento ajeno al proceso educativo.

Las comisiones dictaminadoras consideran que la reflexión hecha por la colegisladora constituye un punto de partida para nuevas discusiones sobre la vigencia de la Ley, así como para la asignación de competencias en función de los retos que sobre la calidad y la evaluación tiene el sistema educativo en su conjunto y, por ahora, coinciden con las modificaciones contenidas en el expediente de la Minuta aprobada en la Cámara de Diputados.

 

 

Documentos Relacionados:

Dictamen de las comisiones unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda en relación con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley  General de Educación

HONORABLE ASAMBLEA

A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, le fue turnada, para estudio y dictamen, la Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del H. Pleno del Senado de la República el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

  1. El 23 de abril de 2009, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 82 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones, el dictamen de las comisiones unidas de Educación, Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda por el que se desahogaron 24 iniciativas con reformas y adiciones a la Ley General de Educación, presentadas durante la XL Legislatura del Congreso de la Unión.
  2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a la Cámara de Diputados para efectos del inciso a) del Artículo 72 Constitucional.
  3. La iniciativa fue recibida por la Cámara de Diputados el 23 de abril del mismo año y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
  4. El 21 de abril de 2010 los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos aprobaron el dictamen con modificaciones al proyecto de decreto enviado por la Cámara de Senadores.
  5. Con fecha 28 de abril, el dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados con 363 votos a favor, dos abstenciones y cero votos en contra.
  6. El 29 de abril de 2010 fue recibido por la Cámara de Senadores y turnado con fecha del 7 de septiembre de ese mismo año a las comisiones de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

El instrumento en análisis reúne la reflexión que la colegisladora hace al proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores al final de la Legislatura LX, en el que se reunieron en un único proceso legislativo 24 iniciativas presentadas por legisladores de distintos grupos parlamentarios que coincidieron en la necesidad de actualizar diversos temas y conceptos de la Ley General de Educación. Como fue dictaminado en su oportunidad, el proyecto de decreto tuvo como propósito llevar a cabo una revisión que atendiera el conjunto de los enunciados jurídicos que integran la Ley General de Educación, desde una perspectiva sistemática que evitara la lectura aislada de cada una de las reformas o adiciones propuestas por los legislador en lo individual.

Bajo esa perspectiva se procuró respetar el sentido de la Ley General de Educación, esto es, reconocerla como la norma que distribuye competencias y establece la concurrencia de los distintos órdenes de gobierno y sectores sociales involucrados en la función social de la educación que brinda el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Las disposiciones de la ley definen los elementos que constituyen el sistema educativo nacional y sus relaciones, así como los fines y criterios de la educación pública, los procedimientos para garantizar la democratización en el acceso a la educación, la participación que tendrán los distintos sectores en el proceso educativo, así como los mecanismos y procedimientos de elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos, con la intención de que la educación pública en México se constituya en un elemento clave del dinamismo social, que responda a los retos que plantea la formación de las futuras generaciones.

El conjunto de reformas y adiciones aprobados en la Cámara de Senadores reflejaron el consenso de los distintos grupos parlamentarios que participan en la Comisión de Educación del Senado de la República, mismo que fue refrendado por el Pleno de la Cámara, bajo el impulso de dotar de responsabilidades públicas a la autoridad educativa, con el propósito de que la calidad, pertinencia, cobertura y equidad, prevalezcan como directrices de las políticas públicas por encima de cualquier otro elemento ajeno al proceso educativo. El instrumento turnado a la Cámara de Diputados no constituía una reforma integral de la Ley, sino una actualización amplia del marco legal del sistema educativo nacional, a partir de las inquietudes y propuestas generadas en el debate legislativo, derivadas de la preocupación por dotar a la sociedad mexicana de instrumentos que sustenten la actuación de la autoridad y la participación social en la práctica educativa cotidiana.

