Archivos para septiembre 1, 2008

Agosto del 2008
Hoy expresamos nuestra indignación ante las sentencias que ha dictado el juez primero de lo penal con sede en el reclusorio Molino de Flores (Estado de México), Alberto Cervantes Juárez, en contra de nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En un acto de saña desmedida contra luchadores sociales atenquenses, el juez Cervantes Juárez ha considerado que los integrantes del FPDT son criminales tan peligrosos que merecen estar en prisión de por vida, a diferencia de pederastas, violadores, asesinos, narcotraficantes, ladrones y verdaderos secuestradores que disfrutan de una libertad completamente impune.

Las sentencias dictadas son de 45 años más para Ignacio del Valle Medina (con lo que suma 112 años) y una multa de 130 mil 558 pesos, así como de casi 32 años y una multa de 44 mil 344 pesos para Julio César Espinoza Ramos, Édgar Eduardo Morales Reyes, Pedro Reyes Flores, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Juan Carlos Estrada Romero, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Óscar Hernández Pacheco y Alejandro Pilón Zacate. Solamente María Patricia Romero Hernández, su padre Raúl Romero Macías y su hijo Arturo Sánchez Romero podrán salir en libertad después de dos años en prisión, pero bajo el pago de una fianza. Héctor Galindo Gochicoa y Felipe Álvarez Hernández quedan sentenciados a 67 años y medio.

Desde que ocurrió la brutal represión contra integrantes del FPDT y de la Otra Campaña en San Salvador Atenco en mayo de 2006, miles de personas en distintos países se han manifestado para exigir justicia ante los asesinatos de los jóvenes Javier Cortés y Alexis Benhumea, la violación masiva contra decenas de mujeres, la tortura a la que fueron sometidas más de doscientas personas y la cárcel con que el sistema decidió castigar a decenas de participantes del movimiento social en México.

Sin embargo, ninguna de esas exigencias han sido escuchadas por las autoridades locales, estatales y federales. Por el contrario, si algo han demostrado a lo largo de estos años es su decisión de golpear sin medida a los grupos que se organizan en defensa de sus derechos.

Como integrantes de la Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad y de la Otra Campaña, y como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona invitamos al pueblo de México y a nuestr@s compañer@s de otros países a no guardar silencio ante este nuevo acto de represión contra el FPDT, esta vez escudado por las instancias legales de procuración de justicia que siguen protegiendo a los asesinos y violadores de los hechos de Atenco, mientras castigan al pueblo que lucha.

¡LIBERTAD A TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

¡SI TOCAN A UN@ NOS TOCAN A TOD@S!

Red Nacional contra la Represión y en Solidaridad
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Iván Garcia, Público

Foto: Iván García, Público

Hasta ayer, no existía la averiguación previa que debió abrir por el niño que murió tras caer al río Santiago. Padres denuncian dilación de la justicia; ya tienen un amparo para agilizarla

 

 

 

 

Maricarmen Rello / Público, 29 agosto 2008

La justicia en Jalisco no es tan expedita para todos. A seis meses y medio de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, presuntamente por tragar agua contaminada del río Santiago, resulta que no existe la averiguación previa que se presumía que abrió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) para esclarecer el caso.

 

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Jalisco concedió el amparo que interpuso la familia del menor de edad, solicitando la protección y amparo de la justicia federal luego de la “falta de actuaciones” de la PGJEJ. El juez ordenó al agente del Ministerio Público adscrito a El Salto que inicie dicha averiguación, según lo dio a conocer el representante legal en este caso, Juan Manuel Estrada Juárez.

 

“La justicia de la Unión nos concedió el amparo 345/08”, informó el representante legal, luego de señalar que, tras la muerte del menor de edad, acontecida el 13 de febrero pasado, “apenas hoy dará comienzo la averiguación previa correspondiente. Esto es una vergüenza… No es posible que una madre no conozca las circunstancias en que murió su hijo. No es posible que la justicia sea para unos cuantos nada más”.

 

La aludida estaba presente en el momento de este anuncio. María del Carmen Rocha Mendoza, madre de Miguel Ángel, suplicó justicia y aseguró que, “a pesar de todo lo que me duele, estoy aquí para seguir luchando, para que se haga justicia… porque mi hijo fue un mártir y no es justo que hagan lo de siempre, como que no pasó nada”. Con voz entrecortada, ajena al lenguaje legal, agregó: “Fue mi hijo, no un animalito” y “murió por el río… y no voy a callarme porque sería ser cómplice”.

 

Estrada Juárez comentó que, ahora sí, la PGJEJ está obligada a abrir y dar curso a la indagatoria. Además, deberá contemplar un interrogatorio a todos los médicos que participaron en la autopsia del pequeño, y también deberán tomarse en cuenta los resultados de análisis que se le practicaron antes de morir, contando con el testimonio del laboratorio de Houston, Texas: único que reportó la presencia de arsénico en el niño.

 

Respecto de las actuaciones de la PGJEJ, el representante legal indicó que “el agente del Ministerio Público se basaba exclusivamente en actas circunstanciadas” y, pese a que nunca se inició la averiguación previa correspondiente, varias personas fueron interrogadas (incluida la vecina que atestiguó cuando el niño cayó al río y quien resultó amenazada para que cambiara la versión de los hechos) por personal de la Procuraduría cuando no se tenía motivo para hacerlo.

 

Incluso, hace dos meses, al que fue el hogar de Miguel Ángel se introdujeron algunos desconocidos argumentando que iban “a tomarnos la declaración”, confirmó la señora Rocha. El esposo de María del Carmen, Raúl Luna Mendoza, consultó con su abogado por teléfono y se negaron a “declarar” ahí, ante la certeza de la ilegalidad. El matrimonio, sin embargo, manifestó ayer su disposición de presentarse ante la autoridad ministerial cuando sean requeridos lícitamente.

