A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS:
A cinco años de la represión del estado de Jalisco en contra de los manifestantes contra la III Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, algunos compañeros que fuimos arrestados ese 28 de mayo de 2004, denunciamos que:
1.-Los agravios de aquel entonces pesan sobre los hombros de muchos de nuestros compañeros que siguen un proceso injusto y viciado, pues luego de tanto tiempo tienen que seguir firmando semana tras semana, sin visto alguno de encontrar pronto la sentencia que se supone haría justicia. Lo cierto es que nuestros compañeros están muy agotados y cansados de un juicio tan largo y lento que condiciona el actuar cotidiano y limita en todos los sentidos el movimiento natural de cada uno.
2.-El Poder Judicial del Estado de Jalisco ha demostrado ser cómplice del operativo de las autoridades estatales, pues al recibir, juzgar y condenar sin pruebas contundentes a la gran mayoría de los detenidos con sentencias risibles, pero condenatorias, se ha convalidado la acción represiva de la policía (que detuvo a muchas personas ajenas a la protesta y a algunos manifestantes también ajenos a los actos de violencia) el 28 de mayo para torturar y encarcelar posteriormente como documentaron las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, así como cientos de organizaciones no gubernamentales defensoras y promotoras de los derechos humanos que se han pronunciado en contra de todos los abusos e irregularidades presentes en el caso mencionado.
3.- El Gobierno del Estado retarda el esclarecimiento e investigación de lo sucedido aquel viernes 28 de mayo de 2004, pues no se ha pronunciado respecto a este caso; con esto encubre a torturadores y represores que sin esa protección que les otorga impunidad, serían juzgados por cometer delitos graves en agravio también de la función publica.
Por lo anterior:
-Ratificamos la denuncia pública y penal por tortura en contra de Francisco Ramírez Acuña, y todos los representantes de las corporaciones policiacas interpuesta el 13 de diciembre de 2006 y aun esperamos respuesta judicial.
-Exigimos un pronunciamiento claro del Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, en el que defina su postura respecto a la represión ocurrida la tarde-noche del 28 de mayo de 2004. Pedimos además que se investigue el actuar de los funcionarios involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos realizadas en contra de ciudadanos jaliscienses, mexicanos e internacionales.
-Exigimos que se realice un pronunciamiento por la aceleración de los procesos y sus consecuentes sentencias, respondiendo al principio básico en la procuración de justicia que debe ser imparcial, pronta y expedita.
-Exigimos la reparación del daño y una disculpa pública a todas las víctimas de tortura.
Siendo prioritario exponer los puntos gravosos que a la fecha lastiman la vida de muchos compañeros, reafirmamos nuestra convicción de que la criminalización de las luchas del pueblo solo responde al miedo que tiene el gobierno de una sociedad crítica y consciente, que sabe que los derechos no se mendigan, sino que se exigen y se defienden.
Por otro lado, hemos recibido solidaridad y apoyo de muchas partes de México y el mundo para combatir la tortura y la impunidad de policías y gobernantes.
SENTENCIAS PRONTAS Y APEGADAS A DERECHO!
NO AL SILENCIO IMPUNE QUE PROMUEVE EL OLVIDO!
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS DE ATENCO Y DEL PAÍS!
Ex-presos políticos del 28 de mayo. Ni perdón, ni olvido.

Ocho Columnas/27-05-09