En ejercicio de sus facultades constitucionales como órgano revisor, la Cámara de Diputados ha presentado una reflexión respecto de los temas incorporados en el Proyecto de decreto, misma que se refiere a aspectos que, desde el punto de vista de los diputados, ya estaban contenidos en la legislación vigente, o bien, requerían de precisión sintáctica. Además de estas observaciones, fueron eliminadas otras propuestas contenidas en el Proyecto de decreto, sobre todo en lo tocante a la asignación de facultades a la autoridades educativas Federal y locales, por el hecho de no haberse alcanzado el consenso necesario para su aprobación y, sólo en algunos casos, porque los enunciados propuestos formaban parte de discusiones de iniciativas en análisis en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobadas previamente.

 

CONSIDERACIONES DE LA COLEGISLADORA

PRIMERA.- La Minuta procedente de la Cámara de Diputados se ajusta a los términos del inciso e) del artículo 72 constitucional, de acuerdo con el cual la cámara revisora está facultada para hacer cambios respecto de la propuesta legislativa aprobada en la cámara de origen, cuyo resultado es la modificación del texto original en un nuevo conjunto de enunciados jurídicos que no necesariamente implica consecuencias jurídicas diferentes. En este caso, cabe señalar la coincidencia de la Cámara de Diputados con el contenido general de la propuesta, en particular con la adopción de distintos conceptos utilizados en el proyecto original y la exclusión de algunos enunciados que generaron el disenso entre los grupos parlamentarios. No obstante, estas comisiones reconocen el sentido respetuoso de la Colegisladora en cuanto a las disposiciones normativas a que da lugar el Proyecto de decreto aprobado por ese órgano legislativo.

SEGUNDA.- Los diputados integrantes de la LXI Legislatura coinciden con las preocupaciones expresadas en la Minuta del Senado en relación con los aspectos de calidad educativa que es necesario enfatizar en los servicios que presta el Estado mexicano a la población. De igual manera, coinciden en el señalamiento de que la reforma más importante en el sector educativo no es de orden legal, aunque es indispensable que la Ley establezca con mayor precisión las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano en materia educativa, definiendo de manera clara las competencias de cada orden de gobierno y las finalidades de la educación. También existe coincidencia respecto a la preocupación por mantener la congruencia de los preceptos de la Ley General de Educación, de manera que no se produzcan confusiones o interpretaciones múltiples.

TERCERA.- Los diputados rechazan la propuesta de modificación en el artículo 2°, respecto de que en el proceso educativo deba asegurarse la participación activa del educando y, con el apoyo de la comunidad educativa en su conjunto, estimular su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7. Se argumenta que el texto vigente de dicho precepto establece los principios filosóficos (generales) de la educación como derecho de todo individuo (el educando, en el proceso educativo), sin precisar los actores responsables de conducir tal proceso. La propuesta de reforma, por su parte, se refiere al apoyo de “la comunidad educativa” en el proceso educativo, pero para su aplicación en el contexto del artículo sería necesario precisar los actores responsables. En opinión de los diputados, el espíritu de la reforma propuesta se encuentra contenido en los artículos 65 al 74 de la Ley, ya que en ellos se regula de manera específica la participación social en la educación: derechos y obligaciones de los padres o tutores, las asociaciones de padres de familia y los consejos de participación social, en sus diferentes niveles.

CUARTA.- En opinión de los diputados la modificación a la fracción II del artículo 7 referido a los fines de la educación, en el sentido de sustituir la frase “el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos” por “la adquisición de conocimientos” cambia el sentido original de la fracción, al eliminar la idea de la potencialidad de las aptitudes o capacidades individuales. Si bien es cierto que el complemento de la frase que se propone ofrece elementos para una idea más amplia de la formación (de valores, actitudes, habilidades, capacidades y destrezas…), se considera que la primera frase crea una idea diferente acerca de la principal finalidad de la educación impartida por el Estado. Respecto a la propuesta de incluir la enseñanza de un segundo idioma como uno de los fines de la educación, se estima fundamental que los alumnos de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria desarrollen adecuadamente sus competencias comunicativas en lengua materna y, en el caso de la población indígena, que además desarrolle las habilidades necesarias para comunicarse en español como lengua nacional. Esta consideración tiene como principio el reconocimiento de nuestro país como una nación multicultural y exalta un profundo sentido de respeto a las lenguas que se hablan en él. Sin embargo, disienten de la propuesta de incluir un segundo idioma entre los fines de la educación, porque este acto es responsabilidad de la autoridad educativa Federal al tener encomendada la formulación de los planes y programas de estudio por disposición constitucional.

