No existen propiedades particulares dentro de los terrenos comunales, se declara en resolución
JORGE COVARRUBIAS/La Jornada Jalisco/14-10-10
El comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de San Francisco Ixcatán, ubicado a 27 kilómetros de Guadalajara, acusa a la particular Rosa Delgado Donato de fraguar el despojo de 120 hectáreas de los predios El Carricillo y Los Laureles.
En un comunicado de prensa el presidente del comisariado, Heliodoro Sánchez Estrada, señala que hace unos días las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) les entregaron un emplazamiento con el número PFPA/21.3/2C.27.2/00003-10 en donde se acusa a seis comuneros de talar en “nuestras tierras” 100 árboles de mezquite, papelillo, y huizache de entre 10 y 20 centímetros de diámetro.
Sánchez Estrada precisa que en el predio El Carricillo no existen mezquites, y tampoco un dueño como asegura serlo la señora Donato, tal como lo demuestra la resolución del juicio de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del 22 de febrero de 1994 (T.U.A 534/15/93, Toca 545/70 SCJN) publicado en las páginas 363 a 367 del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, al cual corresponde el plano definitivo de la comunidad indígena inscrito el 1 de diciembre de 1997 con el núm. 81 en el Registro Agrario Nacional, su correspondiente ejecución realizada el 5 de abril de 1999 y el censo actualizado de Comuneros del Registro Agrario Nacional.
La resolución II del mismo juicio, explica el presidente del comisariado, emitida por la magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 15, Beatriz Zentella Mayer dice a la letra: “Se declara que no existen propiedades particulares dentro de los terrenos comunales y se declara que dichos terrenos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, para garantizar la posesión y disfrute de los mismos a la comunidad que corresponda, quedando sujetos a las instrucciones y modalidades preestablecidas en la Ley Agraria vigente”.
Los comuneros afectados suponen que la señora Donato ha de ser muy poderosa y muy vinculada al poder estatal, porque de otra manera no se explican los intentos de despojo de su territorio y la violación a la sentencia del Tribunal Agrario. Recuerdan que el 20 de enero de 2010, presuntamente por una petición de ella, policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tomaron por asalto esta pequeña comunidad indígena y campesina, detuvieron e interrogaron a varios comuneros que en ese momento sembraban sus parcelas, y luego se dirigieron al poblado para visitar algunos domicilios que habían sido señalados.
El presidente del comisariado menciona incluso que Donato ha recibido recursos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para sembrar cedro rojo y colocar cercas en Los Laureles y El Carricillo, a pesar de que son tierras comunales, lo cual está acreditado en el expediente CRP20091400002, donde se consigna la aportación de 167 mil 688 pesos a la particular para el proyecto de plantas forestales comerciales “reforestación con preparación de suelo”, el cual reportó haber concluido el 7 de septiembre del 2009.
La intervención de la Profepa para proteger el medio ambiente de una tala –refieren– no concuerda porque el propio comisariado ha denunciado la contaminación de los ríos Santiago, Blanco, Achichilco, La Soledad y sus vertientes, así como el Arroyo Grande de Milpillas afectado por los vertederos de Picachos, Hassar’s y dos granjas porcícolas, sin que la dependencia interfiera.
Siguen en el padrón de comuneros
Otra de las preocupaciones del comisariado es que siguen apareciendo “inexplicablemente” en el padrón de comuneros personajes de la vida pública local y nacional que aparentemente ya habían renunciado a sus derechos luego de que La Jornada Jalisco (5 de febrero 2009) diera a conocer la lista de políticos que se ostentan como terratenientes, entre ellos el presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega y sus hermanos Gerardo, Ignacio y María, el ex diputado Jorge Martínez Ramos, y el ex regidor de Zapopan, Manuel Villegas.
La familia Poblano Ramos, acusada también por los comuneros, tampoco ha tramitado su baja ante el Registro Agrario Nacional. Sánchez Estrada precisa que este linaje pretende vender al menos 200 hectáreas de su territorio para un proyecto de casas lujosas.
“Advertimos a los ilusos y buscadores de tierra fácil y barata, que no se dejen encandilar por quienes no representan a nuestra comunidad, porque no cederemos lo que es nuestro. La misma invitación le hacemos a la familia Ramos Martínez que radica en el Distrito Federal y si es tanta su necesidad, gestione el reparto de tierra ahí en donde legítimamente le correspondan”, exhorta el comisariado.
espero q esto se resulva pronto,es un pueblo muy hermoso para dejarlo morir por la avaricia de unos pocos q no han hecho nada para protejerlo hasta ahora. ya sea los comuneros o los duenos legitimos