2009, un año de ejecuciones extrajudiciales
Luchadores sociales, activistas campesinos, indígenas o urbanos populares. Este año las organizaciones presenciaron, prácticamente sin poder hacer algo al respecto, la muerte de sus miembros y líderes, atentados contra defensores de derechos humanos y la ejecución del comandante «Ramiro» del ERPI, el grupo politico-militar de mayor magnitud en Guerrero.
El común denominador en los casos fue el sigilo y la mayor opacidad en las investigaciones posteriores y que en la mayoría de los casos se vieron involucradas autoridades administrativas, policiacas o militares o fuerzas paramilitares tanto en los hechos, como en la negligencia en procuración de justicia.
Algunos de éstos casos, cabe resaltar, fueron divulgados a través de la prensa confiando en fuentes oficiales sin contrastarla con las versiones de las organizaciones. No pocas veces se intentó establecer vínculos con grupos del crimen organizado, aunque ninguno de estos supuestos nexos ha sido probado hasta el momento.
Familiares de luchadores sociales en Ciudad Juárez, Chihuahua, también fueron víctimas de ejecución extrajudicial. Según los reportes de prensa, dos ejecuciones podrían estar relacionados con la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violación a los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal en un campo algodonero en 2001.
Por último, en el contexto de contrainsurgencia en Guerrero, familiares de defensores de derechos humanos también han sido blanco de atentados.
Notas
[1] Acotación necesaria: ante las versiones oficial y la ofrecida por el grupo armado, que no terminan de cuadrar ante la opinión pública, se consideran como antecedente la persecución armada contra Ramiro y los ataques militares en comunidades campesinas en su búsqueda y la aparentemente casual manera en que fue «hallado» el cuerpo por las autoridades.