QUINTA.- De la misma forma, los diputados rechazan la propuesta de modificación a la fracción V del artículo 7, en el sentido de adicionar al texto vigente el valorar la diversidad y la pluralidad de la sociedad mexicana, en virtud de que se hace referencia a un aspecto importante para la sociedad mexicana (su diversidad y pluralidad), pero se considera que el espíritu del texto está contenido en las fracciones III y IV del mismo artículo que señalan respectivamente: Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país, así como, Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

SEXTA.- En relación con la propuesta para la fracción X del artículo 7, los diputados manifiestan su conformidad con el contenido, sin embargo, consideran que, en términos de redacción, es mejor que entre los fines de la educación que imparta el Estado se cree la conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, más que la conciencia sobre la educación sexual y reproductiva.

SÉPTIMA.- En relación con la fracción XIII del artículo 7, la colegisladora expresa que la propuesta resulta redundante, en virtud de que el fomento de los valores y principios del cooperativismo es equivalente al texto que se propone adicionar referido al trabajo en equipo. El cooperativismo, se afirma, alude a la “cooperación en el orden económico y social”.  Además, el sentido de la propuesta está contemplado en el artículo 49 de la misma Ley, que a la letra señala lo siguiente: El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

OCTAVA.- La modificación del artículo 9 de la Ley fue desestimada por los diputados, en tanto que, si bien se está de acuerdo en que el Estado atienda y promueva la educación media superior, consideran que también deben incorporarse los servicios de educación inicial y especial, además de la media superior. En este sentido se argumenta que ha sido aprobada una propuesta en el seno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con ese contenido y, por lo cual, en el dictamen se desecha la propuesta del Senado.

NOVENA.- La adición de una nueva fracción IV bis al artículo 10 para establecer que forman parte del sistema educativo nacional los órganos responsables de la evaluación educativa, se desecha por considerar que, en opinión de la colegisladora, éstos ya están considerados en el inciso V del mismo artículo, que expresamente señala como parte del sistema educativo nacional a las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados.

DÉCIMA.- El Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores incluye, en los artículos 12 y 13, referidos a las competencias exclusivas de la Federación y de la autoridad local, adiciones respecto de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar. Desde la perspectiva de la Cámara de origen, correspondería a la Federación la facultad de regular estos mecanismos, y a la autoridad local la competencia para coadyuvar en la operación de los procesos de ingreso y promoción en el servicio docente. Se trata de facultades implícitas para los distintos órdenes de gobierno que participan de la prestación del servicio educativo, no obstante que la ley vigente es omisa en la fijación de esta responsabilidad. Esta iniciativa no prosperó en la colegisladora, en tanto que consideró que este tipo de asuntos se regulan en la Ley Federal de Trabajo y no en la Ley General de Educación. Debe subrayarse que la discusión en la Colegisladora únicamente tomo en cuenta el texto propuesto para la fracción VIII del artículo 13, en el sentido de asignar una competencia genérica para que la autoridad local participe con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar. A este respecto, los integrantes de las comisiones dictaminadoras en el Senado consideran un paso relevante reconocer que la autoridad local efectivamente debe participar, y no definir, en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción ya que, al estar unificados los planes y programas de estudio a nivel nacional, el ingreso y la promoción magisterial dentro del servicio docente y de administración escolar debe responder a los programas que diseña el Ejecutivo Federal en términos del artículo 48 de la Ley.