 

“La PGJEJ y el gobierno del estado de Jalisco trataron de poner una cortina de humo. Este amparo nos llevó tres meses conseguir la sentencia definitiva y, con esto, estamos demostrando que en Jalisco la justicia es para unos cuantos”.

 

Estrada Juárez lamentó además que a la audiencia de conciliación convocada por la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco (Camejal) sobre este mismo caso, a celebrarse la próxima semana, se hayan rehusado a acudir los médicos y el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. “Me da mucha lástima por estas personas que se negaron a participar y ahora tendrán que hacerlo ante un Ministerio Público”. Por otro lado, Luna Mendoza denunció que el agente del Ministerio Público de El Salto amedrenta a los denunciantes del fraccionamiento La Azucena, y a él en lo particular le dio un trato prepotente y déspota, negándose a que ratificara la denuncia en contra de la constructora inmobiliaria SARE-HIR por las inundaciones que afectaron dicha comunidad

 

Claves: Los días finales de Miguel Ángel

• El viernes 25 de enero Miguel Ángel López Rocha cayó a las aguas turbias del río Santiago. Una vecina lo atestiguó

• El sábado 26 de enero, a las tres de la tarde, Miguel Ángel llegó delirante al Hospital de Zoquipan, en una ambulancia. Se le practicaron estudios para determinar niveles de metales pesados y se le suministraron quelantes para disminuirlos

• La doctora Luz María Cueto detectó altos niveles de arsénico

• El niño murió el 13 de febrero de 2008. La autopsia practicada por médicos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses concluyó que los niveles de metales pesados eran normales y que el niño murió por una severa infección causada por bacterias que suelen contener las heces fecales (que también inundan el río)

• El gobierno estatal prometió una indagatoria. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco no abrió ninguna de manera oficial

Acusan a Policía de Cuautitlán de invadir predio

Publicado: septiembre 1, 2008 de cronicadesociales en Despojos, Indígenas, Pueblos
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Público

Foto: Público

La minera busca desde el año pasado explotar el terreno, en una zona de conservación de flora y fauna, anexa a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán

 

 

 

 

Ignacio Pérez Vega / Público, 25 agosto 2008

Alrededor de 20 policías municipales de Cuautitlán, encabezados por el director de Seguridad Pública, Miguel Delgado Díaz, rompieron la cerca de alambre y se introdujeron hace un par de semanas al predio del comunero de Ayotitlán Lino Roblada Flores. El propósito, de acuerdo con el afectado, fue abrir paso a la explotación minera del lugar, donde hay yacimientos ricos en fierro, por parte de la empresa Gan-Bo, representada por el empresario de origen chino Liantuan Wu.

 

Lino Roblada Flores y Gaudencio Mancilla Roblada, ambos integrantes del Consejo de Mayores de Ayotitlán, comunidad indígena asentada al sur del estado, visitaron la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para denunciar la actitud arbitraria de la Policía Municipal de Cuautitlán, con la anuencia del alcalde Gerardo Palacios Campos (PAN).

 

La empresa Comercializadora Minera Internacional, asociada con Gan-Bo, de capital chino, cuenta con una concesión del gobierno federal para explotar un predio de 25 hectáreas, conocido como Los Juanes. Sin embargo, el posesionario Lino Roblada y su familia, así como el Comisariado de Ayotitlán, no han dado su anuencia para explotar la mina. “El día que se metieron fue el lunes [11 de agosto] y al día siguiente fui con mi hijo [Cirilo Roblada] a buscar al Ministerio Público de Cuautitlán, para ampliar la demanda [por despojo]. En mi declaración dije: ‘Se me están metiendo los chinos de vuelta en mi parcela’. Yo vi las patrullas y una camioneta roja del director de Seguridad Pública”, se quejó el afectado.

 

La minera busca desde el año pasado explotar el terreno, en una zona de conservación de flora y fauna, anexa a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. “Primero buscaron oro y lo encontraron, pero en bajas cantidades. Por eso ahora quieren extraer hierro”, explicó César Díaz Galván, jefe de la UACI.

 

Estudios preliminares del Centro de Estudios de la Tierra de la UdeG revelan que las piedras de la zona tienen 75 por ciento de hierro, lo que hace a los predios codiciados por cuatro empresas. Una de ellas, Peña Colorada, ya explota el lugar.

 

La UACI otorga asesoría legal a los comuneros de Ayotitlán que defienden su tierra y que pelean en un juicio por que se les dote de quince mil hectáreas. El caso tiene alrededor de 50 años en litigio.

 

Díaz Galván explicó que los empresarios mineros de capital chino no cuentan con estudios de impacto ambiental, pese a que, al hacer las exploraciones y explotaciones de los predios, sacan balastra (tierra y piedras) y anegan arroyos y ríos.

 

En los trabajos de exploración y explotación se han extraído más de mil toneladas de material de fierro y el material de desperdicio ha ido a parar al arroyo Las Palmas y al río Las Marías, donde además está en construcción un puente, obras que taparon el cauce del río, indicó el funcionario universitario.

 

Lino y Gaudencio tienen temor de que regresen a intimidarlos los policías de Cuautitlán, ya que el director amenazó a Roblada: “Me dijo: ‘Si me vuelves a cerrar la puerta, te la vuelvo a romper cuantas veces quiera’”. Lino Roblada cuenta con una suspensión definitiva otorgada por el juez primero de distrito en materia administrativa, el 12 febrero de 2008, fallo por el cual nadie puede explotar la mina asentada en su parcela.