MAURICIO FERRER/La Jornada Jalisco/27-08-10

“El juez que conoció el caso resolvió conforme a derecho: que el trámite se supende”, así lo manifestó ayer Juan Manuel Lepe, presidente del Colegio de Abogados Tomás López Linares, en relación al caso de Lucila, una mujer a la que, estando hospitalizada –y sin su consentimiento–, el Hospicio Cabañas y el Consejo Estatal de la Familia (CEF) dieron a su hija en adopción.

El 22 de agosto pasado, La Jornada Jalisco dio a conocer el caso de Lucila Ortega Aldana, una mujer que supera los 20 años y gana 4 mil pesos al mes, a quien las instituciones citadas dieron a su hija Mónica –de menos de un año–, en adopción. Lucila se encontraba convaleciente de una operación quirúrgica y atendiendo a la vez a otra hija, Karla –que padecía una enfermedad del corazón que le provocó la muerte en junio pasado–, cuando acudió al CEF a solicitar ayuda. Ahí, firmó unos documentos con los cuales dio en adopción a Mónica. Pero tenía que haber ratificado el proceso de adopción, cosa que no hizo. Era tarde, el Cabañas y el CEF ya habían entregado a su hija a una pareja. Lucila interpuso un interdicto de recuperación de la menor, que aún está en proceso. Y de acuerdo con Lepe, el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco suspendió el proceso de adopción de la menor debido a que la madre no había ratificado el mismo.

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