DÉCIMA PRIMERA.- Los diputados desestimaron la propuesta de adición de una nueva fracción XIII al artículo 14 que proponía que las autoridades gubernamentales de los órdenes federal y locales de gobierno fomentaran en los centros escolares el consumo de alimentos sanos. En su lugar optaron por dejar de lado este tema en el Proyecto de decreto porque aprobaron recientemente una propuesta de reforma a la Ley General de Educación que específicamente se refiere al tema de la comercialización de alimentos en escuelas.

DÉCIMA SEGUNDA.- Con respecto a la adición al quinto párrafo del artículo 21, la propuesta original señalaba que la autoridad educativa establecerá mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo. Dicha propuesta pretendía delinear el contenido de las evaluaciones, así como la finalidad de las mismas. Sin embargo, la colegisladora a pesar de manifestar su acuerdo con la propuesta, modificó la redacción a fin de que ésta haga referencia únicamente al establecimiento de mecanismos que estimulen a los docentes con base en la evaluación.

DÉCIMA TERCERA.- La propuesta de incluir al final del artículo 27 la posibilidad de que las escuelas, sin comprometer la gratuidad de la educación pública, fomenten la gestión de donaciones en los centros escolares, no fue aceptada bajo el argumento de que el apoyo voluntario con recursos (monetarios, de tiempo y en especie) es una de las formas más tradicionales de participación de los padres en la educación de sus hijos y en la mejora de los centros educativos. De conformidad con los argumentos de la colegisladora, las aportaciones de los padres de familia son, en muchos casos, la principal o única fuente directa de ingresos a la escuela, y permiten cubrir los gastos que implica el funcionamiento regular, mantenimiento y mejora de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria: pago de servicios,  adquisición y/o mantenimiento de equipo y mobiliario, material didáctico, de oficina, de limpieza e incluso artículos de consumo para los alumnos. A decir de los diputados, “Es frecuente también que se deban afrontar gastos relacionados con rubros que formalmente cubre el Estado, como el pago de personal de asistencia, la reparación e incluso construcción de la infraestructura escolar, entre otros. En este sentido, es justo destacar la enorme contribución que los padres de familia realizan a la educación pública. El reconocimiento anterior de ninguna manera significa que el Estado deposite en los padres de familia una parte importante del costo de la operación del sistema, sobre todo si se considera que tales aportaciones representan un esfuerzo mayor para las familias de escasos recursos y, en este sentido, las aportaciones voluntarias pueden operar como un factor más de inequidad, perjudicando a los grupos sociales menos favorecidos. Al respecto, señalan los diputados, varios estudios realizados en escuelas mexicanas han demostrado que los padres de alumnos inscritos en planteles pobres aportan a la escuela una proporción de su gasto mayor que aquellos cuyos hijos asisten a planteles menos pobres (Mercado: 1991, Schmelkes: 1994, OCE: 1999)”.

DÉCIMA CUARTA.- Con motivo de la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 40, la colegisladora estimó que resulta redundante respecto de la fracción VII del artículo 12 de la propia Ley, que señala expresamente como facultad de la autoridad educativa Federal Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares, sentido que tenía la redacción propuesta en el Proyecto de decreto.

DÉCIMA QUINTA.- La colegisladora estimó que la propuesta de incorporar en el artículo 42 el concepto de la integridad nutricional y la aplicación de medidas que no vulneren la autoestima de los educandos eran improcedentes, en virtud de que se consideraron redundantes, porque la integridad nutricional está considerada en el aspecto físico, y la psicológica incluye la autoestima. De la misma forma, se desechó la propuesta de modificación al artículo 45 consistente en incorporar los conceptos desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y destrezas, por considerar que el término competencias no tiene una interpretación única. Si bien en el campo educativo se ha utilizado en los años recientes para designar “la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento”,  el término “no tiene el mismo sentido en derecho, lingüística, psicología o ciencias del trabajo” y –más aún- “es objeto de controversias ideológicas”.

