JORGE ROCHA/La Jornada Jalisco/08-04-10

En el año 1997 cuando Ernesto Zedillo era presidente de México, nos dijeron que Rafael Sebastián Guillén Vicente era el subcomandante Insurgente Marcos, desenmascararon a quien se había convertido en la imagen pública de este movimiento armado y en ese escenario se generó la época más cruenta y violenta de la guerra de baja intensidad del gobierno federal y del gobierno de Chiapas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo, pero no sólo contra ellos fue la represión, también se dirigió hacia diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (CDHFBC), quién sufrió amenazas y atentados a varios de su miembros, entre ellos a dos integrantes de su Consejo Directivo: Samuel Ruiz García y el entonces obispo coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera, de la Orden de los Predicadores.

La guerra de baja intensidad es una estrategia contrainsurgente que se ha utilizado por grupos auspiciados por gobiernos de derecha en Centroamérica y con entrenamiento del Ejército de los Estados Unidos, que consiste en minar las bases de apoyo de grupos armados revolucionarios. Algunos ejemplos de las acciones que se usan para llevar a cabo esta estrategia son la creación de grupos paramilitares, la división de las comunidades a partir de otorgar apoyos gubernamentales diferenciados, el hostigamiento y criminalización a organizaciones sociales y grupos de base, la militarización del territorio, la introducción de lugares de diversión donde circule mucho alcohol y prolifere la prostitución, el desprestigio y la estigmatización de movimientos sociales en medios de comunicación, entre otros.

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