
FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO
TUNUHARY Y CRISTIAN CHÁVEZ/La Jornada Jalisco/28-03-10
En medio de una compleja realidad, marcada por un despojo sin precedentes, una represión desmedida, una crisis ambiental que pone en la cuerda floja la sobrevivencia del planeta, una clase política sin legitimidad, ni credibilidad y sumergida en una profunda descomposición, sesionará el Congreso Nacional Indígena (CNI) Región Centro Pacífico en su XXVII asamblea ordinaria ampliada.
Los pueblos que resistiendo desde abajo construyen autonomía y organización comunitaria voltean hacia arriba y ven una violencia sin precedentes, una guerra con ganancias millonarias desatada por las fuerzas castrenses y los grupos narcoparamilitares por delante, pero configurada desde el poder mundial, desde la construcción de la economía capitalista neoliberal.
Este fin de semana, el 27 y 28 de marzo tendrá lugar el cónclave indígena que dadas la condiciones de este movimiento nacional, resulta de vital importancia para una gama amplia de los pueblos del país, que representados por delegaciones formales con representatividad de sus asambleas y territorios, discutirán y tomarán acuerdos en tres mesas de trabajo, que son: Defensa autónoma de nuestros territorios y culturas ancestrales frente a sus principales amenazas, Construcción y ejercicio de la autonomía y Fortalecimiento del Congreso Nacional Indígena.
La Comunidad Wixárika Autónoma de Bancos de San Hipólito recibirá al CNI en medio de un clima de tensión territorial ante los significativos avances que ha logrado por el reconocimiento de sus terrenos comunales, que indebidamente habían sido entregados en propiedad a la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa, en el municipio del Mezquital, Durango.
Con una intensa lucha jurídica y organizativa Bancos ha logrado muchas cosas, entre ellas fue el nombramiento de su comisariado autónomo, producto de desconocer las autoridades impuestas por la Secretaría de Reforma Agraria desde el año de 1968 reconstruyendo de esa manera su organización comunal, pero ahora de manera autónoma. En el ámbito legal logró mediante un amparo en el Tribunal Superior Agrario la anulación de la resolución presidencial de San Lucas para proceder a confirmar y titular su territorio, procedimiento en el cual la Secretaría de Reforma Agraria jugará un papel importante para reparar el daño causado desde el siglo pasado.
De la misma manera hoy Banco se enfrenta a la tensión existente ante la militarización generada por el asesinato del presidente municipal del Mezquital y por la militarización que representa la incursión de bandas del crimen organizado.
Bancos de San Hipólito, es parte del territorio ancestral de TateiKie-San Andrés Coamiata, que se localiza en los límites de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, pero con la división de los municipios y las entidades federativas, se le quitó a la comunidad de San Andrés mas de la mitad de su territorio, que fue segregado y titulado a ejidos y municipios de los otros estados, ajustando San Andrés, aunque no completamente, a los límites del municipio de Mezquitic, Jalisco. En el tramo correspondiente a Durango quedó la comunidad de Bancos, lo que representó para el pueblo wixárika una fuerte enfermedad a la madre tierra, y que con su autonomía ha dado importantes pasos para sanar.
Su comunidad madre TateiKie (La casa de nuestra madre) sufrió un ataque policial la noche del pasado jueves 18 de marzo, en el tramo Mezquitic Huejuquilla, Jalisco, a la altura del poblado San Antonio de Padua, cuando viajaba un vehículo con siete comuneros, entre los que se encontraba un niño, iban cumpliendo un cargo comunal trasladando dinero de los fondos regionales, cuando comenzaron a ser seguidos por un vehículo que les hacía cambio de luces, tratándose de una patrulla municipal de Huejuquilla. Ante el temor de sufrir un asalto, el conductor wixárika aceleró el vehículo, acción a la que le siguieron las detonaciones de las armas de fuego de los policías, resultando heridos los comuneros Rosendo Parra López, quien fue hospitalizado en calidad de detenido, y Mateo Tizano de la Cruz que presentó rozones de bala en las piernas.
Ante esta situación las comunidades wixaritari de Waut+a-San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuapurie- Santa Catarina Cuexcomatitlán decidieron tomar la presidencia de la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto el pasado 22 de marzo, donde pusieron de manifiesto que la agresión contra TateiKie es una amenaza contra todas las comunidades, por lo que reaccionarían en consecuencia.
Otro evento represivo al pueblo wixárika que fue recibido con gran indignación por la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos fue el hostigamiento policíaco que sufrieron los centros ceremoniales de la comunidad de Tuapurie, mientras se encontraban en el desierto de San Luis Potosí haciendo sus ancestrales ceremonias en el lugar sagrado llamado Wirikuta, cuando desde las 6 de la tarde del día 22 de febrero de este año 2010, hasta las 9 de la mañana del día siguiente estuvieron siendo acosados por policías estatales que llegaron a bordo de tres patrullas, con una actitud agresiva y tratándolos como delincuentes, los grabaron con cámaras de video y fotografía durante la madrugada. Esto representa un atentado contra todo el pueblo wixárika pues todas las comunidades hacen dicha peregrinación cada año.
La comunidad de Tuapurie ha enfrentado múltiples acosos y hostigamientos de diferentes tipos desde el mes de febrero de 2008, cuando más de mil comuneros detuvieron mediante fuertes movilizaciones la construcción de la carretera Bolaños- Huejuquilla, que pretende aún imponerse, mediante procedimientos fraudulentos y delincuenciales.
La comunidad indígena de Santa María Ostula, en la costa nahua de Michoacán se enfrenta a una embestida neoliberal y una represión que no viene de los cuerpos del Estado, sino del crimen organizado al servicio del poder para despojar a los pueblos y para reprimir a un país que despierta. Es una guerra en la que los muertos inocentes, asesinados a sangre fría por accidente o deliberadamente, son nombrados delincuentes, pandilleros o sicarios. La desaparición forzada de los luchadores sociales, activistas y defensores de derechos humanos son nombradas por el gobierno y los medios de comunicación como “levantotes del crimen organizado”.
Las comunidades zapatitas son golpeadas por despojos y agresiones en la Laguna de San Pedro y Bolón Ajaw, la militarización en montes azules y otras regiones de Chiapas y la reorganización de grupos paramilitares como la OPDDIC a comunidades bases de apoyo del EZLN.
En tanto son golpeados emblemáticos símbolos del movimiento obrero nacional, através de la inconstitucional desaparición forzada de Luz y Fuerza del Centro, activando con gran fuerza la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que con un histórico trabajo están articulando su lucha con la de los pueblos indígenas y campesinos. Igualmente la provocación expresada en el rompimiento laboral entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana con la empresa minera de Cananea, con el objetivo de romper la huelga que mantienen los trabajadores desde 2007.
Mientras tanto desde dentro y desde fuera de las prisiones se escucha gritos decididos a mostrar al gobierno que la lucha por la libertad de los presos políticos de Atenco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán, etcétera. no se acaba con las “Sentencias ejemplares” sino que es ahí donde empieza.
Y la lista es larga. Lo que hace de esta XXVII asamblea del Congreso Nacional Indígena un momento decisivo donde los acuerdos y el camino a seguir son la agenda pendiente.