México está hoy sumergido en una de las más profundas crisis de toda su historia. Es una crisis múltiple en la que crece la violencia de Estado, se encarcela y asesina a luchadores sociales y ambientales, cotidianamente se pierden empleos, se militariza el territorio y se imponen proyectos que amenazan con destruir el magro patrimonio que todavía le resta al país, mientras crecen el narcotráfico, la economía criminal, la impunidad y el desprecio hacia las comunidades locales, sus formas tradicionales de organización, resistencia y alternativas de parte de todos los niveles de gobierno, todos los partidos políticos y las grandes empresas nacionales y trasnacionales que operan en el país.

Hemos valorado, desde la primera hasta la quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), como un importante hecho histórico en nuestro país que quienes luchamos en diferentes frentes ambientales hayamos comenzado a comprender la importancia de fortalecer los vínculos que existen entre nuestras diferentes luchas y que a partir de esta conciencia definamos los primeros esbozos de una relación de solidaridad ambiental entre el campo y la ciudad, así como entre las distintas regiones del país que están padeciendo, cotidianamente, la destrucción y el despojo de sus aguas, sus ríos, sus acuíferos, sus montes, sus bosques, sus reservas de minerales, su biodiversidad, sus saberes locales y tradicionales, sus formas de organización, su autonomía, su tranquilidad, su salud, su libertad y hasta su existencia.

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