DÉCIMA SEXTA.- En torno a la adición de la temática económica en los libros de texto a cargo de las entidades federativas, la colegisladora consideró que la inclusión del tema en los contenidos regionales era innecesario, puesto que en la última parte del párrafo tercero precisa: y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos. El criterio señalado fue que si se opta por incluir una lista de temas, se corre el riesgo de dejar fuera otros que pueden resultar igualmente relevantes.

 

Los integrantes de las comisiones unidas de Educación; de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda consideran que la reflexión hecha por la colegisladora constituye un punto de partida para nuevas discusiones sobre la vigencia de la Ley, así como para la asignación de competencias en función de los retos que sobre la calidad y la evaluación tiene el sistema educativo en su conjunto y, por ahora, coinciden con las modificaciones contenidas en el expediente de la Minuta aprobada en la Cámara de Diputados, y con base en ellas y para efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 4, segundo párrafo; 7, fracciones I, VI, X y XI; 12, fracción IX; 20, fracción II y último párrafo; 21, párrafos primero, tercero y quinto; el artículo 22; 33, fracciones II, IV, VIII, IX, X, y XIII; el artículo 40; 41, primero y segundo párrafos; el artículo 43; 44, primero y segundo párrafos; 47, fracción I; 48, cuarto y quinto párrafos; 49, primer párrafo; 50, segundo párrafo; 61, segundo párrafo; el artículo 62; 64, primer y segundo párrafos; 65, fracciones I, II y IV; 66, fracciones I, II y III; 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; el artículo 72; y se ADICIONAN las fracciones VII y VIII, recorriéndose la actual VII a una IX del artículo 13; la fracción VI del artículo 65; de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:


Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

II. a V.- …

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley, de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII.- a IX.- …

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII.- a XIV.- …

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I.- a VIII.- …

IX.- Regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos  y establecer un Sistema Nacional de Información Educativa;

X.- y XIV.-…

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

 

I.- a V.- …

VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

VII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Estatal de Información Educativa coordinado con el Sistema Nacional de Información Educativa;

VIII.- Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar, y

IX.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes:

I.- …

II.- La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior;

III.- y IV.- …

Las autoridades educativas locales podrán coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de la necesidades hagan recomendables proyecto regionales. Asimismo, podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docente.

Artículo 21.- El educador es promotor, coordinador, facilitador y agente directo del proceso educativo. Las autoridades educativas proporcionarán los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al profesorado de los planteles del propio Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.

Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. Además, establecerán mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación.

Artículo 22.- Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia.

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

 

I.- …

II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

III.- …

IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

V.- a la VII.- …

VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

IX.- Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijas e hijos;

X.- Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;

XI.- …

XII.- Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIII.- …

XIV.- Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

XV.- …

Artículo 40.- La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 41.- La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Artículo 44.- Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva.

Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

En los planes de estudio deberán establecerse:

I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

II.- a la IV.- …

Artículo 48.- …

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años.

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.

Artículo 49.- El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

Artículo 50.-

Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos.

Artículo 61.- …

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Artículo 62.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Artículo 64.- La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos.

Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

 

 

II.- Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquéllas se aboquen a su solución;

III.-…

IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere este capítulo;

V.- Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen, y

VI.- Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

Artículo 66.- …

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

II.- Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos, y

III.- Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen.

Artículo 70.- En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.



Artículo 71.- En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad federativa especialmente interesados en la educación.

Artículo 72.- La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con el presente Decreto, se sujetarán a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos presupuestos.

TERCERO.- La constitución de los sistemas y registros a que hace referencia la fracción IX del artículo 12 y VII del artículo 13 se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestal y de manera gradual con la participación coordinada de las autoridades educativas de los órdenes de gobierno correspondientes.”

 

 

Salón de comisiones del Senado de la República a los 29 días del mes de septiembre de 2010

Comisión de Educación

Comisión de Estudios Legislativos

Comisión de Estudios Legislativos Primera

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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